Las trabas que presenta Chile para el desarrollo de la industrialización sustentable

La Revista Política & Economía, en conjunto con el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, organizaron el seminario “Industrialización sustentable e innovación en sectores productivos en Chile”, el 28 de octubre pasado. Participaron expertos del ámbito empresarial y académico, quienes realizaron un diagnóstico sobre el estado en que se encuentra la institucionalidad sobre innovación productiva en Chile y analizaron los casos de la minería, el tratamiento de residuos y la salmonicultura.

El encuentro fue auspiciado por la Fundación Friedrich Ebert y participaron el coordinador del Magíster en Gestión y Políticas Públicas de esta casa de estudios, Eduardo Contreras; el presidente de la asociación gremial de proveedores de innovación Minnovex, Carlos Orlandi; el gerente general Ecometales (filial de Codelco), Iván Valenzuela; el gerente general de la consultora medioambiental Gescam, Hernán Durán; el profesor de la Universidad de Chile  Juan Pablo Zanlungo; y el jefe del Departamento de Análisis de Mercado de Odepa (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura), Eduardo Ramírez.

Coordinó este encuentro la integrante del Consejo Editorial de Política & Economía, Graciela Moguillansky.

Mediana minería

Al abordar el tema de la innovación en gestión financiera en la mediana minería, el profesor Eduardo Contreras sostuvo que los modelos teóricos, de competencia perfecta, no se da en el sector minero, principalmente por un problema de asimetría de información. Sostuvo que existe una baja o nula transparencia sobre el desarrollo de los proyectos y operaciones productivas, lo que se ve reflejado en la bajísima cantidad de empresas mineras chilenas abiertas al mercado bursátil: solo tres, Soquimich, CAP y Pucobre.

A su juicio, estos problemas levantan grandes barreras de entrada para las medianas empresas mineras aunque, entre tanto, las pequeñas reciben la asistencia de Enami.

Subrayó que la situación es más crítica es las actividades de exploración, dado que en el país no existen sistemas para financiar a este subsector, como por ejemplo, fondos de inversión privados o de capital de riesgo orientados a esta actividad. En cambio, destacó que en otros países, particularmente en Canadá, existen hasta incentivos tributarios para la exploración.

El profesor Contreras aseveró que “hay más posibilidades de financiamiento cuando existe más información sobre los proyectos y esto no ocurre en Chile porque los inversionistas guardan celosamente la información”. Así y todo, precisó que a partir de la aplicación de la Ley 20.235, que consagra la figura los profesionales calificadores de competencias mineras (competent persons), en los últimos años se ha estado avanzando hacia el objetivo de generar una masa crítica de proyectos, susceptibles de ser elegibles para el financiamiento.

Sin vocación innovadora

Por su parte, Carlos Orlandi lanzó una severa crítica al sector empresarial minero, por su baja capacidad y dedicación para invertir en innovación, sobre todo en equipos y tecnologías. “Lo que tenemos en Chile es una suerte de contratos de adhesión de las empresas mineras con sus proveedores y este sistema no da espacio a la innovación”, sentenció el ejecutivo. Llamó enseguida a crear las condiciones “para forzar a las empresas a que fomenten el desarrollo de proveedores locales y reduzcan sus compras en el exterior”.

Como una vía de avanzar hacia la innovación local en desarrollo de equipos y tecnologías mineras, Orlandi se mostró partidario de la asociatividad y de los esquemas colaborativos. “Esto ayuda a romper los actuales sistema transaccionales y permite avanzar hacia la agregación de valor en la minería chilena”, dijo el ejecutivo. En este mismo sentido, añadió que el Estado, a través de nuevas regulaciones, también puede contribuir a sumar innovación en el país. Dio como ejemplo el incremento del porcentaje de restricción para que las fundiciones y refinerías emitan sustancias contaminantes.

Innovación para los desechos

El gerente general de Ecometales, Iván Valenzuela, coincidió con Orlandi en que el Estado debe liderar los estímulos para la innovación local, a través de regulaciones. Y dio como ejemplo su propia empresa: “Si no hubiera sido por una decisión del Estado de aumentar las regulaciones ambientales, Ecometales no existiría”. Esto porque su giro es buscar soluciones para la reducción y disposición de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos que producen las operaciones mineras.

Valenzuela dijo que la sistemática baja en las leyes de contenido de cobre en los yacimientos chilenos, año a año elevan los volúmenes de material estéril que se saca de las minas. Señaló que en el periodo 2004 a 2014 la ley promedio del cobre chileno bajo de 2% a 0,6% y que “esto ha llevado a que junto con producir seis millones de toneladas de cobre fino al año, también se produzca un millón de toneladas de material estéril y relaves al día, de lo cual las empresas se tienen que hacer cargo”, sentenció el ejecutivo.

Además, “son residuos que hasta ahora el país no le saca valor”, añadió.

Por otra, Valenzuela dijo que la poca cantidad de refinerías de cobre en el país (seis en total), obedece a una visión rentista del negocio minero, ya que éstas requieren de altas inversiones en modernización para reducir las emisiones. Sentenció que tal enfoque se está viendo amenazado porque las refinerías chinas, a donde se envía la mayor parte del concentrado de cobre chileno, anunciaron que elevarán las exigencias para bajar las impurezas de esta sustancia. Precisó que en la actualidad Chile envía concentrados a las refinerías chinas con entre 1 y 3% de impurezas, y que en el mediano plazo éstas sólo aceptarán hasta 0,6% de contenidos de éstas.

Iván Valenzuela contó que su empresa se encuentra desarrollando un proyecto único en el mundo, destinado a reducir el arsénico del cobre. “Chile produce 40.000 toneladas de arsénico, como consecuencia de la producción de cobre y nuestro desafío es aumentar la extracción de este elemento, altamente contaminante, mediante un procedimiento de lixiviación de concentrados a vapor”.

Gestión de residuos

El gerente general de Gescam, Hernán Durán, explicó la importancia del proyecto de ley que se tramita en el Congreso, para actualizar las regulaciones en el manejo y tratamiento de residuos industriales. Citó el caso particular de los neumáticos viejos, que generan 127.000 toneladas de desechos al año, así como otras miles de toneladas de basura por baterías, pilas, envases de plástico, artefactos eléctricos y electrodomésticos, medicamentos, diarios y revistas, plaguicidas y vehículos.

Durán abogó para que el país siga avanzado en la industrialización innovadora del tratamiento de residuos.

Salmonicultura

En el último panel del seminario sobre industrialización sustentable, los expertos Juan Pablo Zanlungo y Eduardo Ramírez, abordaron la situación de la industria del salmón, a partir de la crisis del virus ISA, que estalló en 2007. Recordaron que se trató de una experiencia dramática de falta de previsión y de ausencia de regulaciones ambientales y santitarias, provocando graves consecuencias económicas y sociales en las regiones Décima y Undécima de país.

Zanlungo recordó que esta crisis dejó sin empleo a 26.000 trabajadores, redujo la producción de salmones a la mitad (400.000 toneladas) y significó una pérdida total de US$ 5.000 millones.

Destacó que la crisis fue superada con la introducción de severas normas legales para el control de la industria. Aquí, Zanlungo opinó que “este es un caso prototípico de resiliencia industrial”, porque en poco tiempo Chile volvió al segundo lugar de la producción mundial, después de Noruega. Precisó que para superar la crisis se dio una estrecha colaboración público-privada, que incluyó cambios legales.

A su juicio, esta crisis obligó a un cambio severo en el modelo productivo del salmón, tendiente a garantizar una mayor sustentabilidad. Entre otras cosas, se ajustaron las reglas del juego para las concesiones acuícolas; se delimitaron con mayor precisión las macrozonas para instalar los cultivos; y se establecieron periodos de descanso para respetar el ciclo natural de los peces. “Las concesiones fueron autorizadas para ser transadas y esto a su vez permitió que las empresas las pudieran dejar en prenda para acceder a créditos en los bancos, permitiendo con ello un mejor acceso al crédito”.

Frente a la actual coyuntura, de bajos precios del salmón y las crecientes exigencias ambientales y sanitarias, en los países consumidores de este alimento, el experto señaló que la autoridad no debiera ceder a las presiones de los empresarios y flexibilizar las regulaciones.

Miopía colectiva

Por su parte, Eduardo Ramírez calificó la crisis del salmón como un caso de miopía colectiva, porque a ella contribuyeron de manera simultánea el Estado, los empresarios, los trabajadores y los habitantes de las regiones salmoneras. “Cuando todo marchaba bien y se ganaba dinero, a los pocos que advirtieron el riesgo no se les hizo caso”, señaló el profesional. A esto se agregó el poder de las empresas para hacer lobby a su favor y lograr, entre otras cosas, sacar leyes en tiempo récord, añadió.

Según Ramírez, “el Estado fue el gran promotor de esta industria, pero una vez que se alcanzó el éxito, no fue capaz de regular el negocio”.  

A juicio de este experto, en esta industria salmonera sigue prevaleciendo la consigna de la autorregulación y advirtió que hasta ahora el Estado y sus organizaciones “no logran pasar de la función promotora a una de regulación, mientras las empresas transforman esto en una oportunidad para mantener costos bajos”.

 

Presentaciones

Juan Pablo Zalungo

Eduardo Contreras

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Editor Política & Economía