El debate constitucional comienza a inundar el ámbito empresarial

Con el propósito de extender el debate sobre la reforma constitucional al mundo de los empresarios, esto es, a informarse, participar y opinar, el Círculo Empresa y Sociedad de Icare organizó el 10 de marzo la mesa redonda denominada “Constitución: de los procesos a los contenidos”, en que participaron como expositores cuatro destacados profesionales, ligados a la economía y al derecho: Fernando Atria, profesor de Derecho en la Universidad de Chile; Enrique Barros, profesor de derecho de la Universidad de Chile y consejero del Centro de Estudios Públicos; Francisco Pérez Mackenna, ingeniero comercial, gerente general de Quiñenco; y Roberto Zahler, consultor de empresas y ex presidente del Banco Central de Chile.


 

Por Graciela Moguillansky

El primer tema abordado en la mesa redonda “Constitución: de los procesos a los contenidos”, organizada por Icare, fue sobre la legitimidad de la Constitución de 1980, donde los panelistas concordaron en que ésta se caracteriza por su unilateralismo y la poca transparencia con que fue discutida, elaborada y aprobada, “en el contexto de una dictadura”, lo que marca la esencia del problema constitucional actual y que representa un costo muy grande para la convivencia del país.

Como lo señaló con mucha claridad Fernando Atria, a partir de las propias declaraciones de Jaime Guzmán, el esfuerzo constituyente de la dictadura militar estuvo orientado a impedir que en el futuro la cancha fuera cambiada, siendo delimitada por sus gestores de tal forma, que fácticamente la solución de todo intento por modificarla termina impuesto por sus contenidos, por lo que –a su juicio- puede denominarse como “una constitución tramposa” y por tanto, por definición deslegitimada.

Otro consenso de los expositores fue el de la generación de los contenidos, asegurando que la nueva Constitución no partirá de cero, al tomar en cuenta los elementos que históricamente se han considerado en la tradición constitucional chilena. El proceso tendrá además en consideración los modelos constitucionales de otros países, con lo que se descarta “el misterio de los aspectos en que se concentrará la discusión”. Por ejemplo, la idea de constitución mínima o básica, así como la necesidad de limitarse a lo esencial, ser un marco común de referencia, no debiendo transformarse en una camisa de fuerza para la política, son aspectos que ciertamente serán considerados.

Propiedad privada

Siendo la propiedad privada, junto con el uso y goce de los atributos de ésta temas centrales del ámbito económico y de especial incumbencia para el sector privado, los expositores expusieron distintos puntos de vista. Frente a los temores de Francisco Pérez Mackenna (alto ejecutivo del grupo Luksic), en relación a una reforma constitucional que pudiera afectar el derecho de propiedad, Roberto Zahler hizo referencia a la percepción extremadamente ideológica del Estado y del sector privado que tiñó la Constitución de 1980, lo que junto a la discrecionalidad y poca transparencia de las privatizaciones, generó un grado superlativo de concentración económica en Chile, entre los más altos del mundo, afectando la representación democrática y de paso la captura del Estado por parte de los grupos económicos.

Los expositores -en general- coincidieron en que parte de la discusión del futuro proceso constituyente se centrará en los derechos sociales, principalmente si estos deben estar definidos en la constitución, o si debe ser enteramente materia de la política. Según Enrique Barros, el Estado debe estar a cargo de garantizar las libertades y de satisfacer las necesidades de los ciudadanos, en términos de bienes públicos, pero la forma en que se implementen los derechos sociales debiera ser tarea de la política, de modo que no quede definida en la Constitución.
Roberto Zahler añadió que la carta fundamental debiera prohibir los actos de abuso, asegurar el ejercicio de las libertades básicas e impedir la opresión de las minorías por las mayorías, quedando garantizada la participación igualitaria en la deliberación pública.

Las sucesivas reformas a la Constitución de 1980 se centraron en la eliminación de los enclaves autoritarios.

Debido a que las sucesivas reformas a la Constitución de 1980 se centraron en la eliminación de los enclaves autoritarios, se señaló que han quedado sin resolver las leyes orgánicas constitucionales y los quórum legislativos para cambiarlas, así como el rol y las atribuciones del Tribunal Constitucional. Estos aspectos también debieran discutirse, así como el grado de presidencialismo o parlamentarismo, o cuánto puede hacer la carta fundamental para avanzar en la descentralización del país, temas que hoy son materia de preocupación entre los chilenos.

Por no ser el contenido un asunto independiente de la forma en que se llevará a cabo la elaboración de la nueva Constitución, se dijo en esta mesa redonda que lo principal a definir es si el mecanismo para su elaboración debe ser unilateral o que responda a una decisión la mayoría, de modo que el resultado sea genuinamente reconocido como democrático, permitiendo superar el proceso de deslegitimación de la Constitución de 1980.

Según Roberto Zahler, la Constitución deberá finalmente asegurar una buena representación popular, un espacio razonable de participación y mucha transparencia, para que no se tomen decisiones a oscuras, o a espaldas de la opinión pública, en materia de nombramientos ni de políticas públicas.

 

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Sobre el Autor

Graciela Moguillansky

Graciela Moguillansky

Economista de la Universidad de Chile. Consultora internacional en desarrollo, comercio internacional y política industrial, con larga trayectoria en CEPAL (Comisión Económica para América Latina)