Resurge la trampa del crecimiento en la economía chilena

Suponiendo que fuera cierto que la caída del crecimiento de la economía chilena se explica por las reformas aprobadas durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, surge la duda sobre la capacidad del segundo gobierno de Piñera para revertirlas y con ello, retomar un ritmo de expansión más alto. Mientras tanto, los empresarios estarían con sus capitales guardados, a la espera del momento propicio, el que más acomode a sus intereses para actuar. Solo en ese momento sacarían sus platas y sus mejores proyectos, para volver a invertir. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja que aquella explicación simplista.


 

Por Niccolo Moro

Mayo fue un mes para olvidar en el plano económico para Chile, sobre todo para el gobierno de Sebastián Piñera. En mayo pasado se supo que la economía chilena entró en un terreno pantanoso, con un registro de crecimiento de solo 1,6% en el primer semestre de 2019, muy lejos de la proyección de alcanzar un cierre de año con 3,5%, como lo tenía previsto el gobierno hasta hace apenas un mes. Después redujo la estimación a 3,3% y a fin de mayo el ministro de Hacienda, Felipe Larraín dijo que de todas maneras la economía chilena crecerá 3% en 2019.

Mientras tanto, las proyecciones de los analistas privados apuntan a un crecimiento de 2,7%, como es el caso de los técnicos del Banco Bice, de propiedad del grupo Matte, uno de los más conservadores entre los grandes conglomerados empresariales del país.

Otra mala noticia conocida en mayo, que se suma al del frenazo del crecimiento es que la desocupación a nivel nacional se mantiene en 6,9%, según la cifra correspondiente al trimestre móvil de medición, febrero-abril. Lo peor de esto es que nuevamente se registró un aumento del desempleo femenino, que saltó de 7,7% al 8,0%, mientras que el de los hombres se mantuvo en 6,0%.

Por otra parte, se supo que las ventas del comercio minorista cayeron 6,5% en abril, anotando diez meses consecutivas de baja, lo que a su vez da cuenta de la contracción de la demanda. A su vez, el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), el principal indicador del mercado bursátil chileno cayó 4% en mayo, arrastrando con ello una baja de 2,51% en lo que va corrido de 2019. En parte, la baja bursátil se explica por las proyecciones pesimistas de los apostadores de este mercado respecto de las ganancias de las empresas para los próximos meses. Esta es una pésima noticia para los millones de trabajadores que tienen sus ahorros previsionales en las AFP, porque éstas son los mayores apostadores del mercado bursátil chileno.

A fines de mayo, cuando se conocieron los resultados del primer trimestre, éstos vieron que sus proyecciones agoreras están alineadas con la realidad: las utilidades de las grandes compañías disminuyeron en 1,2%, debido a la menor actividad económica y a la baja del consumo. El mayor retroceso en las utilidades correspondió al de las empresas listadas en el IPSA, con -8,8% en los tres primeros meses del año.

La peor noticia registrada en mayo fue la baja del precio del cobre, cerrando en US$ 2,62 por libra, el menor valor desde el 10 de julio de 2017.

Sin embargo, la peor de las noticias registradas en mayo fue la baja del precio del cobre, en 10,27%, cerrando el 30 de mayo en US$ 2,62 por libra, el menor valor desde el 10 de julio de 2017, según reportó la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Esta baja es consecuencia directa de la guerra comercial desatada por el Presidente Donald Trump contra China, que escaló a un nivel peligroso en mayo pasado, cuando arremetió directamente contra la firma Huawei.

Tanto la baja en el precio del cobre como los efectos de la guerra comercial de Estados Unidos y China, constituyen los principales obstáculos externos para la economía chilena, debido que afectan a las exportaciones y, por lo tanto, en los flujos de divisas hacia el país.

En una entrevista publicada por “El Mercurio” (1) el ministro de Hacienda, Felipe Larraín no ocultó su pesimismo. Dijo en parte:

-Desde que nosotros dimos a conocer la proyección de 3,5%, las circunstancias externas han cambiado para peor. Hoy tenemos una confrontación comercial, que, en vez de solucionarse, se ha recrudecido. Hoy incluso hay amenazas de poner aranceles de importación en la industria automotriz por parte de Estados Unidos a Europa y Japón. Desde que hicimos la proyección en vez del 10% de aumento de tarifas (aranceles aduaneros) que se había aplicado, ahora hay amenazas de subirlas a 25% a más de US$ 200.000 millones de exportaciones de China a Estados Unidos.

Luego reconoció que hay un menor crecimiento de las exportaciones, sobre todo en las industriales y agrícolas. “Esto, sin duda, está afectando por el escenario de menor crecimiento de la economía mundial y del menor crecimiento del comercio”, manifestó Larraín.

Alza del dólar

No obstante, un factor que juega a favor de los exportadores -que enfrentan una menor demanda en los mercados externos-, es el alza del precio del dólar. En mayo éste subió en $33 en el mercado interno, trepando el tipo de cambio a $710 por dólar, el alza más pronunciada en los últimos tres años. De este modo, el peso chileno fue la moneda que más se depreció durante mayo en el contexto de las llamadas economías emergentes, con una baja de 4,74%. Esto no es ninguna casualidad, porque Chile es uno de los países más vulnerables a la guerra comercial de EE.UU. y China, porque este último país (mercado) es el principal socio comercial del país y su mayor comprador de cobre y otras materias primas, frutas y bienes agropecuarios.

En este contexto, el único punto a favor es la baja en el precio del petróleo, también en mayo pasado, de 16%, en el caso del crudo WTI. El petróleo es el principal producto de importación de Chile y esta caída podría llevar a una disminución en los precios internos de los combustibles en el corto plazo. Esto, dado que las variaciones que ocurren con la cotización del crudo que se compra en el exterior, tiene un efecto retardado en los precios a que luego se venden los productos refinados.

En el trasfondo del debate sobre las causas del deterioro del crecimiento de la economía chilena siguen penando las reformas tributaria y laboral, implementadas en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esto, aunque con menos intensidad, dado que la realidad se ha encargado de contradecir este argumento sostenido por la derecha.

Desde antes que Piñera asumiera su segundo gobierno, en marzo de 2018, la derecha acusó al gobierno de Bachelet de poner obstáculos al crecimiento con esas reformas. Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Piñera no ha sido capaz de contrarrestarlas con otras reformas, supuestamente pro crecimiento.

En 2008 la economía chilena creció 4% (primer año del segundo gobierno de Piñera), cifra bastante por encima del promedio alcanzado en los cuatro años del segundo gobierno de Bachelet. Pero lo cierto es que este crecimiento se hizo con y en medio de las reformas que la derecha y los grandes empresarios identifican como las principales responsables del deterioro del crecimiento.

El crecimiento de 2018 pudo haberse debido, en parte por la recuperación de las expectativas de los propios empresarios, quienes -sin duda- sienten estimulados e identificados con el gobierno de Sebastián Piñera. Pero lo cierto es que ese 4% de expansión se debió principalmente a la dinámica que comenzó a gestarse en el último tramo del gobierno de Bachelet, alentando en gran medida por la recuperación del precio del cobre y en general por el aumento de las exportaciones.

Lo que se ha visto en 2019 es el inicio de un ciclo de deterioro del precio del cobre y las exportaciones, como bien lo ha reconocido el ministro Felipe Larraín. Por lo tanto, la pregunta de rigor es si las reformas de Bachelet constituyen los principales obstáculos para el crecimiento. Los hechos recientes y la historia económica del país indica que la curva del crecimiento va acompañada por la curva del precio del cobre.

La industria minera en general y del cobre en particular ha generado una verdadera trampa (entiéndase atadura) para el crecimiento chileno, al igual como ocurre con la mayoría de las economías emergentes que han basado su desarrollo en la explotación de los recursos naturales.

Los hechos recientes indican que la guerra comercial entre EE.UU. y China ha empujado a la baja el crecimiento mundial y golpea con especial rigor a los países, como Chile, cuyo comercio exterior se concentra en esas dos potencias económicas.

Por lo tanto, si Chile sigue atrapado y es altamente dependiente del cobre, como su principal fuente de ingresos por exportaciones, aquellos argumentos que identifican como responsables de la baja del crecimiento a las reformas de Bachelet, son meros pretextos para oponerse al avance del país hacia un mejor estándar de vida para los trabajadores, las clases medias y las pequeñas y medianas empresas. A estos sectores apuntaron precisamente las reformas tributaria y laboral.

En el caso particular de la reforma tributaria, apuntó directamente a las clases medias y emergentes, con el fin garantizarles financiamiento para la gratuidad de la educación superior y para el mejoramiento de la calidad en la enseñanza preescolar, básica y media. Si esto no es contribución al desarrollo, resulta inexplicable entender por qué ahora el gobierno de Sebastián Piñera propone una contrarreforma, poniendo en jaque el financiamiento de la educación, como motor principal del desarrollo económico, por encima de la explotación de los recursos naturales.

El trasfondo de la contrarreforma tributaria de Piñera, que ha sido aplaudida por los grandes empresarios, pretende revertir la reforma de Bachelet aprobada en 2014. Esta los obliga a tributar parte de los ingresos que antes descontaban como crédito tributario, cuando sus empresas declaraban el impuesto de primera categoría. Esto es lo que se conoce como mecanismo de tributación semi integrado, porque separa los ingresos a declarar por las empresas, de aquellos que deben declarar las personas.

Concretamente, el corazón de la propuesta tributaria del Presidente Piñera pretende restituir el mecanismo de integración total, donde se confunden lo ingresos que declaran las empresas y los que debieran declarar sus dueños o accionistas, como personas naturales. O sea, es un asunto meramente rentista, completamente alejado del propósito de generar más ingresos fiscales para financiar políticas sociales, concebidas éstas como vehículo para avanzar en el abatimiento de la trampa del desarrollo que afecta por décadas a este país.

(1)   El Mercurio, edición del 3 de junio, página B 4. Disponible en: https://digital.elmercurio.com/2019/06/03/B/OP3JUK1I#zoom=page-width
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Sobre el Autor

Editor Política & Economía