Recién promulgada, la reforma laboral de Bachelet da pie para una nueva reforma

Después de un año y medio de debate y tramitación legislativa, el 29 de agosto pasado la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la ley que reforma -en parte- el sistema de relaciones laborales en Chile. Esta reforma, que pretendía ser uno de los ejes fundamentales del programa de gobierno de Bachelet, no dejó conformes al gobierno, a los empresarios ni a los trabajadores. El resultado fue una reforma “edulcorada”, para dar la sensación de todo puede cambiarse, y que nada cambie en lo fundamental del sistema.


“Aspirábamos a más porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos y porque un camino para hacerlo es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales”, declaró la Presidenta Bachelet, durante la ceremonia de promulgación de la ley.
Al día siguiente, en una reunión con empresarios del comercio, el ministro del Interior, Mario Fernández, deslizó la idea de que más temprano que tarde será necesaria una nueva ley (1), esta vez de corta tramitación, destinada a enfrentar la creciente judicialización que se prevé con la ley promulgada a fines de agosto. Potencialmente, los nuevos frentes judiciales se pueden abrir con las nuevas normas sobre negociación colectiva y con los alcances que pueda tener la obligación a los empleadores de entregar información relevante sobre la situación financiera de las empresas.
Así y todo, esta reforma permite consolidar el derecho a huelga, eliminando el subterfugio de los llamados “rompehuelgas”; amplía el ámbito de materias y actores para negociar colectivamente; consagra un “piso” de beneficios en el proceso de negociación colectiva; y da acceso a información relevante sobre la marcha financiera de la empresa. De este modo, los trabajadores cuentan con nuevas herramientas para enfrentar a los patrones, respecto de lo que existía hasta ahora.

Uno de los puntos que no dejó satisfecho al gobierno fue el rechazo de las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios de la negociación colectiva.

Uno de los puntos que no dejó satisfecho al gobierno fue el rechazo de las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios de la negociación colectiva a los nuevos miembros de los sindicatos, por parte del Tribunal Constitucional. Esto como resultado de un recurso presentado por parlamentarios de derecha.
“Como se sabe, el Tribunal decidió que las normas aprobadas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios por afiliación eran inconstitucionales”, recordó Bachelet. Explicó que el gobierno acató el fallo, como corresponde en un Estado de derecho. Sin embargo, esto motivó a que el Ejecutivo enviara al Congreso un veto respecto de las normas relativas a pactos de adaptabilidad en materia de jornadas, de horas extraordinarias y de jornadas pasivas, así como la introducción de un nuevo quórum para negociar, recordó la Presidenta.

A continuación se resumen los principales cambios a la legislación laboral.

Huelga efectiva

Se reconoce la huelga efectiva, prohibiéndose el reemplazo de trabajadores en huelga como un derecho de ejercicio colectivo.

Ampliación de cobertura de la negociación colectiva

Podrán negociar colectivamente los trabajadores que se desempeñen en una obra o faena transitoria, y, en una empresa, a aquellos trabajadores sujetos a contrato de aprendizaje.
La negociación colectiva podrá incluir todas las materias de interés común de las partes. Es decir, acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares; el ejercicio de la co-responsabilidad parental; planes de igualdad de oportunidades y equidad de género en la empresa; acuerdos para capacitación y reconversión productiva de los trabajadores; mecanismos de solución de controversias; mantenimiento de servicios de bienestar; entre otros.

Piso de la negociación

En caso de existir un instrumento colectivo vigente, el piso serán estipulaciones a las ya establecidas. En el caso de no existir este instrumento, la respuesta del empleador constituirá el piso de la negociación, el cual no podrá tener beneficios inferiores a los que regularmente se les haya otorgado a los trabajadores del sindicato.

Pactos sobre condiciones especiales de trabajo

La modificación de la ley otorga autonomía a las empresas y organizaciones sindicales que acuerden pactos sobre condiciones especiales de trabajo, como la distribución de la jornada de trabajo semanal y el caso de trabajadores con responsabilidades familiares.

Información relevante de la empresa

Las grandes empresas deberán entregarle anualmente a sus sindicatos el balance general, el estado de resultados y los estados financieros auditados. Asimismo, los empleadores deberán entregar información sobre las remuneraciones de trabajadores en cargos ejecutivos y estarán obligados a darles a los sindicatos (con derecho a negociar) los costos globales de mano de obra de la empresa de los últimos dos años y la planilla de remuneraciones pagadas a los trabajadores afiliados, con el detalle de fecha de ingreso a la empresa y cargo desempeñado.

Inclusión de mujeres en directorios sindicales

El cuerpo directivo del sindicato deberá estar integrado por un número de directoras no inferior a 30% del total del directorio. Además, se crea la figura del Consejo Superior Laboral, que asegura que al menos un tercio de sus integrantes sean mujeres.

Sindicatos inter empresa

La reforma consagra los sindicatos inter empresa, que se constituirán a lo menos con 25 trabajadores y no exige quórum mínimo para negociar al interior a las empresas que abarcan estas organizaciones. Sin embargo, la ley deja al empleador la opción final para negociar colectivamente, es decir, el derecho a veto de esto. Además, en las las micro y pequeñas empresas será voluntario negociar con el sindicato inter empresa.

(1) Diario Financiero, 31 de agosto de 2016.

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Editor Política & Economía