Los riesgos de prolongar la política de austeridad fiscal

La economía chilena viene desacelerándose desde el 2014 hasta la fecha, con una tasa promedio anual de 2% y un nivel de desempleo de 7,1%, a julio de 2016. Al mismo tiempo, presenta un precario aumento del empleo, como resultado del incremento de trabajadores por cuenta propia y de ocupaciones con menor número de horas trabajadas. A esto se suma la reducción del alza de los salarios reales en el último año, “implicando un menor crecimiento de la masa salarial” (1). Por lo tanto, un crecimiento más lento del consumo asalariado.


Por Alexis Guardia Basso

La desaceleración de la economía chilena ha sido acompañada por una baja de la inversión, que en 2016 completará tres años de reducción consecutiva. Por tanto, después de tres años, la desaceleración del consumo de los hogares y de la inversión con exportaciones que crecen muy lentamente, van llevando hacia un escenario de estagnación de la economía chilena.
Este panorama se da en un momento de crisis política muy compleja, donde el tema de la corrupción, y su derivado, la desconfianza, afecta gravemente a una parte del mundo político y empresarial, exacerbando la incertidumbre.
Para el conservadurismo el crecimiento se ha visto afectado por las reformas emprendidas por el actual gobierno, no obstante que ellas han tenido un carácter moderado, correctivas (reforma del binominal, reforma tributaria, reforma educacional) y civilizatorio (reforma laboral). Todo lo cual no excluye el hecho de que este proceso reformista ha estado desprovisto de la necesaria pedagogía y liderazgo, para encontrar acuerdos sólidos al interior de la coalición gobernante y fuera de ella.
Esta breve reflexión propone concentrarse solo en los aspectos económicos del proceso de desaceleración, habida cuenta de la apertura comercial y financiera de la economía chilena, así como de la reacción tradicional de su política económica. A continuación revisaremos los principales factores que han detonado esta situación.

1) Fin del ciclo extraordinario del crecimiento del precio del cobre

La economía chilena vivió un ciclo extraordinario de alza del precio del cobre (su principal producto de exportación), desde 2004 a 2011, año este último en que su precio promedio anual alcanzó un máximo de US$ 4,1/libra. A partir de este valor el precio del cobre promedio anual registra una reducción sistemática. En 2015 el precio promedio fue de US$2,49/la libra y el Banco Central proyecta para el 2016 un precio de US$2,15/libra.
En términos nominales, el precio del cobre se redujo en 39% en el periodo 2012-2015. Además, durante el periodo de bonanza inmediatamente anterior del cobre se registró además un importante aumento de la tributación total de la minería (privada más Codelco), con una tasa promedio acumulativa anual de 18%. Por otra parte, se estima que “la pérdida de ingresos de exportación en los últimos tres años es equivalente a 5% del PIB, unos US$ 13.000 millones” (2).
Para tener una apreciación justa de la actual coyuntura, no menos importante es tener presente la información entregada por Cochilco, en marzo de 2016, respecto a la evolución del monto de los proyectos de inversión en la minería: para el periodo 2014-2023 se contabilizaron US$ 104.000 millones en proyectos de inversión en la minería. Luego, entre 2015 y 2024 la suma había bajado a US$ 77.290 mil millones; y entre 2016 y 2025 la cifra se redujo a US$ 50.412 millones. Durante el periodo indicado el precio del cobre había disminuido en 21,5%.

Para Chile, la baja del precio del cobre y del petróleo no son comparables, debido a sus distintas implicancias fiscales.

Estas precisiones son importantes de tener en cuenta para una compresión integral de la actual coyuntura económica, puesto que el conservadurismo con su obsesión de buscar el empate y echarle la culpa de todo a las reformas emprendidas por el gobierno de Bachelet, aduce que si bien el precio del cobre está a la baja, también ha bajado el precio del petróleo, que nos beneficia. Cierto, pero son dos fenómenos que no son perfectamente comparables por sus distintas implicancias fiscales (impuestos) y monetarias, así como por los efectos indirectos que tienen las inversiones de la minería en las decisiones de inversión en otros sectores.

2) El motor exportador averiado

En 2015 se produjo una caída del total de las exportaciones nominales chilenas del 16%, con un efecto sobre todo el sector exportador y no solo del cobre, ya sea por menores precios, o por la caída de la demanda. Entre otros factores explicativos se cuenta la menor recuperación de la economía internacional. En este sentido, es bueno recordar que el comercio mundial ha caído bajo el 3% anual, después de la crisis financiera del 2008, contra un incremento de más del 7% anual en los últimos dos decenios precedentes.
En la reciente conferencia del G-20, en Hangzhou (China) se tomó nota de una creciente desconfianza de la población frente a la globalización, en tanto esta no sea inclusiva y ampare acciones proteccionista parciales de los grandes actores del mercado mundial. Ello, no obstante que todos los países de este foro están de acuerdo con el hecho de que el libre comercio es indispensable para el crecimiento.
Las revisiones cada vez más frecuente que hace el FMI del crecimiento mundial recoge en parte este tema. Para Chile que tiene una economía muy abierta al comercio, el abordaje de este tema es clave. El Banco Central supone “que los socios comerciales crecerán a tasas similares a las de 2015, pero que las condiciones de financiamiento externo serán más estrechas y los precios de las materias primas permanecerán bajo sus niveles de largo plazo” (3). Esto indica que las políticas de austeridad promovidas por el Banco podrían seguir su curso.

3) Política económica

La desaceleración va dejando un espacio de capacidad productiva sin utilizar que se expresa en la diferencia entre el producto potencial y el producto efectivo. Esta brecha es la que se debe corregir con la política fiscal o monetaria. Según la última estimación del Ministerio de Hacienda, el producto potencial se redujo de 3,5% a 3,0%, disminuyendo así las holguras de capacidad real que tiene la economía. Por razones ideológicas, en Chile predomina la política monetaria sobre la fiscal, cuando hay que hacer frente a una desaceleración de la economía, salvo cuando se trata de hacer frente a una crisis económica internacional).
Por lo tanto, ahora todo depende de que el Banco Central baje la llamada Tasa de Política Monetaria (TPM), situada hoy en 3,5%, para tratar de revertir la desaceleración económica.
En su Informe de Política Monetaria del tercer trimestre de 2016 (a septiembre) el Banco Central dijo que la inflación está convergiendo al rango meta de entre 3 y 4% anual. Pero este es un asunto de difícil determinación en el corto plazo para que lleve al instituto emisor a relajar la política monetaria, pues la economía no es una ciencia dura, como la física o la biología y los errores son siempre posibles. Además, en una economía como la chilena donde la inflación depende, entre otras cosas, de los avatares del precio del dólar, las expectativas se alteran fácilmente.
¿Entones, habría que esperar una deflación para cambiar la conducta del Banco Central, de modo que baje la TPM, del actual nivel de 3,5%?
Por otra parte se dice que Hacienda ha hecho una política contracíclica, pero no se entiende su nivel de eficiencia, pues durante tres años persiste una tendencia a la desaceleración de la actividad económica. Lo que sí se sabe es que Hacienda en el último tiempo se ha dedicado a postergar gastos acordados en el presupuesto.
¿Es esa la contribución de Hacienda a la política de austeridad administrada por el Banco Central?

4) Deuda pública

El conservadurismo económico siempre ha sido partidario de que el gasto del gobierno crezca menos que el producto en situaciones de bajo crecimiento. En Chile la deuda bruta del gobierno central es de 18% del PIB y su déficit actual es estimado en 3,2%, lejos –por ejemplo- de la situación de Grecia o de Italia. El valor de mercado de los Fondos Soberanos colocados en el exterior es del orden de US$ 24.000 millones (11% del PIB), todo lo cual permitiría diseñar una política fiscal activa, vía aumento de la inversión pública (4).
Una política fiscal activa y contracíclica tiene la gran ventaja de abrir una discusión estratégica con el sector privado, sobre los proyectos de inversión que son necesarios impulsar, dado el atraso existente en infraestructura, innovación tecnológica, e incentivos para desarrollar la matriz productiva existente.
La política de austeridad es hoy criticada en todo el mundo, incluida la directora del FMI, Christine Lagarde, quien reconociendo que todo el mundo había subestimado el impacto de la contracción presupuestaria sobre el crecimiento griego, afirmaba “que adoptar una política presupuestaria orientada al crecimiento para los países que tienen un margen presupuestario, es también una política de reactivación. Suecia y Canadá lo han hecho ya. Alemania y Holanda podrían hacerlo” (5).
Un período prolongado de austeridad afecta negativamente la distribución de ingresos y -lo que es más grave- demuele la confianza en el futuro.

Notas:

(1) Véase “Informe de Política Monetaria”, del Banco Central, a junio de 2016.
(2) Luis Eduardo Escobar, Revista Mensaje, julio de 2015.
(3) IPOM ob.cit., página 7.
(4) Datos de “Evaluación de la gestión financiera del sector público en 2015 y actualización de proyecciones para 2016″. Rodrigo Valdés y Sergio Granados. Ministerio de Hacienda, 11 de julio de 2016.
(5) Le Monde, 5 julio de 2016, página 4.

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Sobre el Autor

Alexis Guardia

Alexis Guardia

Economista de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris IX. Dauphine.