El trasfondo ideológico de la propuesta tributaria de Piñera

Una vez vencido el pánico legislativo que ha mostrado el segundo gobierno de Sebastián Piñera, debido a que tiene minoría de votos en el Congreso, el 23 de agosto pasado dio el paso para presentar su proyecto de reforma tributaria. Pero apenas lo hizo, recibió una andanada de críticas de la oposición, debido a que el proyecto trata de desmontar el mecanismo que ideó en 2014 el gobierno de Michelle Bachelet, para obligar a los empresarios y socios de empresas más adinerados a pagar impuestos personales.


Por Niccolo Moro

El proyecto de reforma tributaria del Presidente Sebastián Piñera no responde a su promesa electoral de reducir la carga impositiva para las empresas, pero sí lo hace a los dueños de éstas. La propuesta ingresada a trámite legislativo el 23 de agosto incluye la restitución del sistema integrado para el cobro de tributos a las personas que a su vez son dueños o accionistas de empresas. Esto significa que el impuesto de primera categoría que pagarían las empresas será considerado como un crédito que servirá a los socios para descontar de sus declaraciones de impuestos personales cuando hagan retiros de utilidades.

Así operaba el sistema tributario antes de la reforma que hizo aprobar la Presidenta Michelle Bachelet en 2014. A partir de ese año, la Ley 20.780 puso en vigencia los mecanismos conocidos como de “renta atribuida” y “semi-integrado”, que consisten en reconocer sólo el 65% como crédito de la renta que tributan las empresas por las utilidades devengadas. Actualmente, esto obliga a sus dueños o accionistas a tributar por el 35% restante, lo que se suma las rentas generadas como personas naturales, cuando declaran el impuesto global complementario.

La diferencia entre el mecanismo de renta atribuida y el semi integrado es que en el primer caso el contribuyente que lo elige como procedimiento para tributar está obligado a pagar al menos del 35% de lo que recibe como distribución de utilidades. Esto, en función de su declaración anual de impuestos, como parte de la base para calcular el impuesto global complementario. Se le llama atribuida porque corresponde a las ganancias derivadas de su participación en alguna empresa, entendiéndose esta operación como aquella renta que la sociedad en que participa le atribuye como proporción que le corresponde por su participación societaria.

En cambio, en el régimen semi integrado, tratándose también de rentas percibidas por el contribuyente por su participación societaria en alguna empresa, se le ofrece la posibilidad de diferir el pago del impuesto, mientras no haga retiros (de utilidades), pasando las mismas a formar parte de una suerte de fondo de utilidades tributables (FUT). Luego, pagará el impuesto a la renta por este concepto, cuando haga retiros, con una tasa efectiva más alta, en este caso de 44,45%.

Lo anterior explica por qué en la operación renta 2018, informada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), el 51,9% de las empresas que tributan el impuesto de primera categoría lo hizo mediante el sistema de renta atribuida, mientras que el 14,3% se acogió al sistema semi integrado. En tanto, el 24,1% declaró mediante el Artículo 14 ter, conocido como de contabilidad simplificada, recomendado para las Pymes que facturan hasta un promedio anual de ingresos de su giro no superior a las 5.000 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Por último, el 9,7% de las empresas declaró la renta anual por el sistema de renta presunta (1).
Todos estos porcentajes, sobre la base de un universo total de 1.131.902 de empresas que participaron en la operación renta 2018.

De paso, conviene señalar que la reforma tributaria de 2014 no constituyó un gran avance tributario para las Pymes, dado que la mayoría optó por el sistema de renta atribuida. Esto es, 587.789 unidades productivas, en su gran mayoría Pymes.

La eliminación del sistema semi integrado implicaría una merma en los ingresos fiscales de US$ 833 millones anuales.

Según lo declarado por el propio Ministerio de Hacienda, en el mensaje del proyecto que ingresó al Congreso (2), el 23 de agosto pasado, el costo de la eliminación del sistema semi integrado (o sea, la integración total del sistema) ascenderá a US$ 833 millones anuales. A esta cifra, se suman como costo para el fisco las normas de tributación internacional, que implica una merma de US$ 7 millones y los beneficios pro inversión, que ascienden a US$ 204 millones. Estos últimos son: depreciación instantánea para el 50% del activo por dos años, depreciación instantánea en la Región de La Araucanía (también por dos años) y reducción del plazo de recuperación del IVA por compras de activo fijo.

Por lo tanto, la merma en términos fiscales de esta propuesta de reforma asciende a US$ 1.044 millones, lo que según Hacienda se verá compensada por las siguientes medidas:
• Implementación de la boleta de compraventa electrónica obligatoria, que en régimen recaudaría US$ 1.181 millones, por efecto de una menor evasión del IVA.
• Nuevos impuestos a las operaciones de venta mediante plataformas digitales y mayor fiscalización del comercio transfronterizo, que aportarían en régimen US$ 251 millones.
• Modificación del Impuesto Verde, que allegaría recursos por US$ 40 millones.

Según el Ministerio de Hacienda, estas medidas compensatorias sumarían US$ 1.472 millones al año, con un saldo neto favorable para el fisco de US$ 428 millones (0,1% del PIB), hacia 2023, cuando supuestamente los cambios compensatorios den sus frutos.

Pero, ¿por qué el gobierno de Piñera renuncia a US$ 833 millones, al eliminar el mecanismo semi integrado y apuesta a una compensación por otras vías? La respuesta a esta pregunta es más ideológica que política, en un contexto en que el propio Piñera ha denunciado como un lastre el déficit fiscal que le legó el gobierno de Bachelet y que de pasó le ha servido para justificar un recorte del gasto público.

Al buscar una respuesta a aquella pregunta no se sostiene la tesis de que el sistema semi integrado es engorroso y difícil de aplicar por los contribuyentes, toda vez que la última operación renta fue tan normal como cuando éste no existía. Es más, aun en medio de las supuestas complejidades, la recaudación del impuesto de primera categoría subió 12,3% y el impuesto global complementario se incrementó en 9,4%. Ello, pese a que en 2017 el PIB tuvo un modesto crecimiento de 1,5%.

Pragmatismo ideológico

Por lo tanto, cabe sospechar que hay razones de pragmatismo ideológico, favorables a la derecha, para explicar por qué Piñera opta por reducirle la carga tributaria a los empresarios, por la vía de restituir el sistema integrado. Esto porque definitivamente, el mecanismo semi-integrado ideado por el gobierno anterior obligó a éstos a sacar plata del bolsillo para pagar impuestos por sus ingresos personales, más allá de lo que declaran sus empresas o las sociedades en las que participan.

Sin embargo, la oposición de centro izquierda reaccionó de inmediato a esta propuesta, que a todas luces busca premiar tributariamente a los sectores más acomodados. Al menos eso ha manifestado el presidente del Senado (PS) Carlos Montes, quien catalogó la iniciativa como “contrarreforma”. A su vez, el ex ministro de Hacienda de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, dijo que sumando y restando, “el 90% de la disminución de la recaudación que produce la reintegración va a los grandes empresarios; es una inyección directa a los que más tienen” (3).
Los partidos que apoyan a Piñera tienen minoría en el Congreso. De los 43 senadores 19 son de Chile Vamos y 24 de oposición. Por lo tanto, para lograr una mayoría simple a favor de la reforma tributaria, Piñera necesita tres votos de senadores de la oposición.

A su vez, en la Cámara baja de un total de 155 diputados el gobierno solo tiene 72 escaños y para aprobar la reforma tributaria necesita sumar seis como mínimo.

Debido a esta realidad, al gobierno de Piñera se le hace cuesta arriba negociar con bloques partidistas opositores y díscolos, que a la primera entendieron el trasfondo de la reforma propuesta. Esto salvo que para conquistar tres votos en el Senado y seis en la Cámara de Diputados el gobierno de Piñera aplique la táctica de la negociación voto a voto, de manera individual, ofreciendo dádivas políticas a cambio y aprovechando la notoria desintegración que afecta a las fuerzas de oposición.

Citas:
(1) Disponible en: http://www.sii.cl/destacados/renta/2018/comunicado_op_renta_2018.pdf
(2) Ver: https://www.df.cl/noticias/site/artic/20180823/asocfile/20180823150430/modernizacion_tributaria.pdf
(3) El Mercurio, 25 de agosto de 2018, página B 4.
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Sobre el Autor

Editor Política & Economía