La fronda conservadora frente a la reforma laboral

La reforma laboral está teniendo el mismo destino que la reforma tributaria: al final se constituyó un frente conservador de economistas como bastión de defensa ideológica del mundo empresarial. En el caso tributario se trató de corregir lo menos posible las modalidades de tributación empresarial. Esta tributación se hacía solo sobre las utilidades retiradas, generando así el conocido Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).


 

Por Alexis Guardia Basso
La reforma laboral que se discute en el Congreso entra en su etapa final. La propuesta del gobierno se focaliza en la relación entre el mundo asalariado que representa el 70% de la ocupación y que se concentra en las empresas medianas y grandes, excluyendo las microempresas. Es decir, abarca aproximadamente el 25% del total de las empresas en Chile. Es una reforma que después de 25 años del retorno a la democracia aborda por primera vez los temas que limitan el derecho a huelga y el poder de negociación de los sindicatos. Entre otras cosas, estas limitaciones explican la baja cobertura de negociación colectiva en el país, en torno al 9% del universo de trabajadores. Se trata de un pobre desempeño, respecto de los países de la OCDE, donde destacan Suecia, con el 90%; Alemania, 62%; y Estados Unidos, 17%.
Lo que resulta llamativo en la discusión del proyecto es el surgimiento de un frente conservador tecnocrático que confunde “derecho del trabajo” con “derecho al trabajo” y que políticamente va desde la oposición hasta parte de la Nueva Mayoría. Su argumentación se focaliza en dos temas fundamentales: el reemplazo interno durante la huelga y los presumibles efectos económicos de la reforma laboral (véase inserción en El Mercurio, de la Fundación Ciudadanos en Acción, publicada el domingo 18 octubre de 2015).
La argumentación a favor del reemplazo interno se apoya en dos ideas básicas. La primera es que la huelga que realiza un sindicato que representa un grupo pequeño de trabajadores puede paralizar completamente a la empresa. En general, este argumento viene casi siempre acompañado con el ejemplo del Metro. Según estas tesis, habría que equiparar las condiciones de negociación, lo que no se lograría solo regulando los servicios mínimos de acuerdo con las disposiciones de la OIT.
El segundo argumento es que el reemplazo de los trabajadores huelguistas y el descuelgue ya se acepta en buena parte de los países desarrollados (OCDE), no comprometiendo el derecho a tener una huelga efectiva.

Representatividad

Respecto al primer argumento, el abogado laboralista chileno Diego López afirma: “Tal y como lo ordena la ley laboral vigente (y lo ratifica el proyecto de ley) la huelga, de hacerse efectiva, comprenderá única y exclusivamente a los trabajadores involucrados en la respectiva negociación colectiva, de manera que no es posible que una huelga decidida por un sindicato que representa a un grupo pequeño de trabajadores logre paralizar completamente a una empresa.” (1).
Naturalmente un sindicato pequeño pero estratégico puede entorpecer el funcionamiento de la empresa, pero tratándose de una de utilidad pública, como el Metro, existe la obligación de ofrecer un servicio mínimo. Si la empresa no fuera de utilidad pública la huelga declarada por uno de los sindicatos cuyos miembros cumplen funciones estratégicas en la empresa, sí tendría efectos mayores en el funcionamiento, por lo tanto -según la argumentación analizada- “se estaría entregando un poder monopólico al sindicato para mediante huelgas sin reemplazo ni descuelgue lograr alzas artificiales de salarios” (Véase a Juan A. Fontaine en “Manifiesto en inserción mercurial”. Es decir, el reemplazo interno, que tiene que ver con el derecho a huelga, estaría basado más en el principio de la igualdad de las partes y en la libertad contractual (lo que otros dicen de manera más prosaica “emparejando la cancha”) que en los fundamentos del derecho del trabajo de inspiración liberal, el que no puede ser otro que enmarcar la relación del trabajo asalariado donde uno puede mandar y otro obedecer.
“Allí donde el derecho de los contratos postula la autonomía de la voluntad individual, el derecho del trabajo, organiza la sumisión de la voluntad. El contrato del trabajo incorpora así una antinomia que el derecho romano había percibido bien negándose a admitir que un hombre libre pueda seguir siéndolo cuando él se pone al servicio de otro” (2).
La actual demanda de incorporar el remplazo interno en caso de huelga cuando al mismo tiempo se pide que el aviso de huelga tenga que ser dado a la empresa con 45 días de anticipación, tiene poca relación con el derecho del trabajo. Más bien tiene que ver con la “pillería” criolla que le permite a las empresas armarse bien para hacer frente a la huelga y quitar toda efectividad a esta última.
Por otra parte, el argumento de que el reemplazo interno ya se hace en la mayoría de los países de la OCDE, es impresentable cuando sabemos que a la fecha son situaciones incomparables entre Chile y dicha organización. Esto es, desde el punto de vista de cobertura de la negociación colectiva, de la negociación por ramas, de las negociaciones tripartitas entre empresas, sindicatos y Estado para abordar temas laborales de largo plazo como capacitación, productividad (en el caso de los países escandinavos), o de corto plazo cuando se trata de hacer frente a una crisis de actividad y empresarios y sindicatos acuerdan bajar salarios o disminuir la jornada de trabajo (como lo fue en el caso de Alemania).
Chile está años luz en sus relaciones laborales respecto a las que rigen en la OCDE y esta brecha no va disminuir porque se adopte el reemplazo interno frente a la huelga, que solo permite algún grado de reemplazo parcial a través de turnos realizados con trabajadores internos.

Chile está años luz en sus relaciones laborales respecto a las que rigen en la OCDE y esta brecha no va disminuir porque se adopte el reemplazo interno frente a la huelga.

Efectos en salarios y empleo
El segundo argumento del frente conservador es que la reforma laboral tendrá como consecuencia un aumento de los salarios y del desempleo, debido a que al crecer el costo salarial se generaría un efecto de sustitución instantáneo de mano de obra por capital. Este razonamiento está inspirado en la visión neoclásica de la economía. A su vez, esta teoría tiene dos supuestos: primero que el nivel global de demanda y producción no cambia y que dado el régimen de competencia de la economía (donde entre otras cosas, no existe la colusión de precios) se tiende al pleno empleo.
Hace mucho tiempo Keynes y Kalecki demostraron el esoterismo de la teoría neoclásica en su versión más ortodoxa, pues si el aumento de salario se traduce en aumento de precios las ganancias nominales de las empresas respecto a sus deudas crece, lo que hace aumentar la inversión, el ingreso y el empleo; o bien, si en el corto pazo las decisiones de inversión y el consumo capitalista provienen de las ganancias obtenidas, el aumento de salarios genera un aumento del consumo de los asalariados y del nivel de actividad y empleo.
La reforma laboral está teniendo el mismo destino que la reforma tributaria: al final se constituyó un frente conservador de economistas como bastión de defensa ideológica del mundo empresarial. En el caso tributario se trató de corregir lo menos posible las modalidades de tributación empresarial. Esta tributación se hacía solo sobre las utilidades retiradas, generando así el conocido Fondo de Utilidades Tributarias (FUT).
Las razones para mantener esta situación anómala, es que gracias a ella, el ahorro privado sobre el PIB había aumentado del 15 al 18%, en casi tres décadas (lejos del ahorro alcanzado en los países asiáticos), sin considerar que el sector empresarial chileno tiene los más bajos niveles de gastos en “desarrollo e investigación” de la OCDE, del orden del 15% cuando en dicho organismo es más del 60% (según actual Ministro de Hacienda). Esto sin olvidar que el FUT ha alcanzado un nivel casi equivalente a un PIB y desde donde las empresas chilenas hacen operaciones ajenas a la inversión productiva y al desarrollo tecnológico.

 

(1): los argumentos del abogado Diego López, han sido expuestos en sus columnas publicadas en el diario electrónico El Mostrador: http://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/09/17/el-partido-antisindical/

(2): Alain Supiot «Critique du droit du travail», pág. 109. Presse Universitaire de France 3. París, edición 2015.

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Sobre el Autor

Alexis Guardia

Alexis Guardia

Economista de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris IX. Dauphine.