La encrucijada del gobierno de Piñera, después de la pandemia

Como lo hemos visto actuar en la crisis sanitaria producida por el coronavirus, las medidas adoptadas por el gobierno de Sebastián Piñera ponen en primer lugar el impacto que el gasto social puede originar en el déficit fiscal, en detrimento del costo social que implica atender integralmente a los afectados directamente por el covid-19, como también a los trabajadores y sus familias que se han visto perjudicados por el cierre de la economía, la paralización de actividades y la enorme cesantía que superaba largamente el 10%, a mayo pasado.


 

Por Rubens Francois Inostroza

Al 18 de octubre de 2019 la gestión política el gobierno de Sebastián Piñera estaba basada en un formato más cercano al gerenciamiento del mundo de la empresa privada que del gobierno de un país. Después del estallido social ocurrido en esa fecha, este gobierno comenzó a tener una mayor apertura a las demandas sociales, apremiado por las circunstancias que lo hicieron tambalear, hasta marzo pasado, cuando el país comenzó a ser azotado por la pandemia del coronavirus.

Notoriamente, la crisis sanitaria le ha dado a Piñera un respiro, una oportunidad para recuperar el control político y apaciguar la creciente rebeldía social que emergió en octubre pasado. El control lo ha ejercido mediante la adopción de medidas extraordinarias, entre las cuales se cuentan la declaración del estado de emergencia, que incluye el refuerzo militar para las fuerzas policiales; el toque de queda, las restricciones para el desplazamiento de las personas y las largas cuarentenas que se vienen aplicando desde marzo pasado y que hacia fines de junio afectaban a más de la mitad de la población del país.

Paradójicamente, la crisis sanitaria del covid-19 le han permitido al gobierno de Piñera una base de sustentabilidad política que había perdido hasta mediados de marzo pasado y conforme a ello, en medio del manejo de esta crisis sin precedentes, ha recuperado parte de su modelo de gestión, enfocado en la contención del gasto fiscal y del protagonismo del Estado. De otro modo, no se explica por qué ha estado aplicando medidas de a gotera y cediendo al aumento del gasto cuando los hechos han sido irreversibles, sea porque la crisis sanitaria en vez de disminuir ha crecido; o cuando los propios partidarios del gobierno de derecha lo han desafiado a aumentar el gasto para enfrentar esta emergencia (1).

Externalidades

A modo de recapitulación conceptual, el costo social se refiere a lo que la sociedad debe pagar por mantener funcionando la producción. El costo social es la suma de los costos privados más los costos externos, que tiene que ver con el impacto de esta producción en la sociedad.
Por ello se habla de externalidad, cuando los costos o beneficios de producción y/o consumo de algún bien o servicio no se reflejan en su precio de mercado. En otras palabras, existen externalidades cuando los costos o los beneficios privados no son iguales a los costos o los beneficios sociales.

La política económica de un gobierno que se considere democrático, republicano y ciertamente responsable, siempre obligará a éste a evaluar el costo social en todos sus planes, programas y proyectos. O sea, no se trata solo de evaluar el costo económico que implica para las finanzas públicas dar, por ejemplo, un bono o subsidio por alimentos a los hogares más pobres, en qué monto y a cuántos de éstos.
La consideración y evaluación del costo social debe hacerse cargo de medir del impacto que tiene en los hogares el monto de un bono o subsidio que no sea suficiente, especialmente, si no ayuda a satisfacer el mínimo de subsistencia, y más aún, si quedan muchos hogares con las mismas necesidades sin ese beneficio.

El costo social debe ser no sólo medible, en relación a cómo afecta un determinado subsidio que no cubra la necesidad para el que fue entregado, sino también evaluar qué otro costo tendrá que asumir la sociedad si no se corrige aquel déficit, por ejemplo, en relación a la estabilidad y la paz social que produce una mala política pública; o una política que no se hace responsable de los costos alternativos que paga la sociedad en su conjunto.

El gobierno de Piñera ha dejado clara su responsabilidad y tendrá que asumirla, si continúa ignorando el costo social de su gestión.

El gobierno de Piñera ha dejado clara su responsabilidad y tendrá que asumirla, si continúa ignorando el costo social de su gestión.
La errática gestión de Piñera para enfrentar la más extendida y letal pandemia que ha sufrido la humanidad en el último siglo, con um grave impacto en la actividad económica, podría encontrar una explicación en el ADN de la élite que gobierna Chile. Esta élite al privilegiar el interés económico, el interés de las empresas (especialmente de gran tamaño), en definitiva, al poner por sobre el interés social el interés privado, ha estado lejos de incluir en toda su magnitud, importancia y urgencia las necesidades de la mayoría de una población, que ha tenido que asumir con sus propios medios buena parte del costo de la pandemia.

Esto explica, por ejemplo, el sentido que subyace en la ley de protección del empleo (2), que echa mano al seguro de cesantía perteneciente a los trabajadores, para “autopagarse” un subsidio temporal mientras tengan suspendidos sus empleos en las empresas que se acogen a este mecanismo. Este mismo procedimiento ha querido usar el gobierno de Piñera para ir en ayuda de las madres trabajadoras que se encuentran con postnatal, negándose a entregar un subsidio adicional para extender este derecho. De recurrir a esto último, se afectarían las aseguradoras privadas (isapres) y el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), abultando de paso el gasto fiscal.

En la estrategia del gobierno de Piñera prima el enfoque económico y el afán de proteger a las empresas, aunque ello vaya en perjuicio de los trabajadores. Al enfrentar esta pandemia por fases y de manera parcial o zonificada, evitando incorporar territorios completos o macrozonas, lo único que ha logrado es agravar la crisis. La mejor demostración de esto es el recrudecimiento de los contagios y las muertes en los centros mineros de la Región de Antofagasta, particularmente en Calama y Chuquicamata, donde se ubica el principal centro productivo de Codelco.

Posiblemente, la estrategia de control parcial aplicada por el gobierno de derecha apuntaba a que de que esta forma el país iba a tener un menor costo económico.

Sin embargo, esta equivocada visión incide en un mayor costo social, arrastrando a un escenario mucho peor. En efecto, la poca credibilidad en las cuarentenas parciales, incluso dentro de una misma comuna, o bien suspendiéndolas al poco andar, ha obligado al gobierno a declarar nuevamente cuarentenas totales en aquellas comunas, lo que ha significado prolongar el confinamiento de más la mitad del país y con ello alargar la paralización de buena parte de la actividad económica.

La laxitud de la equivocada estrategia sanitaria del gobierno, está afectando con mayor fuerza a la población más humilde. Además, esta laxitud tuvo el efecto de transmitir a la población una conciencia pasiva que derivó en una conducta reñida con las recomendaciones de la OMS y del mundo científico y médico local, como lo demuestran las altas cifras de movilidad y de incumplimiento del confinamiento a que obliga la pandemia.
El fracaso del gobierno en la crisis sanitaria quedo a la vista con la renuncia del ministro de Salud Jaime Mañalich (3), quien auspició y defendió su estrategia de parcialización de las medidas de confinaniento, obviamente, con el apoyo del Presidente Piñera en ese periodo.

Estrategia de ayuda por goteo

Mientras tanto, sin la ayuda monetaria estable y directa a la población más vulnerable y a la clase media que ha quedado sin ingresos, debido a la cesantía y/o al cierre de sus negocios, no es posible garantizar el confinamiento más estricto para evitar la propagación de la pandemia. El nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por el cual presionaron economistas de izquierda, derecha y centro, fue aprobado en la segunda quincena de junio y en el mejor de los casos beneficiará al 80% de los hogares más vulnerables, inscritos en el Registro Social de Hogares (4). Por lo tanto, a este subsidio no acceden todos los pobres del país, ni tampoco los enormes sectores de la clase media que de un día para otro cayeron en la pobreza por efecto de la parálisis económica generada por la pandemia.

Por otro lado, la mayoría de las Pymes no ha podido acceder a los créditos de emergencia garantizados por el Estado, mediante el Fogape, que les debiera entregar la banca comercial. La garantía estatal es por un total de US$ 24.000 millones, como estruendosamente lo divulgó el gobierno al momento de anunciar la medida. Sin embargo, según informaciones del propio gobierno, estos créditos debieran llegar a unas 500.000 pequeñas y medianas empresas, de un universo de 900.000 Pymes que existen en el país. En el momento de escribir este artículo el avance en la entrega de estos créditos era muy lento y de manera parcializada. Es decir, los bancos no estaban entregando los montos solicitados por las Pymes, pese a que cuentan con el aval del Estado. La única explicación que cabía sobre este actuar moroso de la banca es que esta oferta de crédito tiene un límite en la tasa de interés y los mismos banqueros aclararon que no se trata de un negocio ventajoso para ellos.

Cuando se haga el recuento del resultado de esta “ayuda” crediticia, no solo habrá que considerar el número de Pymes beneficiadas, sino también la proporción de aquellos US$ 24.000 millones de garantía estatal que finalmente será prestada a las empresas de menor tamaño. Esto porque las quejas de los pequeños y medianos empresarios apuntan no solo a las trabas para acceder a estos créditos, sino también a los bajos montos que les están otorgando los bancos.

La entrega de recursos del gobierno por “por goteo”, en esta crisis sanitario-económica, no solo no está respondiendo a la urgencia con que los hogares pobres, las clases medias empobrecidas, los cesantes y los trabajadores por cuenta propia esperan la ayuda, sino que además está alimentando una crisis social y política aun más grande que la que sobrevino con el estallido social de octubre de 2019. Esto porque a las antiguas demandas sociales insatisfechas en los planos de la salud, la educación y la previsión, se suma el descontento generalizado por la sensación de abandono en medio de la pandemia del coronavirus.

Ni siquiera el efecto sedante por la entrega cajas de alimentos, de bonos y subsidios, al menos en montos cercanos a la línea de la pobreza, garantiza que el gobierno de Piñera esté a resguardo del descontento social, precisamente por llegar tarde y porque el cúmulo de demandas ciudadanas está al borde de desafiar el orden establecido, a cualquier costo.

Debido al estallido social de octubre pasado, el gobierno de Piñera reaccionó con una nueva agenda de gobierno, cuyo plato de fondo es la realización de un plebiscito para cambiar la constitución. Este asunto pendiente, cuyos vaivenes políticos se sumarán a los efectos de la megacrisis, provocada primero por el estallido social y luego por la pandemia, abren un panorama de gran incertidumbre. En el horizonte se vislumbran nuevas turbulencias sociales y políticas, amplificadas por la sensación de tener frente a sí un gobierno que no representa a una mayoría ciudadana.

La profunda crisis de gobernanza en Chile puede conducir a escenarios insospechados; a un desenlace que puede llegar a tener altísimos costos para la población, como también a un largo periodo de inestabilidad institucional. Y cuando esto último ocurre, el efecto inevitable es una crisis económica, retroalimentada por la crisis política.

Referencias:
(1) Diez de los 16 economistas que formularon el plan de emergencia, el 11 de junio de 2020 y que fue acogido por el gobierno, para enfrentar la crisis del coronavirus en Chile son de derecha. Ver:

https://www.t13.cl/noticia/negocios/inedita-propuesta-transversal-economistas-fondo-covid-coronavirus-10-06-2020

(2) Ley 21.227, promulgada el 1 de abril de 2020. Ver: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1144080
(3) Jaime Mañalich dejó el cargo de ministro de Salud el 13 de junio de 2020 y fue reemplazado por el doctor Enrique Paris.
(4) Más información en: https://www.ips.gob.cl/servlet/internet/noticia/1421810923472/nuevo-ingreso-familiar-de-emergencia-quienes-lo-recibiran

Recomienda este artículo
  • gplus
  • pinterest

Sobre el Autor

Editor Política & Economía