Cómo y por qué las AFP se siguen disparando a los pies

En plena pandemia del coronavirus las administradoras de fondos de pensiones chilenas están dando nuevas muestras de que ellas mismas se disparan a los pies, tomando decisiones inoportunas y alimentando su irrefrenable impopularidad. En plena crisis sanitaria y económica, tres de las mayores AFP que operan en Chile anunciaron el reparto de utilidades. Sí, de las ganancias obtenidas por los accionistas-controladores de estas empresas.


Por Niccolo Moro

En plena crisis sanitaria y económica global desatada por el Covid-19, que de paso ha desplomado la rentabilidad de los fondos previsionales, perjudicando a los trabajadores que están a punto de pensionarse, las AFP Provida, Habitat y Capital anunciaron el reparto de utilidades para sus accionistas. Esto, como si se vivieran tiempos normales.

Fue la propia ministra del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Sebastián Piñera, María José Zaldívar, quien dio a conocer la noticia: que tres de las AFP más grandes del sistema previsional chileno, Provida, Habitat y Capital, habían decidido repartir las utilidades obtenidas en 2019, ahora, en abril (1). Provida entregaría a sus accionistas US$ 100 millones; Habitat US$ 47,5 millones (el 30% de las ganancias que reportó el año pasado) y Capital pretendía distribuir US$ 30,6 millones a sus actuales dueños.

Provida está controlada por MetLife, de Estados Unidos; Habitat por una sociedad donde participan en partes iguales la Cámara Chilena de la Construcción y Prudential Financial, holding financiero, con sede en Nueva Jersey; y Capital, por el grupo financiero Sura, de Colombia.
Esto significa que la mayor parte de las utilidades a repartir irán a los bolsillos de inversionistas extranjeros, gracias al gentil auspicio de los trabajadores chilenos que -en lo que va corrido de 2020- resultan ser perdedores netos en este negocio. Según la Superintendencia de Pensiones (2), en los últimos 12 meses (abril de 2019 a marzo de 2020) la mayoría de los fondos en que invierten las AFP presentaron rentabilidades reales negativas. En el caso de Provida, la pérdida promedio es de -3,9; la de Habitat, -3,6%; y la de Capital, -4,1%.

Reforma en marcha

Mucho antes de la actual crisis, el sistema previsional privado chileno, otrora considerado por sus creadores como un ejemplo a seguir a nivel internacional, acumulaba un fuerte rechazo social por las bajas pensiones que entrega a sus afiliados. O sea, por haber fallado en cumplir con el objetivo clave que explica su existencia. Mientras a nivel masivo el eslogan “No más AFP” sigue creciendo y arraigándose en el sentir popular, el gobierno trata de reformar el sistema para salvar parte importante del core del modelo económico neoliberal implantado en dictadura.

Sin embargo, desde las mismas AFP surgen groseras señales de sus controladores para ir en sentido contrario de las reformas, generando más aversión en un momento crítico. En medio de las turbulencias, en el Congreso se discute la reforma promovida por el Presidente Sebastián Piñera, sobreponiendo ésta a la propuesta de reforma de su antecesora, Michelle Bachelet.

Desde las mismas AFP surgen groseras señales de sus controladores para ir en sentido contrario de las reformas, generando más aversión en un momento crítico.

Tal como está, el paquete de reformas salva la esencia del sistema de AFP. Incluso, la propuesta de crear una AFP estatal, hecha durante el segundo gobierno de Michelle Bachetet, es condescendiente con el sistema privado de previsión. Entre otras cosas, porque tiende a reforzar el modelo de competencia, en que las AFP privadas tienen una vasta experiencia y sus principales gestores forman parte de grandes conglomerados financieros transnacionales.

De paso, esto último explica por qué los controladores de Provida, Habitat y Capital actúan con displicencia respecto del amenazante futuro para las AFP en Chile: porque así como llegaron pueden irse del país. Una de las características del capital transnacional es que no conoce fronteras y es capaz de entrar y salir de los mercados locales, al ritmo de las ganancias esperadas. De este modo, los inversionistas de MetLife, Prudential Financial y Sura, no tienen su futuro comprado en Chile y si las condiciones no les favorecen, saben que pueden irse en cualquier momento, para asegurar sus capitales y el rédito que esperan sus accionistas.

Entonces, sumando y restando, ¿qué les pudo haber importado a MetLife, Prudential Financial y Sura el daño colateral al sistema de AFP chileno, la decisión de retirar utilidades, en medio de la crisis?

Claramente, esta medida es contradictoria con el intento de “la industria” de las AFP de recuperar algo del prestigio que tuvieron en sus primeras décadas de operación (1980 y 1990), cuando aún no se sometían al test de esfuerzo, de responder como se esperaba a la creciente ola de trabajadores que empezó a pensionarse por edad, a partir de la década del 2000. El test ya se hizo y las AFP no pasaron la prueba. Por eso se vislumbra cada vez más difícil el panorama hacia el futuro, mientras aumenta la presión social y política para terminar con este sistema.

Alternativas sistémicas

Las alternativas van desde volver al sistema de reparto, hasta crear un sistema mixto, que combine la capitalización individual con uno solidario (incluyendo el aporte del Estado, como de hecho ocurre con el pilar solidario y con el financiamiento de las pensiones básicas solidarias). También se da la posibilidad de obligar a las actuales AFP a convertirse en instituciones de previsión sin fines de lucro.

Por tratarse la previsión de un derecho social básico, estas alternativas cobran validez en el debate constitucional que está pendiente de resolver en Chile. Mientras tanto, lo que está claro es que el Estado debe garantizar este derecho y que el sistema de AFP, tal como está, no ayuda a resolver este desafío, lo que explica por qué ha perdido legitimidad social y política.

Por eso resulta sorprendente observar por estos días el desapego de los controladores de las AFP con la responsabilidad social que debieran tener por el hecho de gestionar recursos destinados -supuestamente- a generar bienestar social. En este caso, a la finalidad de entregar buenas pensiones, aun a costa de sacrificar sus ganancias. Esto no fue previsto que ocurriera en el Decreto Ley 3.500 que dictó el dictador Augusto Pinochet en 1980, iluminado por su entonces ministro del Trabajo y Previsión Social José Piñera.

Aunque el mencionado cuerpo legal distingue claramente entre el deber de cautela de los fondos de los trabajadores y el capital que invierten (en las administradoras) los empresarios que gestionan aquellos, lo hacen motivados por el lucro. Este lo pueden conseguir por dos vías: una directa, que es el cobro de la comisión de administración a sus clientes cautivos que son los trabajadores afiliados, y que explican las utilidades obtenidas en 2019; y por la vía indirecta de colocar estos mismos ahorros de los trabajadores en el mercado de capitales, favoreciendo negocios conexos.

Por lo tanto, el rechazo colectivo más profundo a las AFP proviene de la simple comparación entre el afán de lucro de los que manejan estas empresas y las miserables pensiones (autofinanciadas) que en promedio pagan las AFP: $ 151.146 (US$ 176) en la modalidad de retiro programado; y $ 297.256 (US$ 347) por la vía de renta vitalicia, según cifras de la Superintendencia de Pensiones, en su boletín estadístico N° 88, de marzo de 2020.

(1) El Mercurio, 20 de abril de 2020; página B9.
(2) Ver: https://www.spensiones.cl/apps/rentabilidad/getRentabilidad.php?tiprent=FP&template=0
Recomienda este artículo
  • gplus
  • pinterest

Sobre el Autor

Editor Política & Economía