Los desafíos de Chile para retomar el desarrollo dinámico, inclusivo y sustentable

Volver a tener un alto crecimiento del PIB es un objetivo prioritario para Chile. Pero para que ello ocurra se requiere de políticas públicas que fomenten la inversión y la productividad, además de la inclusión económica y social, así como la sustentabilidad medioambiental.



Por Juan Carlos Scapini

Junto con retomar un ritmo de crecimiento dinámico de la economía, en Chile se hace necesario construir un nuevo consenso nacional de tipo estratégico, que trascienda los gobiernos de turno y cuente con el apoyo participativo de los empresarios, los trabajadores y la ciudadanía.

En su vuelta a la democracia, Chile optó por unaeconomía abierta al comercio mundial y las inversiones internacionales, que derivó en numerosos acuerdos de libre comercio, firmados con distintos países y bloques de éstos. Los resultados de esta estrategia permitieron cosechar importantes éxitos, en diferentes ámbitos.

La economía chilena creció como nunca antes en su historia. Los ingresos medios aumentaron, los índices de pobreza mejoraron, así como también los principales indicadores de educación, salud y trabajo.

Diagnóstico

Sin embargo, en los últimos años esta estrategia ha mostrado importantes desgastes y por sí sola no es suficiente para apoyar un desarrollo sostenible en los próximos años. ¿Qué es lo que ha pasado y qué se requiere para retomar el dinamismo?

A continuación repasamos los principales nudos que están inhibiendo el crecimiento económico chileno.

El súper ciclo de los commodities (2006-2013) exacerbó la dependencia de la economía chilena de las inversiones mineras y de la exportación de cobre. Ahora, la caída a la mitad del precio internacional de este metal, respecto de su pick del año 2011, obliga tener que direccionar la economía hacia otros sectores productivos con alto potencial de crecimiento.

Entretanto, el mercado interno, basado en la libre competencia, ha sido amenazado por prácticas abusivas de empresas dominantes e inescrupulosas, que han preferido configurar un modelo de negocios del tipo rentista, basado en la extracción de rentas monopólicas u oligopólicas, con un impacto negativo para los consumidores y para el sector productivo emergente.

La concentración económica es un freno para el desarrollo de las empresas de menor tamaño (EMT) y los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) así lo demuestran. Mientras las megaempresas aumentan su participación de mercado, las EMTson cada vez menos importantes, llegando en conjunto a representar solo el 14,6% de las ventas totales, en 2014.

Por otra parte, el gasto en innovación permanece prácticamente estancado en 0,4% del PIB, lo que nos aleja de la senda de un desarrollo económico sostenible. La consecuencia directa es que la productividad media es baja o se encuentra estancada y las remuneraciones reales del trabajo no crecen.

La participación laboral femenina es extremadamente baja (48,1%), si se la compara con los países desarrollados, pero también con el resto de América Latina. Las chilenas que no participan en el mercado del trabajo por razones familiares, ligadas al cuidado de los hijos y/o a los ancianos, suman 1,4 millones. Además, las mujeres sufren una fuerte discriminación laboral, con brechas salariales de género que alcanzan en promedio 17%.

Algunos se preguntarán si este conjunto de problemas implicaría tener que volver a cerrar la economía nacional a la competencia internacional. La respuesta del gobierno es no.

La política macroeconómica se basa en reglas fiscales y monetarias claras y posibles de alcanzar, de manera que asegura la estabilidad, la inversión y el crecimiento económico del país.

Adicionalmente, en materia internacional, este año Chile firmó el acuerdo preliminar para adherir al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), que abarca un mercado de 812 millones de habitantes y representa el 40% del PIB mundial.

El país ha optado por una política de desarrollo productivo de largo plazo, que incentiva la competencia; que permite aprovechar todo el potencial productivo y que resguarda el medio ambiente. En este sentido, se busca realzar la importancia estratégica que tiene la inclusión económica y social para el desarrollo sostenido.

Defensa de la libre competencia

Los cambios en la política de libre competencia se expresan con el envío al Congreso de dos importantes proyectos de ley, para fortalecer el Sernac (2014) y para fortalecer el sistema de defensa de la libre competencia (2015).

En el proyecto del Sernac, se señala que la protección de los consumidores es una prioridad y junto con dotarlo de facultades para fiscalizar, dictar normas generales, sancionar e interpretar la ley de protección al consumidor, se establecen multas a los infractores que en algunos casos aumentan hasta diez veces las actuales. Cuando se apruebe esta ley quedará claro que es un mal negocio burlar la fe pública y los derechos del consumidor en el país.

El proyecto que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia, tiene como principal eje el combatir la colusión de empresas, siendo ésta la conducta más dañina porque afecta directamente la competencia y el desarrollo de los mercados. Al respecto, se propone robustecer las herramientas existentes para combatir con eficacia la colusión, aumentando el monto máximo de las multas, de modo de sancionar por sobre el beneficio económico obtenido por los infractores. También fortalece la delación compensada, como una herramienta esencial en la lucha contra los carteles; establece penas de cárcel para los responsables de actos de colusión; y prohíbe participar simultáneamente en cargos ejecutivos y de director en empresas que sean competidoras. El proyecto de ley aumenta severamente las multas y las penas asociadas a la cartelización.

Desarrollo selectivo e inclusivo

La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, puesta en marcha en 2014, es liderada por el Ministerio de Economía y tiene como objetivo principal “sentar las bases para una nueva fase de desarrollo económico”. Una que no dependa tan solo de la explotación y exportación de recursos naturales, sino que abra espacio para que emerjan sectores capaces de producir nuevos bienes y servicios, desarrollar industrias y generar polos de innovación.

Esta agenda compromete recursos fiscales por US$ 1.500 millones, destinados a financiar 47 medidas que impulsan de manera selectiva y estratégica aquellos sectores donde Chile tiene un alto potencial de crecimiento. Para el logro de estas medidas se requiere de un rol más activo del Estado, habilitando infraestructura, proveyendo bienes públicos, coordinando actores relevantes y removiendo los obstáculos al emprendimiento.

A continuación se resumen las iniciativas más importantes de la actual política de desarrollo productivo.

La Corfo se ha organizado en 5 diferentes gerencias, donde se están incorporando criterios de selectividad estratégica en la asignación de los recursos de fomento productivo. La meta es focalizar el 30% de los recursos de Corfo en los Programas Estratégicos, que reemplazan los antiguos “clúster”, desmantelados en el anterior Gobierno. En lo que respecta a los fondos transversales, que operan por la demanda, éstos están siendo descentralizados en las instancias de decisión regional.

La Gerencia de Competitividad de Corfo es la responsable de la gestión y buen funcionamiento de 37 Programas Estratégicos, que operan territorialmente en distintos niveles: nacional, meso regional y regional. Cada Programa Estratégico tiene acordada su propia hoja de ruta y un gerente designado por un Consejo Directivo, donde participan autoridades públicas, representantes del sector privado, de los centros de investigación y de la sociedad civil.

La Gerencia de Capacidades Tecnológicas de Corfo provee bienes públicos y capacidades tecnológicas, que permiten al sistema productivo desarrollarse y competir en un mundo global. La posibilidad de financiar determinados bienes públicos con recursos del Estado, está permitiendo destrabar cuellos de botella, donde ninguna de las empresas por si solas estaría en condiciones de hacerlo. Los bienes públicos son clave para el desarrollo estratégico de aquellos sectores que demuestren tener altas potencialidades de crecimiento.

Los bienes públicos son clave para el desarrollo estratégico de aquellos sectores que demuestren tener altas potencialidades de crecimiento.

Al respecto, cabe señalar que la nueva institucionalidad del desarrollo productivo cuenta con una Comisión Nacional de Productividad (2015), encargada de asesorar al gobierno en materias productivas y promover la coordinación público privada. Por su parte, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también creó su propia Comisión de Productividad, para apoyar los cambios estructurales que el país necesita.

La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento destina un capítulo especial para el apoyo del desarrollo productivo y competitivo de las EMT. En este ámbito, se destinaron US$ 450 millones para capitalizar el Banco Estado, permitiendo su expansión en el mercado crediticio de las pequeñas empresas.

Se han creado durante el último año 27 Centros de Desarrollo Empresarial y llegarán a un total de 50 durante 2016, para apoyar la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de sus respectivos planes de negocios, proveyendo de servicios estandarizados que incluyen diagnóstico, estrategia y acciones de acompañamiento. Además, se está implementando el Escritorio Digital de la Empresa, donde las EMT podrán realizar la mayoría de sus trámites en línea con el Estado, en forma ágil y segura.

Para mejorar la participación de las mujeres en la economía, las distintas instituciones de la red de fomento productivo han implementado programas especiales. El Banco Estado creó la Banca Mujer Emprendedora, destinada a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento y servicios de las mujeres. Los Centros de Desarrollo

Empresarial de Sercotec, están siendo reforzados para entregar un apoyo especializado de género. Aademás, Sercotec realiza concursos especiales para las mujeres emprendedoras (capital abeja y capital semilla). Chile Compras está promoviendo una mayor participación de las mujeres empresarias en las compras públicas. La nueva ley de cooperativas establece que las mujeres estén representadas en los directorios, según sea su participación en el total de los cooperados.

Sustentabilidad ambiental

El calentamiento global es un problema cuya solución ofrece nuevas oportunidades productivas, especialmente para reemplazar las fuentes contaminantes que emiten CO2 en el país. Entre otras cosas, el desierto de Atacama posee los más altos índices de radiación solar en el mundo y el país está actualmente transitando hacia una matriz energética basada en recursos renovables no convencionales, partiendo por la energía solar.

La Agenda del Ministerio de Energía (2014) se autoimpuso metas y objetivos para reducir los costos marginales en 30%, impulsar el desarrollo de las ERNC y transformar a ENAP en un actor protagónico que enfrente los desafíos energéticos del país.

La reforma tributaria

Nada de lo anterior hubiese sido posible si no contáramos con los recursos financieros que aportará la reforma tributaria, equivalentes al 3% del PIB, en régimen.Estos recursos permitirán financiar la reforma educacional, pero también podrán ser utilizados para sobrellevar las dificultades de un ciclo económico particularmente adverso.

La reforma tributaria fue diseñada para gravar principalmente los ingresos del decil más rico de la población. En otras palabras, la reforma tributaria es redistributiva, porque permite bajar el índice Gini, después de aplicada la reforma de impuestos.

El impacto de la reforma tributaria para las EMT, también es positivo. Se amplían las posibilidades de optar por una contabilidad simplificada, se establecen beneficios tributarios especiales para la depreciación acelerada y ahora es posible postergar hasta en 60 días el pago del IVA.

En síntesis, Chile ha consolidado una institucionalidad que ofrece amplias garantías de estabilidad económica. Por un lado, el Banco Central ha sabido mantener a raya la inflación e impulsar una política monetaria expansiva, bajo condiciones de tipo de cambio flexible. Por otro lado, el Gobierno está siguiendo una política fiscal basada en la regla del balance estructural, lo que permite elaborar un presupuesto fiscal, corregido por los efectos del ciclo económico. Los resultados están a la vista: bajo endeudamiento, bajo spread soberano y alta calificación crediticia internacional.

En su diagnóstico sobre Chile, la OCDE, señala que “los desafíos de hoy exigen ahondar en unas transformaciones económicas que rehúyan una excesiva dependencia de las exportaciones de materias primas y permitan avanzar hacia una economía basada en el conocimiento y la innovación”.

“También habrán de redoblarse los esfuerzos para garantizar que todos los chilenos participen en este proceso. Para que el crecimiento sea más inclusivo, Chile tendrá que abordar sus altos niveles de desigualdad, al tiempo que brindar mejores oportunidades al alcance de todos” (Ángel Gurria, 2015). En otras palabras, esta mirada que tiene la OCDE del desarrollo económico es coherente con la política pública seguida por Chile en los últimos dos años, de promover el crecimiento del PIB y a la vez favorecer una mayor inclusión económica y social de sus habitantes.

Entre las tareas pendientes, está la de impulsar un diálogo público privado virtuoso, que permita a Chile dar un salto hacia una sociedad basada en el conocimiento, con altos índices de productividad, mercados transparentes ydonde puedan prosperar los empresarios innovadores. Es por esta razón, que debemos construir un nuevo consenso nacional de tipo estratégico, que trascienda los gobiernos de turno y cuente con el apoyo participativo de los empresarios, los trabajadores y la ciudadanía. En este sentido, la presidenta Michelle Bachelet acaba de entregar una importante noticia al país, al declarar el Año 2016, como el “Año de la Productividad”.

Mi opinión final es que la política de desarrollo económico de largo plazo requiere de una institucionalidad acorde con los importantes desafíos que el país presenta. Para tales efectos, se debe partir definiendo la institución responsable de liderar este importante proceso, tanto a nivel sectorial, como territorial.

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Sobre el Autor

Juan Carlos Scapini

Juan Carlos Scapini

Economista de la Universidad de Chile, Master en estudios europeos de la Universidad de Roma.