El sesgo neoliberal de las medidas procrecimiento y productividad del gobierno

El ex Presidente Sebastián Piñera declaró el 2013 como el “Año de la innovación”, seguramente motivado por la necesidad de revertir la tendencia decreciente en los indicadores del Global InnovationIndex y el WorldEconomicForum, observada durante su gobierno, siendo su caballito de batalla el programa Start-up de Corfo, cuyos resultados, en términos de indicadores de innovación no fueron los esperados. Ahora el gobierno de la Presidenta Bachelet ha declarado el 2016 como “El año de la productividad”, intentando marcar un hito para revertir las cifras negativas del último tiempo y superar el magro desempeño del pasado cuarto de siglo.


 

Por Graciela Moguillansky

Frente a la ostensible baja en las tasas de crecimiento y productividad, las autoridades de gobierno no se dejaron estar y el 30 de marzo pasado, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, junto a su par de Economía, Luis Felipe Céspedes, anunciaron un paquete de 22 medidas para impulsar el crecimiento. Como ellos mismos lo han planteado, estas medidas están orientadas a expandir el financiamiento, promover la exportación de servicios y simplificar trámites para facilitar el emprendimiento y la inversión.

Pocos días después, la Comisión Nacional de Productividad entregó a la Presidenta Michelle Bachelet el primer informe con otras 21 medidas, o recomendaciones, para elevar la productividad. Algunas son de carácter estructural y otras específicas. Si bien estas últimas pueden resultar complementarias a las primeras, no deja de ser llamativa la falta de coordinación entre las principales autoridades del gobierno y las Comisiones organizadas por la Presidencia.

Por si lo anterior fuera poco, el 14 de abril la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), entregó su propia propuesta de impulso a la productividad, con 109 medidas con un enfoque microeconómico. Algunas de éstas incluyen sugerencias de ajustes para despejar los obstáculos normativos, que a juicio de los grandes empresarios impiden un mayor dinamismo productivo.

Quizás una primera medida prioritaria para el aumento de la productividad debiera ser una mayor coordinación de las autoridades de gobierno entre sí, y de éstas con el sector privado y con los representantes de los trabajadores. Todo esto, además de los expertos que aportaron de manera parcelada y paralela en cada una de las instancias antes mencionadas.

No obstante lo anterior, el sello del conjunto de medidas revelan un sesgo de estímulo al crecimiento desde el sector privado, con más espacio para que éste opere y prospere, lo que a su vez revela un sutil viraje estratégico del actual equipo económico de gobierno: el reforzamiento del modelo de mercado y, como contrapartida, un retraimiento del Estado en su rol coadyuvante del crecimiento, a partir del ajuste en el gasto fiscal anunciado en marzo pasado. Por lo tanto, en la actual coyuntura sería impensable algún intento neokeynesiano de estímulo al crecimiento y la productividad y mucho menos del reforzamiento del Estado empresario. Esto último no deja de ser sintomático, en un momento en que el país se encuentra ad portas de un debate sobre la reforma a la Constitución, donde precisamente todos estos temas se ponen sobre la mesa.

Las 22 medidas del gobierno

A primera vista, las 22 medidas propuestas por el gobierno sugieren un intento de contrarrestar la política del ajuste fiscal, pero resultan insuficientes para estimular el crecimiento y la productividad, aunque ciertamente aquellas destinadas a la desburocratización en el sector exportador, especialmente de bienes o servicios, así como la simplificación de trámites notariales, son funcionales con dichos objetivos.

Sin embargo, los efectos potenciales sobre la productividad de las medidas de facilitación al acceso a financiamiento, deben leerse en un contexto de contracción de la demanda por el ajuste fiscal. En primer lugar, debido a que dichas medidas no compensan el efecto del propio ajuste, que atenta contra inversiones que el fisco debiera realizar, sobre todo en infraestructura pública (vial, portuaria, energética), que va en directa sintonía con incrementos en la productividad. En segundo lugar, porque las empresas a las que se orienta la facilitación de financiamiento, se dedicarán –en un ambiente de restricción de demanda- a complementar con ello su capital de trabajo más que a invertir en mejoras a la productividad.

Las 21 medidas de la Comisión de Productividad

Cabe preguntarse si las medidas identificadas por la Comisión Nacional de Productividad, son más significativas que las anteriores.

Entre otras, en las de esta Comisión hay 14 recomendaciones que, en general, se orientan a mejorar la institucionalidad pública, para facilitar el emprendimiento y la inversión, semejantes a las que en un pasado reciente los gobiernos no fueron capaces de implementar, o no lograron dichos objetivos.

Entre las medidas estructurales destaca aquella sobre la conveniencia de concordar una estrategia-país de productividad, con enfoque de largo plazo. Al respecto llama la atención que se hable de “estrategia de productividad”, sin tomar en cuenta que en todo el mundo el crecimiento de ésta fue el resultado de políticas de industrialización, con ejes en innovación y crecimiento. En alguna medida, el excelente resultado en materia de incremento de la productividad de los años ‘90 en Chile, respondió a la fase alta del ciclo del modelo de liderazgo exportador de recursos naturales, el que en la última década enfrenta una tendencia a la baja elocuente, como para haber puesto en duda su continuidad.
A falta de un modelo de industrialización entendido como “generación de valor agregado de bienes y servicios que escalen hacia mayor incorporación de conocimientos y avances tecnológicos”, las medidas específicas propuestas por la Comisión Nacional de Productividad resultan difusas, pues en primer lugar no hay una clara definición de los cambios requeridos en la estructura productiva del país y del papel que en ellos jugaría la industrialización. Y, en segundo lugar, destaca la ausencia de una visión sectorial y regional, reconociendo las brechas de productividad existentes en el país.

Las medidas específicas propuestas por la Comisión Nacional de Productividad resultan difusas.

En este sentido, estudios como los de Corfo-UAI y del Ministerio de Economía (1), así como los programas estratégicos sectoriales, meso y regionales de Corfo (2), dan bastantes luces sobre brechas de productividad, y de ello se deduce que un apoyo en términos de mayores recursos humanos y financieros destinados a acelerar la reducción de dichas brechas, podría ser una política más eficaz que la de simplemente revisar agendas pasadas de productividad, centradas en políticas horizontales.

El que la Comisión Nacional de Productividad no haya elaborado nada sobre los programas mencionados de Corfo, refleja una vez más la desarticulación y descoordinación entre organismos públicos.

Esta Comisión pone énfasis en la incoherencia regulatoria como obstáculo al incremento de la productividad: “existe consenso en torno a que el país tiene un problema de coherencia regulatoria, con exceso de leyes, permisos duplicados, excesivamente gravosos o normas superpuestas, así como vacíos en otros ámbitos que dan pie a interpretaciones inconsistentes”, pero no destaca las insuficiencias en marcos regulatorios que perjudican abiertamente la productividad de la mayoría de sectores y que se traduce en el alto grado de concentración económica, con grave daño para la competencia y especialmente para la ciudadanía, como han sido los casos de la colusión de las farmacias, de los productores de pollos y de papel, así como la existencia de monopolios y oligopolios en los principales ámbitos industriales y de servicios del país (supermercados, multitiendas, telefonía, distribución de gas, líneas aéreas, cableoperadores, empresas pesquera, AFP e Isapres, entre otras).

Este tipo de prácticas en mercados altamente concentrados se levantan como enormes barreras de entrada para los nuevos competidores, dañando de paso la productividad, e inciden directamente la calidad de vida de la población.

Notas:
(1) Corfo-UAI (2013): Boletín trimestral de la evolución de la PTF en Chile. Boletín N°7 , cuarto trimestre. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (2014) “Productividad laboral por tamaño y sector. Periodo 2005-2012. División de Estudios, Agosto.

(2) Véase http://www.corfo.cl/sala-de-prensa/noticias/2015/julio-2015/programas-estrategicos

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Sobre el Autor

Graciela Moguillansky

Graciela Moguillansky

Economista de la Universidad de Chile. Consultora internacional en desarrollo, comercio internacional y política industrial, con larga trayectoria en CEPAL (Comisión Económica para América Latina)