El crudo diagnóstico de la Cepal por los efectos del Covid-19

Según la Cepal, la pandemia del Covid-19 provocará una caída del PIB de América Latina del 9,1% este año. Mientras tanto, el desempleo aumentará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Esto elevará el número de desempleados de la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019. En este contexto, se prevé que la pobreza aumente 7 puntos porcentuales en 2020, hasta el 37,3%, (231 millones de personas en total), y que la extrema pobreza suba hasta el 15,5%, (96 millones de personas en total).


 

A continuación, P&E presenta una síntesis del informe “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el Covid-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. Este documento fue preparado de manera conjunta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (1).

Varios países de América Latina se han convertido en el epicentro de la pandemia de enfermedad por coronavirus y encabezan las estadísticas mundiales de casos. La pandemia ha devenido en una inédita crisis económica y social y, si no se toman medidas urgentes, podría transformarse en una crisis alimentaria, humanitaria y política.

La región es en particular vulnerable por sus altos niveles de informalidad laboral, urbanización, pobreza y desigualdad, así como por sus sistemas frágiles de salud y protección social, y una parte importante de la población vive en condiciones de vulnerabilidad que requieren una atención especial.

Los países del Caribe han logrado controlar la pandemia con mayor rapidez, mientras que en América Latina los niveles de contagio siguen sin disminuir.

La conclusión principal de este documento es que, si no se controla la curva de contagio de la pandemia, no será posible reactivar la economía de los países. Asimismo, se indica que tanto el control de la pandemia como la reapertura económica requieren liderazgo y una rectoría efectiva y dinámica de los Estados, mediante políticas nacionales que integren políticas de salud, políticas económicas y políticas sociales. También se aboga por un aumento del gasto fiscal para controlar la pandemia y favorecer la reactivación y la reconstrucción y para que este sea más eficaz, eficiente y equitativo, de modo que el gasto público destinado a la salud alcance al menos el 6% del producto interno bruto (PIB).

La región de América Latina y el Caribe es la más desigual del mundo y también la más urbanizada entre las regiones en desarrollo, lo que expone a una parte importante de la población al contagio en condiciones de desprotección. Además, la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo, en un contexto de bajo crecimiento y elevados niveles de informalidad laboral.

Por los efectos de la pandemia, la Cepal proyecta una caída del 9,1% del producto interno bruto (PIB) en América Latina. El desempleo aumentará del 8,1% en 2019 al 13,5% en 2020. Esto elevará el número de desempleados de la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019. En este contexto, se prevé que la tasa de pobreza aumente 7 puntos porcentuales en 2020 hasta el 37,3%, un incremento de 45 millones de personas (231 millones de personas en total), y que la extrema pobreza aumente 4,5 puntos porcentuales hasta el 15,5%, lo que representa un incremento de 28 millones de personas (96 millones de personas en total).

Los desafíos estructurales de la pobreza, la profunda desigualdad en diferentes dimensiones y la debilidad de los sistemas de protección social y de salud han exacerbado la vulnerabilidad de la región ante la pandemia. Las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales han sido muy diferentes; algunos países han tenido cierto éxito en su esfuerzo por aplanar la curva de contagios, por determinados períodos, mientras que otros aún están lejos de lograrlo.

Las medidas de distanciamiento físico necesarias para controlar la transmisión, que incluyen la suspensión de actividades no esenciales y cuarentenas, tienen consecuencias en términos de pérdida de empleos y de ingresos. Un grupo particularmente vulnerable son los trabajadores informales (en su mayoría mujeres), que representan el 54% del empleo total en la región.

Los grupos más afectados

La crisis afectará más gravemente a las mujeres, que se encuentran sobrerrepresentadas en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención del virus y en los sectores laborales más expuestos al contagio. Además, el confinamiento ha recargado el trabajo de cuidado, al tiempo que las ha expuesto a mayores riesgos de violencia, incluido el femicidio.
Los pueblos indígenas (60 millones de personas, que representan un poco menos del 10% de la población de América Latina) y los afrodescendientes (130 millones de personas en 2015, el 21% de la población de América Latina) se verán afectados de manera desproporcionada, ya que tienden a vivir en peores condiciones socioeconómicas y a tener un acceso limitado a la protección social en comparación con el resto de la población, además de enfrentar altos niveles de discriminación en el mercado laboral.
La crisis exacerbará la vulnerabilidad de los migrantes y los refugiados. Es importante que en la aplicación de restricciones a la libertad de circulación o de acceso a los territorios nacionales se respeten las normas internacionales de derechos humanos, el derecho humanitario y el derecho de los refugiados, en particular los principios de no discriminación y no devolución y las prohibiciones de detención arbitraria y expulsión colectiva.

La pandemia representa un mayor riesgo para ciertos grupos. Entre ellos se encuentran los 85 millones de personas mayores de 60 años y los 70 millones de personas con discapacidad. Entre otras adversidades, la propagación del virus puede dificultar el tratamiento de las enfermedades crónicas más frecuentes en estos grupos, exponiéndolos a una muerte anticipada.

Precarios sistemas de salud

Los sistemas de salud de los países de la región tienen importantes debilidades. Se trata de sistemas de salud subfinanciados, segmentados y fragmentados, que presentan importantes barreras para el acceso. Las debilidades en el ejercicio de la función de rectoría de las autoridades de salud son acompañadas por un bajo gasto público, que se mantiene lejos de la meta del 6,0% del PIB recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y solo alcanza un promedio del 3,7% del PIB.

En promedio, los hogares de la región cubren más de un tercio del financiamiento de la atención de salud con pagos directos de bolsillo (34%), al mismo tiempo que cerca de 95 millones de personas realizan gastos catastróficos en salud y casi 12 millones se empobrecen debido a estos gastos. La disponibilidad promedio de médicos y de camas hospitalarias bordea la mitad de la que tienen grupos de países más desarrollados, como los de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).

Durante la crisis sanitaria se ha producido en los países un efecto de desplazamiento de la atención de enfermedades distintas del Covid-19, posponiéndose o interrumpiéndose especialmente la atención de morbilidad y la actividad programática y de control de las enfermedades no transmisibles y crónicas. A su vez, esto se ha traducido en un aumento importante de la mortalidad general, como resultado de una mortalidad adicional a la provocada por el Covid-19 y las deficiencias en la atención de las otras enfermedades.

Se debe avanzar hacia un pacto social entre múltiples actores, ya que la crisis puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y desafección respecto de la democracia.

La protección social es una herramienta central para enfrentar la pandemia, de manera que la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión debe ser una pieza fundamental. La priorización de la salud y el fortalecimiento de los sistemas de salud sobre la base de la estrategia de atención primaria de salud deben ser considerados los cimientos necesarios para dar respuesta a la crisis en todas las fases. El fortalecimiento de la capacidad rectora del Estado es una condición sine qua non para la reconstrucción y, junto con ello, el diálogo y la participación social son vitales para una convergencia integral entre los sectores de la salud y la economía.

Las medidas basadas en la información científica disponible (evidence-based) son el fundamento para promover la salud en todas las fases de la respuesta a la pandemia, considerando los criterios de esencialidad, gradualidad y flexibilidad en un contexto de salud pública dinámico.
Las opciones de políticas para abordar la pandemia implican consolidar un plan nacional y un consenso intersectorial. La respuesta debería ser estructurada en tres fases no lineales e interrelacionadas —de control, reactivación y reconstrucción—, considerando la participación de actores técnicos y representativos no solo del campo de la salud, sino también de diversos ámbitos sociales y económicos.

Tanto para las acciones de control de la pandemia como para las etapas de reactivación y reconstrucción, es imprescindible aumentar la inversión pública en salud hasta alcanzar los parámetros recomendados, de modo de asegurar el fortalecimiento de los sistemas de salud, ampliando y reconfigurando los servicios de salud de calidad, con un enfoque de atención primaria de salud, y abordar de manera inmediata y acelerada las necesidades de salud insatisfechas, reducir inequidades y mejorar las condiciones de acceso a servicios esenciales, incluida la protección financiera.

Un nuevo pacto social

A fin de enfrentar los profundos impactos sobre las condiciones de pobreza y desigualdad, se recomienda que continúen las transferencias monetarias y que lleguen a amplios estratos de la población, incluidos aquellos que son vulnerables a caer en condiciones de pobreza. Se debe avanzar hacia un pacto social entre múltiples actores, ya que la crisis puede profundizar expresiones de malestar, desconfianza y desafección respecto de la democracia, lo que constituye un riesgo importante para la cohesión social y el desarrollo sostenible. Un nuevo pacto social para la sostenibilidad que contemple la esfera de la salud y las áreas social, fiscal, productiva y ambiental puede sentar las bases para construir un estado de bienestar apoyado por las tecnologías digitales que favorezca una reactivación con igualdad y sostenibilidad.

Es imperativo que las instituciones financieras internacionales continúen facilitando líneas de crédito a bajo costo y de forma ágil. También son fundamentales la condonación y el alivio del servicio de la deuda existente, incluida la de los países de ingresos medios que lo requieran, lo que aumentaría significativamente su espacio fiscal para emprender políticas durante la fase de reactivación.

En dicha fase, es necesario apoyar a los 2,7 millones de empresas que van a cerrar debido a la crisis mediante subsidios a los 2,6 millones de microempresas afectadas, ayudas de entre 300 y 500 dólares al mes durante seis meses a los trabajadores por cuenta propia y créditos blandos y períodos de gracia para las medianas empresas. El rescate de las grandes empresas debe condicionarse a que se mantengan los contratos de trabajo, no se invierta en paraísos fiscales y no se redistribuyan las ganancias entre los socios.

Referencia:
(1) Informe Cepal-OPS, 30 de julio de 2020: “Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe”. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45840/4/S2000462_es.pdf
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Editor Política & Economía