El estallido social que pone en jaque al gobierno de Piñera

Como suele ocurrir con estos aparatos, el 8 de octubre pasado el Presidente Sebastián Piñera lanzó un bumerán al aire; éste se devolvió y después lo golpeó en pleno rostro. Aquel día, en un matinal televisivo, Piñera habló de las crisis que afectan a algunos países vecinos, asegurando que Chile era un oasis de paz en esta parte del mundo. Sin embargo, diez días después su gobierno comenzó a enfrentar la crisis institucional más grave, en los 30 años desde que Chile recuperó la democracia.


Por Niccolo Moro

La rebelión social que estalló el 18 de octubre pasado en Chile, marca un punto de quiebre en la forma cómo los gobiernos habían estado ejerciendo el poder político, en los últimos 30 años de democracia, post dictadura. Una vez instalado en el palacio de La Moneda, Piñera, como sus predecesores, creía que contaba con el mandato de la mayoría del pueblo para cumplir con su programa de gobierno.

La pregunta que surge ahora es si este programa era o es representativo de una mayoría ciudadana, sobre todo de los más jóvenes.
Piñera llegó a su segunda presidencia con el 54,57% de los votos, frente a su contendor Alejandro Guillier, quien obtuvo el 45,43%. Pero aquella holgada ventaja de Piñera, no lo es desde el punto de vista del universo de ciudadanos adultos. Esto porque de los 14,3 millones de personas inscritas y habilitadas para votar en 2017, el 51% no concurrió a las urnas (1). Al comparar el universo de inscritos con la votación de Piñera, que sumó 3.796.918 votos, la representatividad se debilita aún más. La alta abstención en la última elección presidencial es un indicio de la apatía que más tarde se transformaría en un malestar social activo.

Paralelamente, se observa una realidad mucho más escuálida de la representatividad de los partidos políticos del país, dado que entre todos (15 legalmente constituidos), suman poco más de un millón de militantes, lo que representa apenas el 8,4% del total de personas habilitadas para votar. Por lo tanto, la mayoría absoluta de chilenos no participa en partidos políticos y es más: esta mayoría no pierde oportunidad para expresar su desencanto con la política y con los partidos.

En este contexto estalla la rebelión del 18 de octubre y explica por qué se extiende por todo el país de manera espontánea, sin liderazgos ni caudillajes. En el trasluz, el estallido muestra la orfandad de la clase política y lo errados que estaban los analistas políticos y las fuerzas de tarea de inteligencia del gobierno, porque nunca previeron una convulsión social tan masiva como violenta, a tres décadas de democracia post dictadura.

Sebastián Piñera suponía que estaba al frente de una ciudadanía dócil y que las instituciones funcionaban como un reloj. Por lo tanto, se instaló en un pedestal, alejado del rumor y del sentimiento popular. Su conexión con la realidad social eran las encuestas, las que en todo caso no lo estaban favoreciendo. Estaba convencido de que la gente esperaría pacientemente que cumpliera su promesa de avanzar hacia “los tiempos mejores”, que fue el slogan que ocupó en su segunda campaña presidencial, en 2017. Y si no podía avanzar más rápido con su programa, era por culpa de la dura resistencia en el Congreso, donde la oposición tiene una estrecha ventaja en las dos cámaras, senadores y diputados.

Quiebre generacional

La nueva generación de chilenos que no vivió la dictatura y hoy sale a protestar en democracia, prescinde de los partidos políticos. Los jóvenes se organizan y autoconvocan de manera instantánea por las redes sociales y se sienten más empoderados para exigir derechos. El empuje inusitado con que los estudiantes secundarios partieron las protestas contra el alza del pasaje del Metro, una semana después terminó convocando a los mayores, quienes se sumaron al movimiento, a su modo, tocando las cacerolas en las esquinas o afuera de sus hogares.

Lo ocurrido el 18 de octubre pasado muestra un grave quiebre político. No entre los partidos y la clase política, sino entre éstos y una mayoría ciudadana. Desde el punto de vista político, lo más asombroso es que el estallido social carece de liderazgo, al menos aparente y visible. Ningún partido político lo lidera, ningún caudillo conocido y las viejas arengas de partidos clasistas parecen superadas.

El estallido del 18 de octubre hizo recordar a los chilenos adultos y de tercera edad, las míticas jornadas de protesta contra la dictadura de Pinochet, que comenzaron en mayo de 1983 y terminaron poco antes de que el dictador perdió el plebiscito del 5 de octubre de 1988. Entonces, como ahora, la gente, mayoritariamente joven, salió a la calle para expresar su indignación contra el gobierno y el sistema económico. Pero a diferencia de lo que ocurría hace 30 o 40 años, esta vez no lo hicieron para participar en los clásicos mitines y marchas, con pancartas, gritos y cánticos contra el gobierno. Lo hicieron con un plan de acción, con el objetivo explícito de paralizar el transporte público.

El movimiento había comenzado una semana antes, con piquetes focalizados de estudiantes que llamaron a evadir el pago del Metro, protestando en las estaciones del tren subterráneo por el alza del pasaje, decretado días antes por la empresa estatal. Los copamientos de las estaciones fueron en aumento, hasta que el viernes 18 el movimiento se extendió por todo Santiago y con ello los manifestantes enfurecidos procedieron a incendiar varias estaciones del Metro, lo cual obligó a suspender el servicio en la mayor parte de la red. El efecto inmediato fue el caos en el transporte público de superficie en la capital chilena.

Paralelamente, los manifestantes levantaron barricadas en las principales calles y avenidas e incendiaron buses del transporte colectivo de superficie. Pasada la medianoche, Piñera ordenó el estado de emergencia. Sin embargo, esto fue como apagar el fuego con gasolina, porque el fin de semana la crisis siguió escalando. Aumentaron los incendios de estaciones del Metro y comenzaron los saqueos de supermercados, farmacias y locales comerciales de menor tamaño, en todo Santiago.

El estallido del 18 de octubre hizo recordar a los chilenos adultos y de tercera edad, las míticas jornadas de protesta contra la dictadura de Pinochet.

En medio del estridente cacerolazo que se produjo en la mayoría de las comunas de la capital, hordas de jóvenes encapuchados siguieron levantando barricadas y provocaron nuevos incendios en la vía pública. Aprovechándose de esta situación, los delincuentes iniciaron también los saqueos masivos en supermercados y pequeños comercios.

El mismo sábado 19 las protestas, incluyendo saqueos en el comercio, se extendieron a las principales ciudades del país, de norte a sur. Ese día se reportaron incidentes en Punta Arenas, Osorno, Concepción, Rancagua, Valparaíso, La Serena, Coquimbo, Antofagasta e Iquique, ente otras ciudades.

El resultado preliminar de tres días de furia en Santiago daba cuenta de la red de Metro completamente paralizada, con una pérdida estimada de US$ 300 millones en equipo rodante, e infraestructura destruida (boleterías, cableado, escaleras mecánicas, etc.). A esto se sumaban decenas de locales comerciales violentados y saqueados, junto con la destrucción de la mayor parte del equipamiento urbano de las principales avenidas capitalinas (semáforos, paraderos, escaños, jardines, letreros y rejas perimetrales). O sea, un costo mucho más alto que los ingresos que esperaba recaudar el Metro, con el aumento de la tarifa a los pasajeros.

Las masivas protestas, incendios y saqueos continuaron hasta la noche del domingo 20, incluso durante la noche, en horas del toque de queda. Al cierre de esta edición, todo hacía prever que continuarían en los días siguientes, pese a los esfuerzos del gobierno para controlar la situación. El mismo domingo 20, el Presidente Piñera convocó a los representantes de los otros poderes del Estado, el legislativo y el judicial, a una reunión de emergencia en La Moneda, para abordar la crisis y dar muestras de que las principales instituciones del país se mantenían sólidas en el desempeño de sus funciones.

A priori, la explicación de fondo sobre el origen y masificación del descontento social que llevó al estallido, radica en la acumulación de problemas y abusos en los planos de la educación, la salud, la previsión, la vivienda, el restringido acceso a un empleo digno y la marcada desigualdad en los ingresos de las familias. Estos problemas se arrastran por décadas en Chile y generan desaliento en la ciudadanía. En este ambiente es natural que la gente perciba escasas o nulas posibilidades de que los problemas sean resueltos. Si a esto se suma el desprestigio de las instituciones por casos de corrupción (Carabineros, Ejército, Corte de Apelaciones de Rancagua); por conflictos internos (Contraloría General de la República y Ministerio Público); o por fallas en la fiscalización de abusos en perjuicio de los consumidores, cometidos en prominentes empresas privadas (casos de colusión de farmacias, pollos y papel higiénico), los ciudadanos constatan un panorama desalentador.

La gente que salió a las calles a protestar el 18 de octubre pasado y en los días siguientes le dijo al Presidente Piñera que perdió la oportunidad para resolver al menos parte de estos problemas. De este modo, se le estrechan las posibilidades a la derecha de acceder nuevamente gobierno, en 2022.

Quizás, los mismos jóvenes que por estos días han salido a protestar a la calle, más temprano que tarde se sentirán motivados a participar en política, si luego de la convulsión social que lograron crear, incluyendo a la destrucción nunca vista de bienes muebles e inmuebles públicos y privados, entiendan que la organización política es la única alternativa racional frente al caos y la anarquía.

Un oasis ilusorio

En realidad, ni el mejor de los agoreros y ni tampoco los exegetas que se guían por las encuestas, presagiaron que podría ocurrir un estallido social de la magnitud que se observa por estos días. La gravedad de los hechos obligó a Piñera a decretar el estado de emergencia y el toque de queda en la capital chilena y en las principales ciudades del país, una prerrogativa excepcional que tienen todos los gobiernos, cualquiera sea su signo político, para la contención por la fuerza de una crisis social, con el fin de preservar el orden institucional.

Como epílogo, queda en el aire la siguiente frase que pronunció Piñera diez días antes del estallido de la crisis:
“Argentina y Paraguay en recesión, México y Brasil estancados, Bolivia y Perú con una crisis política muy grande; Colombia, con este resurgimiento de las FARC y de las guerrillas. En medio de esta América Latina convulsionada vemos que Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable” (2).

Antes de que se desmoronara el alegre escenario que presentaba Piñera previo a la crisis, también mostraba orgulloso dos logros relevantes de su política exterior, ya que Chile sería sede de dos importantes reuniones internacionales: la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia Pacífico, APEC 2019, el 16 y 17 de noviembre próximos; y la XXV Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, COP 25, programada para la semana del 2 de diciembre próximo.

Si no fuese capaz de controlar el estallido social, el gobierno de Piñera no dará garantías de que ambas reuniones logren resultar exitosas. Al primero de estos encuentros ya habían confirmado su asistencia los presidentes de Estados Unidos y de China, con el objetivo colateral de encontrarse en Chile, para firmar una tregua en la guerra comercial que los tiene confrontados.

Sin embargo, a juzgar por el arrojo con que han estado actuando los grupos más radicalizados de jóvenes, con actos vandálicos, la seguridad de ambas reuniones está en jaque. Piñera tiene muy poco tiempo para superar esta crisis y es probable que lo logre, pero de manera transitoria, porque los problemas institucionales de fondo que han emergido con el abigarrado movimiento social, no tienen posibilidades de ser resueltos en el corto plazo.

 

(1) www.servel.cl.
(2) https://www.latercera.com/politica/noticia/pinera-asegura-medio-esta-america-latina-convulsionada-chile-verdadero-oasis-una-democracia-estable/851913/
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Editor Política & Economía