Una visión Boliviana: ¿Qué se puede esperar de la demanda ante La Haya?

El reconocido cientista político boliviano Jorge Lazarte da a conocer una serie de antecedentes que confirman la inconsistencia de la demanda del país altiplánico contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Denuncia censura y señala que lo recomendable para su país sería explorar otras vías diplomáticas más directas y efectivas.


Jorge Lazarte R.

Hace  poco más de un año ya expresamos nuestras dudas sobre la consistencia de la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Hoy buscamos precisarlas por escrito y de manera más ordenada, una vez que otro medio haya decidido hace poco no difundir una entrevista. Debe estar claro que como boliviano compartimos profundamente la necesidad de reparar una injusticia histórica, que le ha privado al país de su acceso soberano al mar con el que nació la República. Para Bolivia el mar es mucho más que territorio y compromete su propio ser. El problema desde hace más de un siglo es cómo lograrlo.

El 23 de marzo del pasado año, el Presidente Evo Morales anunció que se recurriría a la CIJ de la Haya en procura de esa reparación. El 24 de abril fue oficializada la demanda contra Chile ante el Tribunal. Aquí nos referiremos exclusivamente, y en términos jurídicos a esa demanda, y lo haremos formulando nuestras dudas sobre su consistencia.

1.- El argumento de base de la demanda es lo que se conoce como “actos unilaterales de los Estados” capaces de crear “obligaciones jurídicas”. Sin lugar a dudas esta fundamentación es nueva en toda la historia diplomática del país, y en cierto sentido, también lo es en el derecho internacional. Estos “actos unilaterales de los Estados” han sido examinados en la Comisión de Derecho Internacional que por encargo de la Asamblea General de la ONU creó un Grupo de Trabajo específico.

 El argumento de base de la demanda es nueva en toda la historia diplomática del país, y en cierto sentido, también lo es en el derecho internacional. Los “actos unilaterales de los Estados” han sido examinados en la Comisión de Derecho Internacional que por encargo de la Asamblea General de la ONU creó un Grupo de Trabajo específico.

Los nueve informes producidos desde el año 1997 hasta el 2006 culminaron en la aprobación,  en forma de “conclusiones”, de diez “principios rectores” que deberían guiar el tratamiento de estos actos. En estas conclusiones la Comisión reconoce que el concepto de acto unilateral no es “unívoco”. En la misma línea de razonamiento y recapitulando el debate en el Grupo de Trabajo presidido por Alain Pellet – una de los mayores autoridades  mundiales sobre el tema –, el relator especial  puso de relieve la “enorme” dificultad de identificar los actos unilaterales  como “fuentes de derecho internacional”.

2.-Aún, en el supuesto de que los “actos unilaterales” sean considerados fuente del derecho, la segunda cuestión es su aplicabilidad en el caso de Bolivia con Chile. En primer lugar, la Comisión de Derecho Internacional ha puntualizado que los “actos unilaterales” deben ser entendidos “stricto sensu”, es decir, deben haber sido formulados con la “intención” de producir “obligaciones en virtud del derecho internacional”;  y ha  recordado que la definición de tales actos se inspira “muy directamente” en la sentencia de la CIJ de 1974, a propósito de la denuncia de Australia contra Francia por los “ensayos nucleares” llevados a cabo por el país europeo en el Océano Pacífico.

Igualmente, ha señalado que para determinar los efectos jurídicos deben tenerse en cuenta todas las “circunstancias” en que se produjeron los hechos; que la interpretación de tales  actos debe ser “restrictiva” y que toda declaración unilateral puede ser “nula” si se encuentra en contradicción con el derecho internacional.

Por último, esos actos pueden ser “revocados” en determinadas “circunstancias”. Ciertamente todos los recaudos limitan los alcances de los “actos unilaterales”. De todos modos, el Estatuto de la CIJ considera que las decisiones judiciales (jurisprudenciales) sólo tienen valor “auxiliar” para determinar las reglas del derecho.

3.- Sin embargo, el problema central de la demanda radica en los términos en que ha sido formulada, lo que es bastante distinto a lo que ha dado entender la autoridad a la población por los medios de comunicación. Según el reglamento de la CIJ, una solicitud debe señalar la naturaleza “precisa” de lo demandado y los “fundamentos de derecho” que la sostienen. En la demanda boliviana, se pide que la CIJ  “declare” que Chile tiene la “obligación” de “negociar” con Bolivia con el fin de llegar a “un acuerdo”, que le otorgue  a Bolivia un acceso plenamente “soberano” al Océano Pacífico.

El problema central de la demanda radica en los términos en que ha sido formulada, lo que es bastante distinto a lo que ha dado entender la autoridad a la población por los medios de comunicación. 

Está claro que en derecho lo que cuenta no es simplemente la demanda, sino sobre todo los términos  de la demanda, a los cuales debe ajustarse un fallo judicial para no incurrir en alguno de los defectos que cuestionen o invaliden el fallo mismo. Como se sabe, se puede perder un proceso por una demanda no bien formulada. La demanda de Bolivia no se limita a pedir que la CIJ declare que Bolivia y Chile deben negociar sobre la cuestión marítima pendiente. Lo que se demanda  es que la CIJ determine que Chile tiene la “obligación” de otorgarle a Bolivia un acceso “soberano” al mar, lo que es cualitativamente distinto.

La Corte Internacional de Justica es un Tribunal y falla conforme al “derecho internacional”. Este derecho debería contener una “regla” que  habilite jurídicamente a la CIJ  para hacerlo, o dicho de otro modo, la cuestión decisiva es el límite de la jurisdicción y competencia de la CIJ.

La cuestión decisiva es el límite de la jurisdicción y competencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

4.- Por último, y no de menor importancia, un fallo en los términos de la demanda, ¿no implica de una u otra manera una revisión del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia, que establece las nuevas fronteras entre ambos países? Al respecto, las autoridades bolivianas han declarado reiteradamente que el Tratado no está en cuestión, y no debería estarlo, puesto que el gobierno actual ha levantado la “reserva” al Pacto de Bogotá (1948), por la cual  el país no se ataba jurídicamente las manos ante esa posibilidad. La salida soberana reclamada por Bolivia sólo puede proceder si se modifican las fronteras definidas por ese Tratado, que está amparado en el “derecho internacional”. La CIJ es un órgano judicial de Naciones Unidas que sólo puede decidir conforme a “derecho” y no según criterios políticos corrientes.

La otra posibilidad de decisión llamada ex aequo et bono (por equidad y en conciencia), que sería  la más próxima a  Bolivia, pero necesita de la aprobación de la otra parte.

5.- Entonces, si lo que exponemos como reflexiones tiene alguna pertinencia, lo recomendable sería entonces, explorar otras vías diplomáticas directas y más efectivas, tomando como referencia los antecedentes existentes y facilitar este camino.

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Sobre el Autor

Jorge Lazarte

Jorge Lazarte

Doctor en Ciencia Política de la Sorbonne Nouvelle. Fue profesor y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés (Bolivia) y profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Ex vicepresidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia.