Por qué los beneficios sociales del derecho a negociación colectiva son irrenunciables

Al declarar el Tribunal Constitucional que la titularidad sindical y la extensión de beneficios por afiliación a un sindicato, acordados en el Congreso, tendrían el carácter de inconstitucional, se cerró una etapa de la discusión parlamentaria sobre la reforma laboral propuesta por el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Ahora queda una segunda etapa, que corresponde a la consideración que hará el gobierno, si quisiera perseverar para que se aprueben los dos puntos cuestionados por el mencionado tribunal.


 

Por Alexis Guardia Basso

Bien vale recordar que desde la recuperación de la democracia, en 1990, ha habido casi en todos los gobiernos de centro-izquierda un proyecto y/o iniciativa de reforma laboral, para dejar atrás el plan que impuso la dictadura en 1979. Se ha ido avanzando a trastabillones para salir de esta especie de “jaula de hierro” que se impone a los asalariados, muy propia del período de guerra fría y lejos de lo que son las leyes laborales en el capitalismo desarrollado y también de las recomendaciones de la OIT.
La reforma recientemente aprobada e impugnada por el Tribunal Constitucional se inserta en la perspectiva señalada. A modo de ejemplo, esta contiene la eliminación del anacrónico reemplazo externo en caso de huelga. Es decir, la norma que posibilitaba al empleador contratar trabajadores reemplazantes de los huelguistas, pagando 4 UF por cada uno de los reemplazos al sindicato (llamada solución de mercado), debilitando con ello el derecho a huelga que tienen los trabajadores. Afortunadamente después de varias décadas fue aprobada la eliminación de la norma indicada, lo cual tomó 26 años en el período democrático y no fue objeto de impugnación por parte del Tribunal Constitucional.

Cobertura de la negociación

Una de las motivaciones sustantivas que dio origen a esta última reforma laboral fue la ampliación del derecho de negociación colectiva, habida cuenta de que esta alcanzaba sólo el 8,4% de los asalariados, en 2013, mientras que 21 años atrás era de 12% de la masa de trabajadores, muy por debajo de las cifras que presentan los países de la OCDE, a excepción de México.
Existe una amplia literatura que considera que mientras más alta es la cobertura de trabajadores asalariados que negocian colectivamente, ya sea que lo hagan al interior de la empresa o por rama de actividad, menor es la desigualdad observada en esos países. Por cierto, no todo puede ser atribuido a la cobertura de la negociación colectiva. Sin embargo, la negociación colectiva no solo incide en mejores condiciones de trabajo y salarios, también permite a los empleadores abordar con los trabajadores temas de adaptabilidad o flexibilidad laboral, capacitación, cooperación en los temas de innovación cuando ello conlleva cambios en la organización; incluso, acuerdos para fijar movimientos moderados de salarios durante un periodo en que es necesario recuperar la competitividad de la industria, como ocurrió en Alemania durante el periodo 2002-2005, cuando gobernaba ese país el canciller socialdemócrata Gerhad Schröder. Naturalmente, esto también supone un empresariado no anclado en la guerra fría.
Desde el plan laboral de 1979 se permitió la segregación en la empresa entre trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, ofreciéndose a estos últimos un mecanismo de negociación paralelo, mediante la figura de grupos negociadores. Con este plan se podía negociar individual o colectivamente con el empleador, sin necesidad de formar un sindicato o hacer uso de la huelga; o de tener fuero, aunque amparados contra actos de discriminación del empleador.
De acuerdo con la normativa vigente, los beneficios logrados por el sindicato en la negociación colectiva son administrados por el empleador, quien puede extender éstos a los trabajadores no sindicalizados, pagando un 75% de las cotizaciones de la membrecía al sindicato. Esta modalidad de extensión unilateral de los beneficios de la negociación colectiva, por parte del empleador, puede ser considerado un ejemplo clásico de práctica anti sindical.
En la reforma laboral aprobada en abril pasado se explicita que la finalidad de ella es “promover al sindicato como principal sujeto de negociación colectiva”. Obviamente, la capacidad negociadora de un sindicato está sujeta a la representatividad que logre reunir, lo cual depende del número de afiliados y, por tanto, la nueva ley laboral facilita e incentiva la afiliación, pero en ningún caso obliga por disposición legal a un trabajador afiliarse a un sindicato.
Además, la adhesión al sindicato de trabajadores que no estaban sindicalizados, permite beneficiarlos automáticamente de los resultados de la última negociación colectiva. Para los que no adhieran al sindicato la extensión de beneficios se haría de común acuerdo entre el sindicato y el empleador.

Coexistencia de libertades

Este es un avance respecto a la situación precedente, pues según los abogados laboralistas que han estado a favor de la reforma, “la defensa del derecho a no sindicalizarse no debe redundar en una debilidad del derecho a sindicalizarse; ambas libertades deben convivir, de tal manera que nadie se vea obligado a sindicalizarse en contra de su voluntad, pero salvaguardando, asimismo, que para ejercer a cabalidad los derechos colectivos en el trabajo, debe otorgarse legitimidad y preeminencia a la acción sindical, sin la cual en los hechos, no existe una verdadera negociación colectiva ni una verdadera representación de los intereses y de las necesidades de los trabajadores” (1).

Debe otorgarse legitimidad y preeminencia a la acción sindical, sin la cual no existe una verdadera negociación colectiva.

La reforma laboral acordada en el Congreso e impugnada parcialmente por el Tribunal Constitucional contiene una serie de medidas que equilibran el proyecto, a favor de la posición de los empresarios. Entre ellos se encuentran el aumento del quórum para formar un sindicato y para desarrollar un proceso de negociación colectiva. Junto con ello, se le da un tratamiento especial a la pequeña empresa y se introducen temas negociables entre el sindicato y la empresa, como son los de adaptabilidad de la jornada de trabajo, según la naturaleza de la empresa. Además, se mantiene la negociación al nivel de la empresa. Por lo tanto, ¿dónde está la retroexcavadora, ese espantapájaros que ha permitido unificar a todo el conservadurismo del espectro político?
Sin embargo, hay una diferencia ideológica fundamental entre quienes se han opuesto a la reforma laboral con los que apoyan esta iniciativa. Para estos últimos “quienes negocian los acuerdos colectivos de trabajo son las organizaciones sindicales y no los trabajadores individualmente considerados”. Esto, independientemente de que las asambleas sindicales son a veces tumultuosas, donde intervienen individuos pertenecientes al sindicatos y donde las diferencias se resuelven en un escrutinio.

Derechos sociales

La organización sindical, la huelga y la negociación colectiva son derechos sociales, al igual que el derecho a la educación. Son derechos individuales ejercidos colectivamente. Estos derechos surgieron a fines del siglo XIX y comienzos del XX, al mismo tiempo que la democracia extendía su ámbito de preferencia por parte de los países. Fue un fenómeno que evolucionó desde el voto censitario al sufragio universal, proceso que vino a culminar con el derecho a voto de la mujer: 1928 en Inglaterra; 1944 en Francia y 1949 en Chile.
Los derechos de que gozan los individuos como particulares, tales como los derechos a la integridad física, a la libre de circulación y a libertad de expresión, etc., son derechos inalienables (que no se pueden enajenar) e imprescriptibles (que no pueden extinguirse con el transcurso del tiempo). Tales derechos comenzaron a consagraron con la revolución de 1688 en Inglaterra y con la revolución francesa, de 1789. Sin duda, este es un gran legado que dejó el liberalismo y la burguesía ilustrada a la humanidad.
Por cierto, nadie puede negar que entre derechos colectivos y derechos individuales pueda haber tensiones que el sistema democrático del capitalismo desarrollado ha ido resolviendo, creando derechos sociales de distinta naturaleza. Pero por ideologismo se pretende que solo valen los derechos individuales y que en el campo laboral lo único que existe para negociar es el trabajador y no lo que representa la negociación colectiva, es decir, el o los sindicatos. De lo contrario se estaría entregando el monopolio de un derecho individual a los sindicatos.
Sabemos que Friedrich von Hayek ha sido el principal sostenedor de esta visión conservadora del derecho, pues para él solo el orden espontáneo (el mercado) es el resultado de la acción humana, sin ser el fruto de la intención humana, pues éste no ha sido concebido, deseado, planificado o construido por un individuo o grupo de individuos con el objetivo de servir fines particulares.
Todos los derechos sociales vienen a perturbar dicho orden. Pero la historia de los sistemas democráticos hasta hoy han demostrado lo contrario.

 

(1) Asociación de abogados laboralistas.”Observaciones a los requerimientos de inconstitucionalidad en contra del proyecto de ley”. Boletín 983513.
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Sobre el Autor

Alexis Guardia

Alexis Guardia

Economista de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris IX. Dauphine.