Primer año de la reforma educacional de Bachelet: la dura tarea de revertir el sesgo pro mercado

Ley 21.040, conocida como de desmunicipalización de la educación, cumplió su primer año desde que fue promulgada por la ex Presidenta Michelle Bachelet, en noviembre de 2017. Por este motivo, en noviembre de 2018 se organizó un seminario en que se hizo un balance del proceso que culminará en 2025. También se presentó un libro que repasa los hitos de esta reforma. La publicación destaca la magnitud y trascendencia de la reforma, la cual, pese su complejidad y controversia, ha sido una de las más grandes innovaciones institucionales de las últimas décadas en Chile.


Dada su gran complejidad, que abarca diversos ámbitos y demanda una gran cantidad de recursos, humanos y materiales, se estima que el proceso de transición para instalar la nueva educación pública en Chile culmine en 2025. Por eso, el experto Cristián Bellei, calificó esta iniciativa como “la más grande reforma institucional en educación desde el retorno a la democracia”.

Bellei es investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile y durante el seminario le correspondió presentar el libro “Nueva Educación Pública. Contexto, contenidos y perspectivas de la desmunicipalización”.

El seminario organizado por CIAE se tituló “A un año de la nueva educación pública: balance y perspectivas” y se realizó el 27 de noviembre, en la sede del Congreso Nacional, en Santiago. En la jornada participaron el presidente del Senado, Carlos Montes; la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández; la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Cristina Girardi; y el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña. Este último también presentó su balance de esta entidad, al cabo del primer año de ocupar fundacionalmente el mencionado cargo.

En el diagnóstico que antecedió a esta reforma se estableció una prevalencia del enfoque utilitarista del neoliberalismo económico. Con este prisma, en la década de 1980 la educación escolar chilena fue reestructurada para funcionar como un mercado, favoreciendo la provisión privada de educación e intentando que las instituciones públicas se condujeron como privadas.

Con esta lógica, el Estado subsidiario organizado con criterios de mercado, determinó que la educación pública operaría como un “plan b”, para educar a quienes los agentes privados no admitiesen, aplicando éstos mecanismos selectivos por nivel de ingreso o por rendimiento escolar. Así, la educación pública no tendría “ninguna prioridad, ningún adicional respecto de la oferta privada, porque esto implicaría una competencia desleal”, puntualizó Bellei en el seminario.

Es más, dijo que con el enfoque de mercado aplicado en dictadura, la educación pública tendía a su desaparición. Con el fin de revertir esta tendencia, en la reforma de 2017 se idearon cambios radicales que, a grandes rasgos, abarcan los siguientes ámbitos: educación pública, en todos sus niveles; reforma al Ministerio de Educación; implantación de la jornada escolar completa; gestión de establecimientos educacionales; cambios a la Dirección de Educación Pública y Ley General de Educación; Alta Dirección Pública; gestión educacional; Junta Nacional de Jardines Infantiles y, como ya se dijo, traspaso de establecimientos educacionales desde las municipalidades al Estado.

El libro, del cual Bellei es el coordinador, contiene trabajos de otros ocho expertos del CIAE y basándose en entrevistas a actores clave, análisis de documentos y datos relevantes, se analiza el avance de las reformas, así como el contexto histórico de políticas educacionales que antecedieron a este cambio. También provee un diagnóstico de la educación municipal y se hace cargo del debate que los cambios han suscitado entre actores políticos, sociales y educacionales.

Con un enfoque crítico, el experto de la Universidad de Chile dijo que la educación pública chilena estuvo por casi cuatro décadas anidada en una institucionalidad con severas falencias, que la debilitaron hasta niveles desconocidos desde los tiempos de la fundación de la República.
Al respecto, Cristián Bellei sostuvo que “la municipalización de la educación pública escolar durante la dictadura produjo un diseño institucional en que la educación pública chilena no tenía una autoridad nacional responsable; estaba atomizada en la administración de las municipalidades, a cargo de alcaldes que tenían muchas otras responsabilidades y prioridades”.

Precisamente, la llamada desmunicipalización es el aspecto de mayor trascendencia de la Ley 21.040, porque implica un punto de inflexión que echa marcha atrás de una de las reformas más polémicas realizadas bajo la dictadura de Pinochet, revindicando al mismo tiempo que “la educación pública tiene un valor social superior, que justifica una especial atención y deber de parte de la comunidad”. En esto se basa Bellei para sostener que “será una de las más grandes reformas institucionales jamás realizadas en el sector” educacional.

Las fuerzas del mercado

La creación de la Nueva Educación Pública forma parte de una reforma educacional mayor, uno de cuyos componentes es la Ley de Inclusión Escolar, que termina con el financiamiento estatal a escuelas privadas con fines de lucro, con los cobros a las familias en escuelas que reciben recursos públicos, y con algunas prácticas extendidas de discriminación en la admisión escolar.

Según Bellei, la Ley 21.040 contempla mecanismos para pasar de “un mercado pobremente regulado a un sistema mixto más parecido a las prácticas internacionales establecidas en la materia, que prioriza la educación pública y provee apoyo estatal más exigente y regulado a la educación privada”. Aún con estos cambios, dice que la educación chilena continuará siendo un “sistema escolar orientado por dinámicas de mercado” comparativamente fuertes.

La Ley 21.040 contempla mecanismos para pasar de un mercado pobremente regulado a un sistema mixto más parecido a las prácticas internacionales establecidas en la materia.

Agrega que el fortalecimiento de la educación pública tiene también otro significado importante: construir una pieza faltante en el sistema escolar chileno, el “nivel intermedio”, que conecta las políticas nacionales con la gestión educativa local.
Con la reforma en curso, la responsabilidad por proveer educación pública en los territorios queda radicada en los Servicios Locales de Educación, constituyéndose en un nuevo nivel intermedio del sistema educacional chileno. “En este caso no se trata de recuperar algo que el mercado destruyó, sino genuinamente de un desafío nuevo para el país: el Estado Docente fue marcadamente centralista y la municipalización no produjo un verdadero nivel intermedio para el sistema escolar.

La reforma que crea la Nueva Educación Pública modificó radicalmente esta visión, al reconocer explícitamente lo que ha sido un consenso histórico ampliamente extendido en Chile y el mundo: que la educación pública tiene un valor social superior, que justifica una especial atención y deber de parte de la comunidad.

Cristián Bellei dijo que la educación pública sólo tiene propósitos colectivos, que, aunque han sido históricamente cambiantes, se pueden resumir así:
● Bien común: crear proyectos educativos de interés colectivo, para el desarrollo nacional o local.
● Integración: garantizar el pluralismo, asegurando la existencia de una educación no particularista o excluyente, fortaleciendo un sustrato cultural común.
● Universalidad: garantizar el derecho universal a la educación obligatoria y gratuita (geográfica y socialmente).
● Calidad: establecer un estándar práctico de calidad para el conjunto del sistema.
● Equidad: promover la justicia educativa y la integración social de los estudiantes.
“Con el sistema público de educación el país se asegura que cuenta con una red de alcance nacional de instituciones obligadas a trabajar por el conjunto de esos principios, los cuales se convierten –para usar otro lenguaje– en “estándares superiores” con los que será evaluada”, puntualizó el experto del CIAE.

Al final del seminario se desarrolló un panel moderado por José Weinstein, en que participaron Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; Miguel Ángel Araneda, Presidente del Consejo Nacional de Organizaciones de Asistentes de la Educación; y los apoderados e integrantes del Comité Directivo del Servicio Local de Educación Pública Barrancas, Marisol Cisternas y Gabriel Parra.

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Editor Política & Economía