Por qué la educación debe ser un lugar de encuentro para todos los grupos sociales

La reciente columna del decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, evidencia la necesidad de profundizar el debate sobre los derechos sociales. El transformar el acceso a un bien público en derecho es el resultado de las decisiones democráticas y una gran mayoría del país ha optado por ese camino.


 

Por Eugenio Rivera Urrutia

El decano Manuel Agosin realiza tres afirmaciones principales y una propuesta. Señala que la demanda por considerar ciertos bienes como derechos sociales es una moda; le llama la atención que se demande una educación superior gratuita y no, por ejemplo, alimentos gratuitos y, asume la cuestionada afirmación del ex Presidente Piñera que la educación es un bien de consumo, restringiendo, eso sí, esa caracterización a la educación superior.

Propone un seguro de salud básico considerado como derecho social. Más allá de la contradicción olvida que eso es justamente el objetivo del Plan Auge.
Respecto de que la demanda por los derechos sociales es una moda, cabe señalar que la caracterización de ciertos bienes públicos como derechos es de larga data. Es el llamado Informe Beveridge de 1942, que plantea que la salud, la educación, el seguro de cesantía y las pensiones deben ser garantizados por el Estado Británico. Es por su parte TH Marshall quien formula con mayor claridad la idea de que la humanidad ha ido avanzando a través de las luchas políticas y sociales por establecer primero los derechos civiles, luego los derechos políticos y finalmente los derechos sociales. Especifica que las instituciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el sistema educativo y los servicios sociales. Estos derechos conforman la noción de ciudadanía. En los últimos años se ha agregado el derecho a un medio ambiente de calidad. Agosin olvida que los movimientos socialdemócratas y laboristas en general levantaron estas demandas como acciones para mejorar la estructura distributiva del sistema capitalista.

Ya en 1942, el llamado Informe Beveridge plantea que la salud, la educación, el seguro de cesantía y las pensiones deben ser garantizados por el Estado Británico.

Le llama la atención a Agosin que no se demande que los alimentos sean gratuitos. Olvida la existencia del salario mínimo legal que aunque no logre en su traducción práctica del todo, el objetivo de asegurar los bienes necesarios para la vida sí es el propósito de esa norma.
Respecto a la educación superior las afirmaciones de Agosin son contradictorias. Primero afirma taxativamente que sus beneficios son “enteramente privados” (aunque luego relativiza esta afirmación), olvidando su impacto en el crecimiento económico, el desarrollo científico tecnológico y formación de ciudadanía entre otros. El transformar el acceso a un bien público en derecho es el resultado de las decisiones democráticas. Una gran mayoría del país ha optado por ese camino. Hay muchas razones para que los hijos de la gente acomodada reciban educación gratuita (entre ellas que eso fortalece la demanda de calidad). Ello se dificulta hoy por la gran importancia que tienen los impuestos indirectos que caen de manera más gravosa sobre los más pobres y la débil progresividad de los impuestos directos.
Pero hacia el futuro, la educación debe ser también un lugar de encuentro para todos los grupos sociales, donde se viva la sociedad democrática, en que todos disfruten de una situación de igualdad. Luego esos individuos pagarán con sus impuestos la educación de los que vienen atrás.

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Sobre el Autor

Eugenio Rivera Urrutia

Eugenio Rivera Urrutia

Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Freie Universität de Berlín. Consultor de CEPAL, BID, FAO, Banco Mundial, PNUD e IDRC, además de asesor en varios gobiernos de América Latina. Actualmente es director del Programa de Economía de la Fundación Chile 21.