Las dudas que no respondió el Tribunal Constitucional sobre la gratuidad en educación superior

Con motivo del fallo del Tribunal Constitucional (TC), que acogió parcialmente el requerimiento de algunos parlamentarios contra la propuesta del Ejecutivo para iniciar la gratuidad en la enseñanza superior, surgen dudas razonables sobre el fondo de la controversia y la aparente inacción del Estado para llevar adelante una política de discriminación sustantiva por calidad de las instituciones privadas de educación superior.


Por Carlos Ugarte Soto, abogado

El fallo del Tribunal Constitucional -que aún no se conocía hasta el momento de escribir este texto- tendría escaso interés jurídico, salvo la argumentación sobre la razonabilidad de los criterios limitativos contenidos en la glosa que motivó el requerimiento. El fallo es sustancialmente político. Me limitaré a emitir algunas opiniones sobre el proyecto de gratuidad y su esencial vinculación con la calidad académica y profesional de la educación de post grado medio.

Aceptar que los criterios de elección de las instituciones con acceso a la primera etapa de gratuidad perjudica a los educandos más vulnerables es un argumento falaz para defender los intereses de las universidades privadas que violan la ley al lucrar con la educación universitaria, directa o indirectamente, perjudicando de paso a otras corporaciones sin fines de lucro y de alta calidad académica que felizmente existen, que se beneficiaban con las condiciones de elegibilidad contenidas en la glosa.

El verdadero conflicto es exclusivamente político e ideológico: el Estado debe subvencionar la demanda o la oferta.

El verdadero conflicto es exclusivamente político e ideológico: el Estado debe subvencionar la demanda o la oferta. Tal es así que uno de los más distinguidos diputados requirentes -preguntado sobre qué solución tiene la situación planteada por el fallo del TC-, afirmó casi textualmente que los recursos de la glosa debían transformarse en becas complementarias de las ya existentes que cubran la diferencia entre el arancel de referencia y el arancel real. La intención, entonces, es claramente continuar con un sistema que transfiera indiscriminadamente recursos del Estado a instituciones con fines de lucro de dudosa calidad académica y profesional. Ese es el problema: la razonabilidad de esta situación.

Es difícil entender por qué los diputados requirentes que conocen la realidad descrita, por el intenso debate político en que han participado, se atrevan a encubrir con el derecho a la educación gratuita y de calidad los intereses de quienes lucran con la formación que entregan por aranceles desmedidos no regulados y, eventualmente, defraudando a los educandos y a sus familias. También es inexplicable que la mayoría del TC que conoce la realidad de la llamada educación superior chilena, mejor que los señores parlamentarios (porque varios de ellos dictan cátedra en algunas de las instituciones privadas), no hayan advertido la verdadera intención del requerimiento.

Por otra parte resulta igualmente incomprensible que el gobierno que propicia la política de gratuidad y de calidad para la educación superior no actúe con mayor convicción y oportunidad y con publicidad dentro de sus atribuciones legales y reglamentarias que las tiene, para atacar severamente el lucro y el fraude. Esta conducta afecta a los postulantes y a los alumnos de universidades privadas sin fines de lucro, de excelencia académica y eficiencia en la formación profesional que sí existen y que significan un valioso aporte a la diversidad de modelos de educación universitaria.

Preguntas

En el sentido indicado cabe preguntar ¿cuál es la labor realizada por la Comisión Nacional de Acreditación?; ¿por qué no se ha utilizado el mecanismo de intervención, con la minúscula excepción de la Universidad Arcis?; ¿qué pasa con la investigación de la Fiscalía Nacional sobre los delitos cometidos con ocasión de las acreditaciones fraudulentas?; ¿cuál ha sido la colaboración que ha prestado el Ministerio en este proceso?; ¿ha despachado los informes solicitados por la Fiscalía o el Tribunal?; ¿qué destino tuvo el informe preparado por la abogada, o funcionaria, de la División de Educación Superior del Mineduc, doña Dorothy Pérez?, etc.

Párrafo aparte merece las siguientes preguntas: ¿ha respondido el Ministerio de Educación los reiterados oficios enviados por el diputado Mario Venegas contestando los cuestionarios planteados por éste en relación a las denuncias y querellas que afectan a algunas universidades privadas?; ¿ha contestado el SII los oficios del mismo diputado -presidente a la sazón de la Comisión de Educación de la Cámara- sobre la situación tributaria de las universidades de propiedad de consorcios extranjeros con fines de lucro, como Apolo y Laureate ?

Por sus implicancias formulo separadamente la siguiente interrogación: ¿qué intereses tan poderosos impiden al Estado avanzar en entregar a la ciudadanía los resultados de sus investigaciones sobre la violación de la ley que prohíbe el lucro en las universidades y sus implicancias?

La legitimidad de esta pregunta da pábulo a las más insólitas y hasta ridículas hipótesis, como por ejemplo, que la Embajada de Estados Unidos esté interviniendo a favor de las empresas Apolo y Laureate; que las universidades dependientes de éstas y otras se sientan protegidas por importantes personeros de la élite política que ejercen como directivos o profesores de éstas; que las diversas reparticiones del Ministerio de Educación actúan descoordinadamente y hasta colisionan, ya que la burocracia sigue diversos caminos de acuerdo a los intereses de los partidos de la coalición gobernante, además de otras especulaciones inabordables.

Espero que las firmes y claras declaraciones de la Presidenta de la República y de sus Ministros de Hacienda, de Educación y Secretaría General de Gobierno sobre el fallo y sus consecuencias sirvan de guía ordenadora de la gestión de las instituciones del Estado.

Recomienda este artículo
  • gplus
  • pinterest

Sobre el Autor

Editor Política & Economía