Los disparos a la bandada de la ministra Pérez

La intransigencia y la falta de diálogo constructivo inundan el panorama político chileno. Si a esto se añade la baja en las expectativas económicas para 2020, debido a la amenaza de un nuevo ciclo recesivo en el plano internacional, el ambiente se torna desalentador. El clima político se puso aún más denso con la temeraria declaración de la ministra vocera, Cecilia Pérez, sobre la presunta vinculación del Partido Socialista con redes del narcotráfico. Como si se tratara de un campo de batalla, con esta acción la ministra generó una reacción directamente proporcional.


 

Por Niccolo Moro

Cuando la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, arremetió contra el Partido Socialista (PS), pidiéndole aclarar las sospechas de una presunta vinculación con el narcotráfico, no se esperaba que el partido aludido escalara la situación hasta el nivel institucional. Es decir, hasta el grado donde es posible valerse del poder político, por pequeño que este sea.

Frente al anuncio de una acusación constitucional que el PS presentaría contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el 19 de agosto pasado la vocera de Gobierno afirmó: “Ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene el PS con el narcotráfico” (1).

Como una medida para presionarla para que se retractara y pidiera disculpas públicas por sus dichos, el PS instruyó a sus representantes en las comisiones especializadas en el parlamento, prohibir la entrada a las sesiones de los subsecretarios y asesores del gobierno, quienes participan regularmente en la tramitación de los proyectos de ley.

O sea, una suerte de pequeño boicot, parecido a un desquite infantil, contra el gobierno en el Congreso.

Aunque persiste la duda de si no había otro medio para expresar la molestia, la reacción del PS cortó completamente el delgado hilo de comunicación entre un partido opositor y el Ejecutivo. El PS cuenta con un importante número de votos en el Congreso y junto con sus aliados de centroizquierda, más el Frente Amplio (izquierda), al gobierno se le hace cuesta arriba tratar de aprobar sus proyectos legislativos. Esto, porque no cuenta con mayoría parlamentaria. De paso, el enojo del PS empuja a la Democracia Cristiana (centro) a tomar una decisión frente a la disyuntiva de seguir apoyando al gobierno de Piñera, cuando nuevamente sea requerida para lograr el quórum mínimo en las votaciones.

Frente al ataque de la ministra Pérez al PS, los dirigentes de la DC tomaron una discreta distancia y, por omisión, han entregado señales de que seguirán negociando sus votos con el gobierno, renunciando a la alternativa de actuar más resueltamente como un partido de oposición.

Por lo tanto, la suerte parecía estar echada para la oposición: seguiría dividida en al menos tres bloques: 1) PS, PPD, Partido Comunista, Partido Radical y Partido Progresista; 2) Frente Amplio; y 3) Democracia Cristiana. En estas condiciones, y ante la inminencia de formar alianzas para las elecciones municipales y de gobernadores del próximo año, lo más probable es que los dos primeros bloques lleguen a un acuerdo y que la DC siga sola, o bien se una tácticamente con los partidos de derecha.

Hasta el momento en que la ministra Pérez desafió al PS con su destemplada declaración, la Democracia Cristiana había estado aportando votos para aprobar proyectos legislativos del segundo gobierno de Piñera. Fue el caso de la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados del proyecto de reforma tributaria, que pretende cambiar la reforma de 2014. Esta última fue aprobada en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y la DC no solo aportó votos, sino también sus economistas y técnicos tributarios participaron en el diseño de la reforma. Entonces, aquella reforma no resultó del gusto de la derecha y de los empresarios.

Ahora que es gobierno, la derecha pretende eliminar un mecanismo clave que ha permitido que los dueños de empresas paguen parte de los impuestos personales, cuando perciben ingresos como socios de éstas. Se trata del mecanismo semi-integrado, que reconoce como crédito tributario (a favor de los accionistas y dueños de empresas), solo una parte de lo que declaran sus empresas (impuesto de primera categoría), obligándolos a pagar la otra parte cuando declaran sus ingresos como personas naturales. Según la estimación hecha por el propio gobierno de Piñera, la eliminación del sistema semi-integrado implicaría el traspaso de US$ 830 millones a los dueños de empresas para, en el mejor de los casos, ellos mismos los destinen a la reinversión de utilidades.

La arremetida de la ministra Pérez deja en la interdicción moral a quienes de ahora en adelante tomen contacto o aparezcan públicamente con representantes del PS.

A este mecanismo semi-integrado está renunciando ahora la Democracia Cristiana, cambiando radicalmente el punto de vista tributario que tuvo cuando -con sus votos- permitió que se aprobara la reforma de 2014.

Más desprestigio

Más allá de la indignación provocada al interior del PS la arremetida de la ministra Pérez, se trata de una maniobra que afecta la reputación de un partido político de larga trayectoria en el país, comprometiendo, a su vez, el prestigio de gran parte de la clase política chilena. Esto porque al vincular a un actor político de importancia con una actividad criminal, se alimenta el repudio de la ciudadanía honesta. Esto se suma al desprestigio generalizado que se han ganado los políticos chilenos, por motivos aparentemente menores.

La arremetida de la ministra Pérez también deja en la interdicción moral a quienes de ahora en adelante tomen contacto o aparezcan públicamente con representantes del PS. “Quedaron marcados”, como diría un ciudadano cualquiera que no participa en política y que no es militante de algún partido, como es el caso de la mayoría absoluta de los votantes chilenos.

En este contexto, la reacción del PS se explica como una demanda de reparación moral, al pedir la retractación de la ministra Pérez; o bien una disculpa del gobierno de Piñera, si finalmente a raíz de este episodio Pérez es destituida.

Para agravar la situación, al día siguiente de sus dichos, la ministra Pérez obtuvo el respaldo del Presidente de la República, como también de la mayoría de los partidos de derecha. Con el apoyo a Pérez, la escasa reputación que pudieran haber tenido los parlamentarios y dirigentes del PS, como también de los militantes de base, fue lapidada con artillería pesada desde el palacio de La Moneda, sin reparar el gobierno que se trató un disparo a la bandada, en que pagan justos por pecadores.

Una acusación de este calibre hiere lo más preciado que tienen los políticos, sean estos socialistas, derechistas o centristas: la dignidad que tienen como representantes de la ciudadanía organizada.

Otros casos

Quizás a nivel latinoamericano no sea la primera vez que se acuse a un partido, o a un dirigente político de tener vinculaciones con el narcotráfico, pero con algún fundamento. Basta recordar los casos de Luis Arce Gómez, ex ministro del Interior del ex dictador de Bolivia Luis García Meza; o del ex dictador de Panamá, Manuel Antonio Noriega, quienes fueron acusados formalmente de mantener negocios y/o recibir dádivas del narcotráfico. O bien, como ocurre con la reciente denuncia contra el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien, en los últimos meses de su gobierno habría autorizado el descongelamiento las cuentas bancarias del cartel de Sinaloa, organización criminal que fue liderada por Joaquín “Chapo” Guzmán. Esto se suma a las acusaciones formales contra Peña Nieto, por supuesto peculado o enriquecimiento ilícito durante su mandato presidencial.

Pero en el caso de Chile se trata de un hecho inédito y un verdadero disparo a la bandada, porque la ministra Pérez se refirió al PS como un todo, sin identificar a ninguna persona. Ni siquiera al personaje que dio paso a las acusaciones de la presunta vinculación de dirigentes de base del PS con narcotraficantes, en la comuna de San Ramón.

El ciudadano común tiene la legítima sospecha de asociar los dichos de la ministra Pérez con las denuncias hechas por algunos reportajes de televisión, contra el alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, cuando aún no era expulsado del PS. El público medianamente informado, pero aprensivo contra los políticos, legítimamente puede pensar que el PS pudo haber estado en conocimiento de las supuestas actividades ilícitas de este personaje y que también el partido pudo haberlo protegido.

Sin embargo, ante la ausencia de algún indicio de verdad judicial en torno a este caso, constituye una injuria de grueso calibre, que una ministra de Estado haya utilizado su cargo y su amplia tribuna comunicacional, para aniquilar a un partido de oposición, mediante uno de los peores recursos de asesinato de imagen, como es la vinculación de éste con el narcotráfico.

De haber tenido alguna información, algún dato, algún indicio de que el PS se ha vinculado con el narcotráfico, la ministra Pérez debió haberlo entregado al Ministerio Público (Fiscalía) y solicitar una investigación formal, antes de disparar a la bandada.

 

(1)   Más información en:

https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/gobierno/gabinete/caso-ps-cecilia-perez-sera-defendida-por-luis-hermosilla-y-le-pagara-de/2019-08-23/175405.html

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Editor Política & Economía