El sesgo socialdemócrata de la reforma laboral

La iniciativa del gobierno de reformar las leyes laborales tiene por objetivo central ampliar la cobertura de negociación colectiva, cuyo derecho en Chile beneficia a alrededor del 9% de los trabajadores, en comparación con el 90% que se observa en Suecia; o al 62% a que llega en Alemania y al 17% en Estados Unidos.


Por Alexis Guardia

Uno de los principales objetivos de la reforma laboral que se discute en el Congreso es ampliar la cobertura de negociación colectiva, pero para lograrlo es necesario mejorar el poder de negociación de las organizaciones sindicales.
En un país como el nuestro, que tiene una reconocida mala distribución del ingreso, la finalidad de la reforma laboral es incidir en las empresas donde se origina el valor agregado, el que se distribuye entre la remuneración de los trabajadores asalariados y la remuneración del capital. No se trata, como piensan las grandes organizaciones empresariales de “redistribuir ingresos de los empleadores a trabajadores y comprimir las diferencias salariales al interior de las empresas”. De lo que se trata es de negociar la distribución de los aumentos de productividad generado en la empresa y que los salarios reales como promedio crezcan a lo menos al mismo ritmo que el crecimiento de la productividad y que al interior de la masa de salarios se respete la relación calificación y eficiencia con los salarios e incentivos adicionales que el empleador quiera otorgar; o que los trabajadores quieran corregir iniquidades parciales al interior de la empresa.
Esta es la posición clásica de la socialdemocracia, todavía vigente en el mundo desarrollado. En ningún caso se trata de quitar a los empleadores parte de sus remuneraciones para dárselo a los trabajadores. Ni Hayek estaría de acuerdo con una visión tan infantil como ésta.
La distribución funcional o primaria del ingreso es decir entre remuneraciones de asalariados y remuneraciones del capital (donde no interviene la acción pública vía transferencia e impuestos) es un aspecto clave en el problema distributivo. Si se da la regla de que los salarios reales siguen el crecimiento de la productividad, la distribución primaria entre capital y trabajo se mantiene estable (40% y 60% por ejemplo) y la remuneración promedio de los asalariados va subiendo permanentemente, de acuerdo con la productividad de la rama o de la economía.

En el caso de la economía chilena, entre 1990 y 2014 la productividad horaria del trabajo creció de una manera regular a una tasa promedio acumulativa anual de 3,3% y el crecimiento de las remuneraciones reales medias, de manera irregular, su tasa de crecimiento acumulativa anual ha sido, para el mismo período de 2,05%. Con lo cual se crea una brecha creciente en el largo plazo, favorable a la remuneración de los empleadores respecto al trabajo. Esta es una bomba de tiempo que los grandes empresarios no quieren asumir y es el verdadero trasfondo de la actual discusión del proyecto de reforma laboral. Por cierto, si todo esto es posible se debe a que existen relaciones asimétricas en el Código del Trabajo, cuya raíz está en la reforma laboral de 1979.

Impronta reformista

La actual iniciativa de reforma del gobierno ha sido pasionalmente criticada por las grandes organizaciones empresariales, como si se tratara de un proyecto expropiatorio y revolucionario respecto a sus privilegios.

La actual iniciativa de reforma del gobierno ha sido pasionalmente criticada por las grandes organizaciones empresariales, como si se tratara de un proyecto expropiatorio y revolucionario respecto a sus privilegios. Es cierto que mucho ha ayudado a esta crítica la desgraciada metáfora de la “retroexcavadora”, pues la iniciativa tiene una impronta reformista que ni siquiera propone una negociación por ramas, o un piso mínimo en la negociación colectiva que incluya el IPC y que ha sido bautizada por sectores de la nueva mayoría como “proyecto inocuo o reforma pro empresarial”. Sin embargo, la iniciativa reformista actual tiene el mérito de que después de 36 años pone a en discusión y revisión las cortapisas al derecho a huelga y la constitución de sindicatos con una mayor capacidad negociadora. Aspiración que no connota ningún intento revolucionario en el mundo actual.
La aspiración a ejercer el derecho a huelga a plenitud, sin reemplazo por “rompehuelgas” internos o externos a la empresa, ha sido largamente esperada. La política “de los acuerdos” de la Concertación no ha podido dar cuenta de ello, no obstante que existe desde hace mucho tiempo un acuerdo en la OIT que permite restricciones al derecho a huelga en lo que se refiere a los “servicios esenciales”, noción que varía naturalmente según las diferentes legislaciones nacionales, pero que la entidad internacional la explica como sigue:
-El principio, según el cual el derecho de huelga puede verse limitado, o incluso prohibido, en los servicios esenciales perdería todo sentido si la legislación nacional definiese esos servicios de forma demasiado extensa. La Comisión OIT estima, por lo tanto, que solo pueden considerarse servicios esenciales aquellos cuya interrupción podría poner en peligro, la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población… (si) los usuarios o consumidores sufren las consecuencias económicas de los conflictos colectivos, las autoridades podrían establecer un régimen de servicio mínimo en otros servicios que son de utilidad pública, en vez de prohibir radicalmente las acciones de huelga, prohibición que debería limitarse a los servicios esenciales en el sentido estricto del término” (1).

En la actual discusión parlamentaria la Cámara de Diputados acordó una definición de servicios mínimos, garantizado por los sindicatos, más amplia pues incorpora la prestación de servicios de utilidad pública, la protección de los bienes e instalaciones de las empresas y la prevención de accidentes, así como la prevención de daños ambientales o sanitarios. Todo lo cual parece de buen sentido, pero que deja abierta una puerta para el abuso empresarial, pues es cada vez mayor el número de grandes empresas que reclaman servicios mínimos, a fin de horadar el derecho a huelga.
El Instituto Libertad y Desarrollo ha aducido como argumento para mantener el reemplazo en caso de huelga el hecho cierto de que en países desarrollados como Alemania, Italia, Rusia, Irlanda, Estados Unidos, Israel y Reino Unido, utilizan el expediente del reemplazo olvidando agregar que todos ellos tienen cobertura de negociaciones colectiva mucho mayores que la chilena (Alemania 62% e Italia 80%, frente a Chile que solo tiene el 9%) y con mucho mejor distribución del ingreso medido por el coeficiente de Gini (Alemania 0,3, Italia 0,35 y Chile 0,5). Todo lo cual hace incomparable y espuria cualquier insinuación de que la limitación al derecho a huelga vía reemplazo, sea aconsejable solo porque lo hacen algunos países desarrollados.

Titularidad sindical

Las limitaciones de la titularidad sindical y el alcance de los beneficios de la negociación colectiva es otro de los capítulos del Plan Laboral implantado por el ex ministro del Trabajo José Piñera, en 1979 y que han tenido que esperar 36 años para ser discutidas y reformadas. ¿Para qué se va sindicalizar un trabajador de una empresa si más tarde se van extender a los trabajadores no sindicalizados los beneficios logrados en la negociación, según criterio del empleador? Si esto no se llama práctica antisindical o un evidente desincentivo a la sindicalización no sabemos qué nombre ponerle. Lo que propone la reforma es que el sindicato, en común acuerdo con el empleador pueda extender el beneficio y eliminar que esta sea una facultad unilateral como la que hoy tiene el empleador.
Según el proyecto, el pacto de adaptabilidad para empresas grandes, es decir, con al menos de 30% de sindicalización, amplía la agenda de la negociación colectiva a temas como las jornadas especiales de trabajo o la capacitación. ¿Debiera abarcar a empresas más pequeñas? Es un asunto opinable.
En el actual Código del Trabajo, si la empresa tiene 50 o menos trabajadores, pueden constituir un sindicato 8 de ellos. Por cierto una opción es aumentar por ejemplo este mínimo de 8 a 25 trabajadores. Pero el problema es más complejo pues las pequeñas empresas en una economía como la chilena, con una gran heterogeneidad en su estructura productiva, no están en condiciones de enfrentar una legislación laboral exactamente igual que las grandes empresas. ¿Habría que hacer un trato diferenciado para las pequeñas empresas? Es probable que sí, sin olvidar que la negociación por ramas aborda este problema en su integridad.

La reforma laboral en discusión, sin duda, pretende correr la frontera de lo posible, dentro de un contexto reformista de cuño socialdemócrata.

____

[1]OIT, Conferencia internacional del Trabajo /81 reunión de 1994. Libertad sindical y negociación colectiva, pags. 75 y 76.

Recomienda este artículo
  • gplus
  • pinterest

Sobre el Autor

Alexis Guardia

Alexis Guardia

Economista de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris IX. Dauphine.