Los chilenos y su demanda por una nueva Constitución

El poner en el centro del debate político la necesidad de reformular la Carta Magna es, ciertamente, inusual. De allí que se hable en la literatura de “momentos constitucionales”. ¿Cómo llegamos a esto? ¿De qué manera pasamos de la transición “ejemplar” a una virtual “crisis constitucional”? De dar respuestas a estos interrogantes se ocupa el siguiente artículo.


Javier Couso

I

Una de las peculiaridades del debate político chileno reciente es el que se esté planteando seriamente la necesidad de introducir una nueva Constitución. Esto es objetivamente anómalo, dado que normalmente las cartas constitucionales representan el marco ‘indiscutido’ dentro del cual se desarrolla la lucha política habitual. Por lo dicho, el poner en el centro del debate la necesidad de reformular dicho marco es inusual. De ahí que el jurista norteamericano Bruce Ackerman haya rotulado este tipo de coyunturas como ‘momentos constitucionales’.

¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue posible que una transición a la democracia inicialmente considerada como ‘ejemplar’ terminara en lo que puede llamarse una ‘crisis constitucional’?

Luego de dos décadas en que sólo unos pocos advertían el problema, se ha hecho evidente, tanto a especialistas como a la población en general, que el marco constitucional chileno no sólo tiene problemas de ‘legitimidad de origen’ (el haber sido impuesta por una dictadura en un proceso fraudulento), sino que impide realizar las transformaciones que la mayoría del país demanda.

La respuesta es que, luego de dos décadas en que sólo unos pocos advertían el problema, se ha hecho evidente, tanto a especialistas como a la población en general, que el marco constitucional chileno no sólo tiene problemas de ‘legitimidad de origen’ (el haber sido impuesta por una dictadura en un proceso fraudulento), sino que impide realizar las transformaciones que la mayoría del país demanda, puesto que el orden constitucional impuesto por la dictadura está diseñado para promover el status-quo.  En efecto, y como lo planteamos junto a otros colegas en el libro ‘El otro modelo. Del orden neoliberal al régimen de lo público’ (Random House Mondadori, 2013), las reglas del juego político que la Constitución de 1980 introdujo no fueron diseñadas para promover una democracia cabal, sino que para hacer extremadamente difícil alterar el diseño económico-social implementado por el régimen militar.

Los mecanismos constitucionales que dificultan realizar transformaciones profundas al orden económico-social chileno son, a estas alturas, conocidos: a) un sistema electoral binominal que favorece el empate entre las dos primeras mayorías, más allá de coyunturas extraordinarias, como la que el año pasado permitió a Bachelet contar con mayoría en ambas cámaras; b) un sistema de quórums de súper-mayoría (4/7 de los diputados y senadores en ejercicio) para reformar o derogar legislación heredada de la dictadura en una serie de materias de importancia (como la educación) y; c) una sistema de control preventivo de constitucionalidad radicado en un Tribunal Constitucional que puede echar abajo leyes aprobadas democráticamente pero que no son del agrado de una minoría de los diputados o de los senadores, representando una suerte de ‘tercera cámara legislativa’ integrada por ‘legisladores’ no electos por el pueblo.

Este sistema constitucional lleno de bloqueos impide que las instituciones formales del Estado respondan a las aspiraciones de las mayorías ciudadanas, otorgando a los herederos políticos de la dictadura (la UDI y Renovación Nacional)  un poder de veto sin parangón en las democracias consolidadas de la era contemporánea y que, en la práctica, perpetúa la legislación introducida por una dictadura militar que –hacia finales de los años ochenta— estaba totalmente imbuida en una versión especialmente radicalizada del neoliberalismo.

II

Aún entre quienes comparten un mismo diagnóstico —que Chile necesita una nueva Constitución— existen muy diferentes apreciaciones respecto de algo tan fundamental como el propio significado de lo que se demanda. Atendida esta realidad, una de los primeros puntos de la ‘agenda’ constitucional de los próximos meses será el deliberar respecto de los puntos señalados.

En este contexto, cabe preguntarse qué contaría como una ‘nueva’ Constitución. Para algunos, el despojar el actual texto constitucional de los ‘enclaves autoritarios’ mencionados en la sección anterior terminaría de democratizar la Constitución, ya que eso le cambiaría su ‘ADN’ autoritario (de ‘democracia protegida’, como la denominaron sus promotores). Para otros, esto último sería insuficiente, dado que el catálogo de derechos fundamentales que exhibe nuestra carta fundamental está sesgado ideológicamente hacia el neoliberalismo.

Desde otro ángulo, para algunos sólo una carta discutida por los representantes del pueblo reunidos en una asamblea constituyente daría lugar a una ‘nueva’ Constitución, mientras que otros señalan que –sin importar el método que se siga— si la carta de 1980 logra ser reformada para despojarla de sus aspectos autoritarios, estaríamos en efecto ante una ‘nueva’ Constitución, ya que ésta sería genuinamente democrática.

Como se advierte, aún entre quienes comparten un mismo diagnóstico —que Chile necesita una nueva Constitución— existen muy diferentes apreciaciones respecto de algo tan fundamental como el propio significado de lo que se demanda. Atendida esta realidad, una de los primeros puntos de la ‘agenda’ constitucional de los próximos meses será el deliberar respecto de los puntos señalados.

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Sobre el Autor

Javier Couso

Javier Couso

Académico de la Universidad Diego Portales. Abogado (PUC) y Ph.D. en Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de California-Berkeley