Por qué el statu quo favorece la opción “rechazo” para el plebiscito

A medida que pasan los días, la erupción social ocurrida el 18 de octubre de 2019 tiende a desviar el material piroclástico por otros cauces. Si bien el estallido impuso un fuerte golpe de timón en el país, obligando al gobierno de Sebastián Piñera a cambiar bruscamente de rumbo, en los últimos días el fenómeno ha tendido a concentrarse en el protagonismo de los grupos más violentos. Mientras tanto, los partidos y los dirigentes políticos, desplazados por el movimiento social, acumulan incertidumbre por lo que pueda ocurrir en el plebiscito para definir el proceso constituyente.


 

Por Niccolo Moro

En medio de la tensa espera por lo que pueda pasar antes, durante y después del plebiscito del 26 de abril, en que los chilenos tendrán que definir si aprueban o rechazan una nueva Constitución y la elección de una convención (asamblea) constituyente, surge la pregunta sobre el costo-beneficio que está generando la radicalización del movimiento social que irrumpió el 18 de octubre pasado (18-O). Esto, como preámbulo y tal vez como factor clave para definir el resultado del referéndum.

Mientras el gobierno y los partidos de todo el espectro político avanzan a su ritmo, tratando de responder a las demandas sociales y preparándose para la competencia del 26 de abril, los grupos más radicalizados siguen actuando bajo sus propias reglas. A juzgar por su modus operandi, da la impresión de que estos grupos quieren derribar la institucionalidad vigente, incluyendo las normas de convivencia democrática. De otra manera no se explica que, valiéndose de una organización rudimentaria, son capaces para obstruir calles (principales ciudades del país), saquear supermercados, incendiar edificios públicos, iglesias, automotoras (en Viña del Mar) y locales comerciales más expuestos; asaltar trenes en marcha (en Antofagasta) y paralizar partidos de fútbol, entre otros.

En lo inmediato, los hechos muestran que la prolongación del movimiento del 18-O quedó en poder de los grupos descolgados, al margen de las organizaciones formales (incluyendo los partidos políticos). Esto está generando más temor que favoritismo por la opción “apruebo” del plebiscito. Es más, si lo grupos radicalizados logran extremar las acciones violentas, ponen en riesgo la realización de la consulta ciudadana.

Los descolgados han logrado que la derecha más dura encuentre argumentos tangibles para unirse y promover la opción “rechazo” en el plebiscito. Esto es, para que más adherentes respondan “no” las dos preguntas que tendrán frente a sí el 26 de abril: una para decidir si se cambia la actual Constitución; y la otra para determinar si prefieren elegir una convención constituyente, o una convención mixta (1).

Con el “rechazo” la derecha dura se juega para que no haya reforma constitucional y por derivación, que no sean los ciudadanos electos los que redacten una nueva carta fundamental. Alternativamente, la derecha “dura”, ha planteado que sea el Congreso el que asuma el rol constituyente, previa aprobación de una moción parlamentaria para este fin.

Cálculo maquiavélico

Con una óptica maquiavélica, a la derecha dura le resultaría conveniente mantener el statu quo que sobrelleva el país, aparentemente, navegando sin rumbo cierto. Esto porque aumentarían los partidarios del rechazo.

¿A quién favorece y a quién perjudica la radicalización del movimiento social, que emergió en octubre de 2019?

Cuando las convicciones políticas son débiles o no existen -como quizás ocurre con una alta proporción de chilenos- la incertidumbre, el miedo y la búsqueda de algún recodo de seguridad contribuyen a que más ciudadanos moderados, independientes y apolíticos se inclinen por la alternativa que les ofrezcan mayor estabilidad. O sea, por la opción “rechazo”. Una lectura probable de la situación que hace el ciudadano moderado es que si gana la opción “apruebo”, el país se tomaría un par de años en resolver la definición constitucional, periodo en que se podrían agudizar los conflictos sociales y políticos.

Por la opción “rechazo” también se deben estar inclinando los cientos de miles de trabajadores que fueron empujados a la cesantía por el cierre de negocios y empresas, a raíz de la crisis social, como también otros tantos de miles de micro y pequeños empresarios, junto con sus familias, que han visto cercenadas sus fuentes de ingresos. Lo mismo podría ocurrir con los cientos de miles de vecinos de comunas periféricas que ya no tienen un supermercado cerca, porque fueron incendiados y deben trasladarse a otras comunas para hacer sus compras (2). Agrava esta situación los problemas para el traslado en los días u horas en que ocurren las protestas callejeras, debido a que los buses del transporte urbano dejan de operar para prevenir que también sean incendiados. Un balance preliminar del Ministerio de Transporte indicó que entre el 18-O y enero pasado, 63 buses de la locomoción colectiva en Santiago fueron quemados, dejando a unos 18 mil vecinos sin locomoción cercana (3).

Los hechos demuestran que los mayores perjudicados con la crisis social y política han sido, una vez más, los sectores de bajos ingresos y las familias más vulnerables.

A la opción “rechazo” también está contribuyendo el desprestigio de la política, de los partidos y sus dirigentes, entre los cuales se cuenta el mismísimo Presidente Piñera, quien enfrenta el momento más aciago de su carrera política, con un índice de aprobación ciudadana de solo 12% y una desaprobación abrumadora, superior al 83% (4). Al observar un gobierno tan débil como el de Piñera, con una fuerza policial inepta, se agudiza la inseguridad ciudadana, al tiempo que alienta a los grupos más extremos que creen estar más cerca de derribar el gobierno.

Por lo tanto, en las actuales condiciones sociales y políticas el ciudadano que cree necesario un cambio en la Constitución debe estar revestido de una sólida coraza de civilidad, que por lo demás ha sido agujereada por la crisis.

Frente a severa adversidad, los partidos y dirigentes de oposición que se juegan por la opción “apruebo” en el plebiscito, debieran dejar de sacar cuentas alegres anticipadas. En estas circunstancias, es probable que si esta opción resulta ganadora, lo será por un estrecho margen frente al “rechazo”. A su vez, con un resultado como éste, será muy difícil que la oposición de centro izquierda logre los dos tercios que necesita en la elección de los constituyentes, para de este modo hacerle una cirugía mayor a la carta fundamental heredada por la dictadura.

La posibilidad de obtener una mayoría holgada en la convención constituyente se hace más difícil de alcanzar a la oposición si se presenta dividida en esa elección, programada para el 27 de octubre de 2020 (junto con la elección de gobernadores regionales, alcaldes y concejales). Esto porque el actual sistema electoral favorece a los partidos que participan en alguna coalición. En cambio, perjudica a los que compiten solos. Al momento de darse la partida oficial para la campaña del plebiscito, el 26 de febrero, la oposición se encontraba dividida en cuatro bloques: Convergencia Progresista, donde participan el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido Radical; el Frente Amplio; la Democracia Cristina; y la alianza Chile Digno, que integran el Partido Comunista, el Partido Progresista, la Federación Regionalista Verde y un grupo de agrupaciones escindidas del Frente Amplio: Partido Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Movimiento MDP y Partido Pirata.

Partido Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Movimiento MDP y Partido PirataFuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/02/27/977989/Plebiscito-lideres-de-comandos.html

Partido Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, Movimiento MDP y Partido Pirata.Fuente: Emol.com – https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/02/27/977989/Plebiscito-lideres-de-comandos.html

Cabe preguntarse entonces, ¿a quién favorece y a quién perjudica la radicalización del movimiento social, que emergió en octubre de 2019?

Si bien este movimiento partió de manera espontánea, basado en legítimas reivindicaciones sociales y económicas, denunciando las groseras desigualdades y abusos prohijados por el modelo económico neoliberal, ha continuado su marcha sin conducción política conocida. En tales condiciones un movimiento social desbocado puede llevar a resultados inesperados, con el riesgo de que surjan nuevos abusos y atropellos, de lado y lado, alimentados solo por la fuerza, pero ajenos a la convivencia democrática.

 

Fuentes:

(1)   Ley 21.100, publicada en el Diario Oficial el 24 de diciembre de 2019.

(2)   Ver: https://www.emol.com/noticias/Economia/2020/02/06/975756/Supermercados-cerrados-crisis-comunas-Santiago.html

(3)   Ver: https://www.emol.com/noticias/Nacional/2020/02/06/975853/Buses-del-transantiago-quemados.html

(4)   Ver: https://www.cadem.cl/encuestas/plaza-publica-no-319-24-de-febrero/

 

Recomienda este artículo
  • gplus
  • pinterest

Sobre el Autor

Editor Política & Economía