Nuestro objetivo es apuntar hacia un tipo de desarrollo fundado en la constante ampliación de los márgenes de democracia política e igualdad distributiva de los beneficios del crecimiento. Todo ello en la perspectiva de superar el modelo sustentado en la primacía exclusiva del mercado, que genera, como ya lo sabemos, grandes males.

Qué queremos

El propósito fundamental y básico de la revista Política y Economía es abrir en Chile un espacio en el que confluyan, de manera plural y sistemática, las nuevas reflexiones y conversaciones que, desde el campo de la política, la sociología, la economía, la antropología y demás ciencias sociales, apuntan a delinear las oportunidades y modalidades que debiese tener un tipo de desarrollo fundado en la constante ampliación de la democracia política, la igualdad distributiva de los beneficios del crecimiento, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana y el pluralismo. Este esquema de desarrollo debe superar el modelo  sustentado en la primacía exclusiva del mercado y la lógica financiera que ha predominado en las últimas décadas, que genera concentración de la riqueza, graves asimetrías sociales y depredación del medio ambiente.

La revista busca promover el debate y la divulgación de ideas que promuevan la relevancia de los derechos ciudadanos, la transparencia y la democracia política como principios que deben inspirar las instituciones y políticas públicas que tiendan a favorecer un desarrollo sostenible con inclusión social. A ello han contribuido nuevas perspectivas tanto de la economía como de otras ciencias sociales, así como la crítica que proviene del pensamiento político y filosófico sobre los temas de la modernidad y la posmodernidad.

Especialmente relevante resulta incentivar el debate entre nuevas perspectivas teóricas y políticas que se proponen como objetivo dar origen al diseño de estrategias cuyo fin es superar las herencias más perniciosas que ha dejado el neoliberalismo: la desigualdad en el ingreso y la riqueza, el desacople entre la economía real y las finanzas privadas, la precarización de las condiciones de trabajo y el empleo, la depredación creciente de los ecosistemas por la acción de mercados desregulados, la reproducción de la heterogeneidad productiva, el escaso desarrollo de la economía del conocimiento, el aumento exponencial del poder de los grandes grupos económicos a la par del debilitamiento de las organizaciones sociales, así como la fragilidad de las instituciones democráticas que se expresa en una crisis de representatividad de los partidos y el sistema político en su conjunto.

El contexto en el que surgimos

Tras un largo período de predominio de una ortodoxia convertida prácticamente en “pensamiento único” ―conocida como neoliberalismo o revolución neoconservadora― que ha girado en torno al proyecto de una sociedad mercadocéntrica y desregulada, se abre hoy la oportunidad de una nueva era, que rescate en el centro del ideario la noción de democracia social e inclusiva.

Después de casi poco más de tres décadas de ejercicio práctico de desregulación en los países capitalistas desarrollados y habida cuenta de las consecuencias de la última crisis financiera de 2008-2009, se marca el inicio de un ciclo de cuestionamiento al neoliberalismo. Sin embargo, todavía no ha emergido una alternativa estructurada y consistente al “pensamiento único” y ello evidencia debilidades en el campo de la teoría y de la práctica, ya sea en lo económico como en lo político y lo social.

Esto es igualmente relevante para nuestro país.

El llamado “modelo” no genera adhesión de la sociedad civil. Han quedado al desnudo los abusos en los mercados altamente concentrados, la precarización del mundo laboral y las debilidades estructurales del sistema de pensiones. A lo anterior se suma la insatisfacción generalizada con la educación que, si bien tuvo una ampliación importante de cobertura, no cumple con los estándares de calidad que el país requiere, está marcada por graves problemas de desigualdad social y segregación en el acceso, al tiempo que confronta una deficiente regulación que ha permitido la captura y corrupción de entidades fiscalizadoras. Del mismo modo, si bien se amplió significativamente la cobertura en salud, la provisión pública de servicios pierde terreno frente a la provisión privada, lo que amplía la esfera de influencia del mercado, generando dinámicas de segregación social en el acceso a la salud y de aumento de los costos de estos servicios.

Las movilizaciones sociales, el descontento generalizado con la gestión del gobierno de Sebastián Piñera, la sensibilidad y capacidad de escuchar las nuevas demandas sociales que tuvo Michelle Bachelet y la división de la derecha, permitieron a la centro-izquierda un sólido triunfo en la elección presidencial del 2013, así como la conquista de mayorías simultáneas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Como se sabe, este triunfo electoral no fue con un programa conservador ni moderado, sino con un programa de transformaciones profundas que aspira a abrir un nuevo ciclo político. En efecto, la Presidenta ha sido clara en proponer tres profundas reformas estructurales: la Nueva Constitución, la Reforma Educacional y la Reforma Tributaria.

A nadie escapa la complejidad del programa de la Nueva Mayoría, cuya materialización se extenderá más allá del período de la Presidenta Bachelet. El desafío es inmenso porque hay fuerzas conservadoras que se oponen a las reformas, otras que pretenden reencauzarlas en una dirección que no afecte los fundamentos del modelo y también existen corrientes que pretenden radicalizarlas en sus contenidos y plazos. Además, fuera de las tres prioridades del programa, existen otros espacios cruciales de la política pública del próximo gobierno: las reformas laborales, la reforma a la salud, la reforma previsional, la protección del consumidor, el impulso a una política industrial de desarrollo productivo así como una agenda más amplia en el despliegue de las relaciones económicas internacionales.

En este nuevo contexto, la batalla de las ideas tendrá alta relevancia. Ese es el espacio en el cual puede consolidarse un bloque progresista reformador que proponga una orientación centrada en el desarrollo con más igualdad, con un rol central de las políticas públicas y de las regulaciones necesarias para el correcto funcionamiento de los mercados, especialmente en la producción de bienes públicos así como en la promoción de un sistema regulado orientado al desarrollo productivo,  en particular de las Pymes. Todo ello en la perspectiva de contribuir a la  proyección política de  la obra transformadora del gobierno que comenzó el 11 de marzo de 2014.

Por ello, la apertura de un espacio de debate aparece como más necesario que nunca. La revista Política y Economía aspira a proponer una discusión plural en torno a cómo abordar y consolidar teórica y prácticamente ―en el sentido de las políticas públicas― una salida progresista a la crisis de hegemonía neoliberal y neoconservadora instalada en la sociedad chilena. Frente a ello, pretendemos difundir  los argumentos progresistas en cada uno de los temas relevantes del debate sobre política económica y social en Chile. Los análisis de distintos colaboradores que albergará esta publicación permitirán  nutrir y dar una mayor densidad al diálogo  entre los partidos y corrientes que forman parte de la Nueva Mayoría, las fuerzas políticas de centro e izquierda y los movimientos sociales.

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Comité Editorial

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P&E busca profundizar el debate y la divulgación de ideas que promuevan los derechos ciudadanos, la transparencia y la democracia política como principios que inspiren las instituciones y políticas públicas.