“Individualismo imperante explica baja participación electoral y desconfianza en lo colectivo”

El Servicio Electoral (Servel) ha estado sometido a un constante stress administrativo y político, debido a los numerosos cambios en el sistema electoral introducidos en los últimos tres años. Además, aún no se repone de la crisis ocasionada por los gruesos errores descubiertos en el padrón electoral, en la víspera de la elección municipal de noviembre del año pasado, incluyendo la disputa con el Servicio de Registro Civil (donde estuvo la causa raíz de las fallas) y una que otra polémica con los partidos políticos, por asuntos como la inscripción de candidatos y la validación de los informes sobre gasto electoral de éstos. Ahora el Servel se prepara para las próximas elecciones, presidenciales y parlamentarias, el 19 de noviembre. Así todo, su presidente, Patricio Santamaría, se muestra tranquilo y seguro, por lo que viene.


Por María Isabel Guzmán

Sobre el estreno el 19 de noviembre del nuevo sistema electoral proporcional, que reemplazó al binominal, y los cambios que aún están en marcha en este servicio, el presidente del Consejo del Servel, Patricio Santamaría, aseguró en esta entrevista que están preparados para su implementación, “conforme a lo que expresamente indica la ley”. Aprovecha de recordar que ahora el Servel es una entidad autónoma y que en esta calidad la ley le otorga toda la autoridad y las garantías para organizar las elecciones y cumplir con una serie de actividades en orden a mantener la base fundamental en que se basa la democracia en el país. Esto es, supervisar el funcionamiento de los partidos políticos, incluyendo el control y distribución de los fondos estatales con que estos funcionan, así como fiscalizar tanto a los partidos, sus dirigentes y militantes, como los procesos electorales y la entrega de los resultados (escrutinios).

Santamaría dice que hora el Servel tiene una enorme cantidad de tareas nuevas, la mayor parte de las cuales se han acumulado entre el año pasado y el actual. Esto porque la Ley 20.900 y la 20.915 se publicaron en abril de 2016, y a pocos días tenían el cierre de la inscripción de las elecciones primarias de alcaldes, y luego las municipales de noviembre de 2016. En 2017 organizaron, por primera vez las primarias presidenciales y parlamentarias, legales (valga la redundancia). Ahora, sus casi 400 empleados (entre funcionarios de planta, contrata y honorarios) trabajan afanosamente para organizar las elecciones del 19 de noviembre: presidencial, parlamentaria y de consejeros regionales (Cores).

“Hemos tenido que estar organizando procesos electorales, y sobre los mismos, implementando las nuevas normas”, subraya Patricio Santamaría, al tiempo que reconoce que “hemos estado en una marcha blanca, porque hay reformas que no han sido fáciles de implementar, entre otras cosas, porque no hemos contado con el presupuesto necesario, ni con el número de personas necesarias”, afirma el presidente del Servel.

¿Qué le falta al Servel para mejorar lo que se está haciendo y que los ciudadanos sintamos que está funcionando bajo los estándares de modernidad adecuados?

Prefiero no anticiparme. Sin embargo, creo que el Servicio requiere una mayor cantidad de personas, con un presupuesto mayor. Por otra parte, hay ajustes que tenemos que realizar en la ley, que son probablemente menores.
Yo prefiero completar el actual proceso y en marzo o abril del próximo año, revisar lo que hicimos así como las cuentas de los partidos, los reembolsos a los candidatos, la entrega de remanentes etc., para ahí tener una visión más clara, más precisa y más completa del nuevo sistema.

¿Hay algo que le preocupe al Servel en el plano de la participación electoral, en los comicios del 19 de noviembre?

Esta será una elección compleja. Tenemos que hacer los mayores esfuerzos para garantizar que los distintos organismos que nos corresponde coordinar, funcionen lo suficientemente bien y que esté todo organizado, de la manera de estar a la altura de lo que espera la ciudadanía.
A partir de esta experiencia, el reto del país es sin duda promover la participación electoral. Creo que este es un reto que tenemos todos los actores del país, desde el más sencillo de los ciudadanos hasta el próximo Presidente o Presidenta de la República. Tenemos que mirar con seriedad lo que está pasando en nuestra democracia. Hoy día hay comunas que han bajado el nivel de participación a menos del 30%, que están eligiendo a sus alcaldes con el 17%; con el 15% o menos. La abstención es un problema que puede afectar la legitimidad de la elección, por eso, en la medida de los escasos recursos de que disponemos, estamos fomentando la participación de la ciudadanía.
Si de mí hubiera dependido, creo que habría sido importante que pusiéramos énfasis en la formación ciudadana, en la educación cívica, en el compromiso con el país. El individualismo imperante explica la baja participación electoral y la desconfianza en lo colectivo. Esto nos ha llevado a la pérdida del sentido de comunidad y se nota desde el mal funcionamiento de la junta de vigilancia en los edificios, hasta la gente dice que no vota porque el local de votación le queda lejos.
Todo eso se puede arreglar entre todos, porque al fin y al cabo este es un modelo de participación democrática que hemos ido creando entre todos.

Al fin y al cabo este es un modelo de participación democrática que hemos ido creando entre todos.

Un cambio tan drástico y fundamental como el que ha tenido el Servel implica nuevos gastos y más personas. ¿Cómo lo han hecho?

Lo que ocurre es que en la reforma de 2016, cuando se crean las nuevas plantas y servicios, se contempla un aumento del personal a contrata, de planta y a honorarios. Éramos un poco más de 300 personas a nivel nacional, y con esta nueva planta y los llamados “contratas” vamos a llegar a 400 personas.

¿Sigue siendo bajo considerando la cantidad de labores que tienen a su cargo?

Es bastante bajo, pero siempre está el ánimo de poder conversar y hacer un análisis de lo que fue la situación. Creo que el 2018 debería ser un año de balance y probablemente de reformas o de ajustes de la legislación, dentro de lo cual nosotros consideramos obviamente el tema de los funcionarios y funcionarias. Por otro lado, se consiguió un avance importante en términos de un bono electoral para los funcionarios, que han visto que sus labores aumentan. Y no solamente en año electoral, porque el control y fiscalización de partidos es algo permanente, no es solo cuando hay elecciones.
Para ser justos, en año electoral hay un presupuesto especial que nos permite contratar a honorarios a contadores auditores, que están a cargo de todo el tema de análisis de los aportes y de las cuentas. Podemos contratar equipos de abogados que se hacen cargo del desarrollo de los procesos, los procedimientos de sanciones que van estudiando. El personal del Servel está desde tres días antes de la elección en los locales de votación, y ello implica que cuando uno tiene más de 2.000 locales, hay alrededor de 5.000 personas que trabajan los días previos y el día de la elección. Durante la elección misma, estos equipos nos permiten digitalizar y transmitir y las actas que van saliendo de las respectivas mesas, para tener un resultado rápido, como de hecho se ha podido dar en las últimas elecciones. Las mesas cierran a las 18 horas y ya a las 19:15 los primeros resultados parciales.

¿Ahora necesitan un mayor número fiscalizadores?

Hay un presupuesto especial para personas que han podido ser contratadas en años electorales. Pero eso para ciertas funciones específicas, porque si vamos a contratar solo en años electorales, por ejemplo, a fiscalizadores, ahí hay un tema complejo.
Los fiscalizadores debieran ser permanentes y requieren ser capacitados, lo que sin duda contribuye a mejorar los procedimientos. Son personas que deben tener cierta preparación técnica y transversalidad, junto con los atributos de probidad y austeridad y todos los principios básicos de la administración pública. También deben cumplir algunos requisitos especiales, por la labor que desempeñan. Sobre todo, independencia respecto de los partidos y las corrientes políticas. Estos son temas que no se improvisan y por lo tanto estos funcionarios debieran estar vinculados permanentemente a la institución.

Entonces, ¿no cuentan con los recursos adecuados, humanos, materiales y financieros para cumplir con la misión y las funciones que tienen ahora?

Yo diría que no. En este momento si hemos podido enfrentar bien los nuevos desafíos y exigencias es porque –paradójicamente- es un año electoral, porque como dije recién, en estas circunstancias la ley no permite contratar servicios transitorios. Pero tenemos que pensar que el próximo año y el 2019, que no son años electorales, hay que buscar un buen mecanismo que nos permita sobre todo aumentar la planta de fiscalizadores.

¿Cuáles son los mayores problemas que han enfrentado como Servel, con las reformas hechas sobre la base de la Comisión Engel?

Antes de eso, yo diría que algunos de los problemas que hemos tenido como Servicio Electoral, tienen que ver con la dependencia que tenemos de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, dependemos de ocho fuentes de información para efectos de conformar el padrón electoral y mantener el registro electoral.
La gente con mucha facilidad y a menudo nos indica con el dedo y nos dice: ‘ustedes son los principales responsables de tal o cual cosa. Pero eso, en definitiva, tiene que ser explicado de una forma. Uno es responsable, pero en el caso de la conformación del padrón electoral dependemos de ocho organismos o instituciones, que entregan información sobre los ciudadanos en edad de votar.
Información que uno espera que sea lo más clara y limpia posible.
Claro. Tuvimos un problema serio con el cambio de domicilio, que finalmente no fue imputable a nosotros. Eso quedó claro en una auditoría realizada por la Contraloría, que estableció que los problemas informáticos estaban en el Registro Civil. Una auditoría del propio Registro Civil y del Ministerio de Justicia, estableció que había problemas humanos, incumplimiento de algunos protocolos por parte de los funcionarios. Y la Comisión Investigadora de la Cámara estableció que el Servicio Electoral había cumplido con la Ley en la conformación del padrón y que los problemas no estaban precisamente en el Servel.

Así y todo, se dice que la obligación de depurar el padrón es de ustedes.

El problema con el padrón se suscitó como resultado de la aplicación de la reforma sobre voto voluntario e inscripción automática en éste, de los mayores de 18 años. Antes de esto, para formar parte del registro electoral el ciudadano debía concurrir personalmente a efectuar este trámite. Por otra parte, la existencia de una importante cantidad de personas de más de 100 años, incluso algunas sobre 130 años, que aparecen en el padrón, no tiene su origen en el Servel. Nosotros podemos proceder a depurar el padrón solo si contamos con un certificado de defunción del Registro Civil. No es función ni facultad nuestra declarar legalmente muerta a una persona. Así también, se da una situación que tiene que ver con la deficiente información que nos entregan otras instituciones, por ejemplo, respecto al registro de condenas. Eso ha significado que personas que están cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco, aparezcan con derecho a sufragio. Mientras nosotros no tengamos las declaraciones de condenas, que entregan los tribunales, no podemos excluir a las personas del padrón, o incorporarlas cuando ya han cumplido la condena.

Luego de la crisis del padrón ocurrida el año pasado, ¿ha habido algún cambio relevante para rectificar?

Hay que reconocerlo: el Registro Civil ha hecho un trabajo arduo de revisión, casi una a una de las personas. Pero ocurre es que hay casos, primero de personas que han fallecido en el extranjero, que nadie los inscribió en algún registro, y que van a seguir apareciendo hasta que haya un cambio legal que nosotros pedimos y que ojalá se apruebe lo antes posible.
Hoy día el Registro Civil, cuando procede a certificar la muerte de una determinada persona, si no hay coincidencia en los nombres, en la comuna o en la fecha de nacimiento, es decir, si faltan datos esenciales que exige la ley, no puede certificar el fallecimiento y por lo tanto no nos comunica tal fallecimiento. Mientras tanto, nos consta que ha habido un trabajo muy acucioso de parte de los funcionarios del Registro Civil, buscando aclarar estos casos, por ejemplo, cuando se trata de personas que no tienen RUN (Rol Único Nacional), que ese es otro elemento que complica. En 1984 se empezó a aplicar el RUN y desde entonces se ha logrado eliminar o excluir del padrón a personas respecto a las cuales el Registro Civil ha podido llegar a la conclusión de que están fallecidos.

¿Se incluye en este problema el tema de los detenidos desaparecidos?

Sí, se cruza con este tema. Hay alrededor de 1.000 personas detenidas desaparecidas a las que no se ha declarado su muerte presunta. Nosotros hicimos una propuesta, y vamos a insistir, de que se mantenga una especie de padrón simbólico respecto de estas personas, utilizando el ejemplo de la legislación uruguaya, que a manera de reconocimiento a estos ciudadanos se mantuvieran en el registro, con una indicación de que son detenidos desaparecidos.

El padrón dado a conocer recientemente por el Servel tiene más votantes potenciales mayores de 18 años -con derecho a voto- que la población que estima el INE, para este mismo segmento etario.

Eso tiene una explicación. Yo primero esperaría el mes de diciembre, que es cuando el INE va a dar los resultados totales de la población en Chile y va a hacer la distinción etaria. Ahora, por qué se puede producir esa situación. Se comparan dos temas que no son comparables, porque en el padrón definitivo que nosotros dimos a conocer hace muy poco, por ejemplo, están todos los chilenos que viven en el extranjero, pero que no se inscribieron para votar en el extranjero.
Se estima que entre 950.000 y un millón de chilenos viven en el extranjero. De esos, 500 mil probablemente tienen los requisitos para votar. Pero se inscribieron solo 40.000, entonces quedan 460 mil que aparecen en el padrón pero que no viven en Chile y, por ende, no fueron contabilizados en el Censo. Ahí hay una diferencia.
También están todos los extranjeros que tienen más de cinco años de residencia en Chile, que están incorporados en el padrón. Entonces las bases no son comparables. Hay personas fallecidas que no van a aparecer en el Censo pero que sí aparecen en nuestro padrón porque, como ya dije, el Registro Civil no ha podido darlos por fallecidos.

¿Ha sido difícil implementar las normas sobre gasto electoral y junto con ello, la fiscalización?

Ha sido complejo. Por ejemplo, todo el nuevo sistema de canalización de aportes. A partir de las propuestas de la Comisión Engel, por una parte, se prohibió el aporte de las empresas o personas jurídicas. Se estableció el financiamiento privado a través de una cuenta bancaria que el director del Servicio Electoral abre con un mandato de cada uno de los candidatos, donde nosotros vamos recibiendo el aporte, hacemos un seguimiento de ese aporte, se le comunica al candidato, que acepta o rechaza, y va a su cuenta. Eso nos permite hacer un seguimiento completo y la trazabilidad del aporte al gasto.

¿Pueden ustedes establecer fehacientemente que quien hace el aporte sea una persona natural y no que tras él haya una empresa?

Sí. Hoy los aportes los puede hacer una persona natural por ventanilla, en el banco, a través de un formulario, como se hace cualquier depósito, donde debe ir identificado con los RUT, nombres, etc., o bien a través de transferencia electrónica, con tarjeta de débito o de crédito. Uno de los problemas es que a la licitación que se hizo sólo se presentó Banco Estado.
Ahora, dentro del mecanismo de fiscalización nosotros podemos solicitar antecedentes a otros organismos, al Servicio de Impuestos Internos, etc., para los efectos de ver si efectivamente se está cumpliendo la ley, y si se trata, por ejemplo de un empresario, de una persona que tiene muchos recursos, o una empresa derechamente la que está utilizando a personas naturales para efectos de hacer tales aportes. Alguien ha dicho, por ejemplo, que un empresario puede mandar a depositar a todos sus trabajadores al Banco Estado, pero nosotros hacemos el cruce de bases de datos y podemos pedir a otros organismos que nos apoyen en esta tarea, y podríamos darnos cuenta de algún movimiento extraño o fraudulento.

Una persona que gane el sueldo mínimo, si aparece aportando un millón de pesos a una campaña determinada, obviamente va a abrir algunas alertas.

Una persona que gane el sueldo mínimo, si aparece aportando un millón de pesos a una campaña determinada, obviamente va a abrir algunas alertas.

Y respecto de los gastos electorales, ¿cómo los fiscalizan?

Tenemos diferentes mecanismos. Primero, a través de la cuenta bancaria que es el único mecanismo que tienen los candidatos para incorporar los aportes. Tiene sus plazos. Si se hace por caja, son 24 horas. Si se hace por transferencia de débito, 48 horas, lo mismo que por Transbank. Si se hace con tarjeta de crédito, en 72 horas, llega a la cuenta del Servel. Nosotros tenemos que enviar un correo al candidato y se le consulta si acepta o rechaza el aporte, y tienen 5 días para aceptarlo o rechazarlo.
Eso es una cosa. Por otra parte, estamos viendo el número de afiches, de palomas, el gasto en contratar publicidad en redes sociales o en los medios de comunicación. Siempre hay cómo saber. Además, tenemos las facultades para que nuestros fiscalizadores ingresen a las sedes de los partidos y de los candidatos. Después de esta marcha blanca y con más fiscalizadores, esta va a ser una tarea mucho más efectiva.

Después de tantos escándalos derivados de la relación del dinero y la política, ¿por qué no se pone un límite mayor para prescripción de estos delitos?

Hoy son dos años. Hay que reconocer que siempre estuvo la posibilidad de establecer como plazo de prescripción los plazos naturales o normales de cualquier otro delito. Ahora aumentó de uno a dos años desde el momento en que se comete la infracción.
El fondo de esto es que tampoco tenía mucho sentido dejar abiertos espacios de persecución de los delitos que sean incluso superiores al tiempo que van a ejercer el cargo. Cuando se trata de delitos electorales, hay que buscar un mecanismo que en algún minuto establezca cierta certeza en la validez de la elección y en la legitimidad de las personas que están ejerciendo estos cargos. Hay una situación de cierta inestabilidad donde hay que buscar un equilibrio. Ese tema hay que discutirlo.
Nosotros tenemos la iniciativa para determinadas querellas ante determinados delitos. Es un poco la situación del Servicio de Impuestos Internos hoy. Sin una acción del Consejo Directivo del Servel, el Ministerio Público no puede investigar.

¿Cómo opera el nuevo sistema electoral –proporcional- que se aplicará en la elección parlamentaria del 19 de noviembre?

El sistema binominal establecía distritos electorales, que eran 60, donde se elegía dos cargos. Lo mismo a nivel de regiones, se dividían las mismas y se elegían dos. Cada lista podía llevar hasta dos candidatos, o sea, el número de cargos a elegir. Una lista elegía a sus dos candidatos cuando doblaba en votos a la otra lista. O sea, una lista con un 34% aseguraba la elección de uno al menos. Ese era el tema más discutible del asunto, porque con un 34% de la votación se mantenía empatada la conformación de la Cámara o del Senado. Entonces uno tenía 34% y otro 66%, como no duplicaba, se elegían uno y uno.
Esto cambia ahora. Se amplía el alcance territorial de los distritos y de 60 se llega a 28. Pero ahora estos distritos eligen a más parlamentarios. En la mayoría de los casos eligen números impares, pero hay distritos de diputados donde se eligen 5, 7 u 8.

¿Este nuevo sistema será realmente más representativo?

En el sistema proporcional corregido, como se ha llamado al método D’Hont (1), lo primero que hay que tener claro es que se suman los votos de cada lista y se dividen los votos por el número de candidatos a elegir. Hay que agregar que ahora puedo presentar el N+1, o sea, si se eligen 5, puedo presentar 6 candidatos. Esto de alguna manera abre la posibilidad de mayores caudales de votos con la sumatoria de candidaturas.
Luego, cuando uno ya tiene la votación, ordena los números totales de lista y éstos los divide por el número de candidatos a elegir. Vale decir, lo divide por uno, por dos, por tres, por cuatro, por cinco. Si la lista A sacó 100 votos, divido por 1 y me da 100; divido por 2 y da 80; por 3, 60, etc. Eso lo hace cada una de las listas y después ordena los números de mayor a menor hasta el número de candidatos a elegir. La primera cifra repartidora es 40. Al tener esa cifra uno inmediatamente puede determinar cuántos candidatos elige cada lista. Ese es el primer cálculo que hay que hacer.

¿Y cuál es el segundo cálculo?

El segundo cálculo consiste en determinar quiénes de cada lista van a ser elegidos. Para eso, lo que se tiene que hacer es repetir este mismo ejercicio respecto de los partidos, incluidos los independientes asociados a partidos, si los hubiera (hoy no pueden ir candidatos independientes solos). Entonces ordeno y digo: en esta lista que tiene derecho a tres cargos, divido la suma total del partido más sus independientes asociados por 1, por 2 y por 3.
Y después de eso viene el tercer ejercicio. Al partido que le corresponden dos, declara electo a los dos que tienen las mayores votaciones individuales; y al partido que le corresponde uno, a quien tiene la mayor votación individual.
Con este sistema, puede darse que sean electas personas que tienen menos votos individuales que otros, en la medida que sus acompañantes hayan sacado más votación.

¿O sea, igual todavía tenemos lo que llamábamos arrastre?

En cierta medida sí. Puede ocurrir que una persona con altísima votación arrastre al compañero de lista que le sigue en preferencias.
-En ese sentido, y al ser un sistema nuevo, ¿anticipan que habrá reclamos?
Sí, yo creo que puede haber reclamos. Nosotros estamos muy preocupados de poder dar información lo antes posible respecto de las personas que estén presuntivamente electas, porque tenemos como obligación legal entregar el día de la elección boletines solemnes, y un último boletín con la mayor cantidad de mesas escrutadas donde debe señalar los presuntivamente electos. Todos estos boletines solemnes son resultados provisionales. Los definitivos los entrega el Tribunal Calificador de Elecciones, después de calificar la elección, 20 días después.
Aquí se puede producir una situación, porque además como son distritos grandes, no va a ser fácil que se tengan los resultados de todas las mesas de votación. Nosotros hemos fijado, por ejemplo, que una vez que tengamos escrutado el 80% de la votación vamos a indicar aquellos que pueden estar presuntivamente electos, pero son presuntivamente electos. Porque puede producirse una diferencia.

Nota:
1) Para mayores detalles de cómo opera el método D’Hont, ingresar a: https://www.servel.cl/nuevo-sistema-electoral-chileno-metodo-dhont-2/
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Editor Política & Economía