Politica & Economía y UDP organizaron debate sobre puntos críticos para una nueva Constitución

Expertos constitucionalistas de varias universidades del país se dieron cita el 3 de septiembre de 2015, para debatir sobre los ejes fundamentales que deberán abordarse en el proceso constituyente que se propone iniciar el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con el fin de aprobar una nueva Constitución Política para Chile.


 

Convocados por la revista Política & Economía y la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP), los expertos buscaron respuestas para las siguientes preguntas:

1) ¿Cuántos y qué derechos sociales y culturales incluir?;

2) ¿Conviene o no mantener el actual régimen de gobierno presidencialista? y

3) ¿En derecho público económico es necesario mantener el rol subsidiario del Estado, garantizando al mismo tiempo el predominio de la propiedad privada?

El encuentro fue patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert y participaron abogados constitucionalistas, académicos y economistas, quienes expusieron sus puntos de vista sobre los derechos sociales y culturales, como también respecto del tipo de gobierno a instaurar (presidencialista, parlamentarista o semi presidencialista) y sobre el futuro de la propiedad y el rol del Estado en la economía.
Expusieron sus ideas los abogados Jorge Correa Sutil, Amaya Alvez, Fernando Atria, Patricio Zapata, Javier Couso, Carlos Ugarte, Jaime Bassa y Arturo Fermandois. También disertaron la cientista política Marcela Ríos, el historiador Esteban Valenzuela y el economista Álvaro Díaz. Oficiaron como moderadores, los académicos Claudio Fuentes, Rossana Castiglioni y Claudia Sanhueza.
Derechos sociales
Los abogados constitucionalistas coincidieron en que “la arquitectura” de la nueva carta fundamental debe ser corta y simple, porque una muy extensa y compleja correría el riesgo de judicializar algunos aspectos, restándole eficacia. “Creo que no deben incorporarse todos los derechos en una constitución”, sentenció Correa Sutil.
Sin embargo, sostuvo que “hay una zonas grises en numerosos campos que deben despejarse, particularmente en los ámbitos de la regulación y de las expropiaciones”.
En tanto, algo similar sostuvieron Atria, Couso, Ugarte, Bassa y Fermandois, porque lo otro importante para ellos es lo que vendría después de la aprobación de la nueva carta fundamental, en el orden legal y regulatorio. Es más, Ugarte subrayó que actualmente una gran cantidad de disposiciones legales que regulan algunos derechos, como salud, vivienda y educación, no están mencionados en la actual constitución.
“Al día siguiente de que se apruebe una nueva constitución caben todos los derechos que decida la mayoría de los chilenos y en este ámbito serán clave los quórums que se acuerden para aprobarlos”, precisó Fernando Atria. Dijo también que en las últimas décadas “hemos tenido una neutralización constitucional frente a ciertos derechos sociales”, lo cual está condicionado por la forma con que son interpretados los preceptos constitucionales, particularmente por el poder judicial.

“Los derechos no radican en los jueces, sino en la ciudadanía”, expresó Fernando Atria.

“Los derechos no radican en los jueces, sino en la ciudadanía”, expresó Atria.
Por su parte, Amaya Alvez se mostró partidaria de incorporar algunos derechos no considerados hasta ahora, referidos a los pueblos originarios, a la cultura y a la naturaleza porque, a su juicio, “la constitución actual es hostil frente a estos derechos”.
Tipo de gobierno
Respecto del tipo de gobierno, Marcela Ríos dijo que existe una tendencia internacional a combinar el poder ejecutivo con el legislativo, lo que se traduce como un sistema semi presidencialista. Por otra parte, advirtió que los problemas del país no se solucionan automáticamente luego de la aprobación de una nueva carta fundamental.
Patricio Zapata hizo presente que con el paso de los años las instituciones se van arraigando en las personas y que frente a este fenómeno se deben usar los mecanismos adecuados “para que la ciudadanía se exprese y decida respecto a qué tipo de sistema de gobierno es el que más se acerca al ADN de la gente”. Luego señaló que en Chile existe una deuda con la diversidad, porque aún se da la inercia de pensar –por ejemplo- que el país “solo es católico, o que desde el punto de vista étnico somos todos de ascendencia europea”. En este ámbito, Zapata manifestó que “cuando el nuevo orden constitucional permita que se exprese la diversidad, habremos dado un gran paso en nuestro desarrollo como país”.
“En el actual proceso constituyente tenemos que responder primero qué es lo que Chile necesita para los próximos 30 ó 40 años y todos tenemos que expresar nuestros anhelos”, expresó Patricio Zapata.
Esteban Valenzuela sostuvo que en Chile se le tiene miedo a la regionalización, lo que en su opinión es otra forma de conservar ciertos poderes y beneficios que son fruto del centralismo. “Observamos una inercia centralista que incluso se aprecia en los partidos políticos y que tiene que ver con el afán de no perder cuotas de poder”, dijo Valenzuela.
Derechos económicos
El economista Álvaro Díaz hizo un diagnóstico crítico del sistema productivo chileno y advirtió que no existe una institucionalidad que permita la planificación estratégica para el largo plazo. “Estamos entrampados con la noción del estado subsidiario y debiéramos cambiar ésta por un modelo de estado emprendedor”, añadió Díaz. Otro cambio que sugirió “es el paso de un régimen de bienestar liberal a un régimen de bienestar público, con un nuevo enfoque para desarrollar políticas públicas”.
Javier Couso afirmó que existen elevados cotos (o restricciones) con que operan algunas instituciones como el Banco Central, el que a su juicio responde a un modelo económico que hasta ahora resulta intocable. Según Couso, “la vía de constitucionalizar los modelos económicos hasta ahora no han sido exitosos”. Citó el caso de Gran Bretaña, donde la carta fundamental es más flexible, lo que ha permitido practicar con modelos económicos extremadamente liberales, como el de Margaret Thatcher, y otros de tipo socialdemócrata, como el del Gordon Brown, sin necesidad de hacer reformas constitucionales.
El profesor Carlos Ugarte expuso sobre rol social de la propiedad privada y explicó que a partir de un estudio que él mismo realizó, se comprueba que este concepto ha estado presente a lo largo de la historia y que el caso de la constitución actual no es la excepción. Es más, dijo: “creo que la definición del derecho de propiedad en la constitución que se encuentra vigente es buena, porque la misma reconoce que es deber del estado protegerla, en la medida que cumple una función social”.
Jaime Bassa habló sobre la importancia del estado empresario y advirtió que éste requiere de una mayor coherencia con el derecho de propiedad. “En un modelo como el actual, la satisfacción de los derechos básicos está condicionada al mercado y en este sentido da lo mismo que lo diga la constitución”. Por lo tanto, subrayó que este es un tema a discutir en el proceso constituyente. Según Bassa, “la forma como se ha ido construyendo el orden público económico en Chile, bajo el actual modelo económico, obedece a la hegemonía liberal.
“El punto crítico entonces no es qué dice o no dice la constitución, sino la forma cómo se van construyendo las regulaciones y los actores que la construyen”, expresó Bassa.
Arturo Fermandois lanzó una crítica sobre el escaso conocimiento que se tiene de la actual constitución, señalando que esto no permite debatir con fluidez. “Observamos una crítica recurrente y un agotamiento anímico hacia el modelo económico, pero esto no tiene nada que ver con la constitución”, manifestó. Es más, destacó que en una oportunidad Jaime Guzmán dijo que la Constitución de 1980 podía servir para instaurar cualquier modelo económico.
Salvo los requisitos de los quórums requeridos para desarrollar el estado empresario, Fermandois, afirmó que bajo el actual orden constitucional no existen límites en este orden y que la mejor demostración han sido –recientemente- los proyectos de ley para crear una AFP estatal y otra para ampliar el giro de ENAP.
Según Fermandois, la nueva constitución debiera ratificar la importancia del derecho de propiedad y la función social que ésta cumple, como también reconocer la importancia de la estabilidad fiscal, expresada en el manejo responsable del presupuesto.

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Sobre el Autor

Hugo Traslaviña

Hugo Traslaviña

Periodista especializado en economía y finanzas. Se tituló en la U. Católica del Norte y cuenta con el grado de MBA de la U. Técnica Federico Santa María. Es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la U. Central.