Economía chilena: aún hay espacio para un presupuesto fiscal contracíclico

Chile va terminar el 2017 con una deuda en torno al 25% de su PIB y con poco más del 3% de déficit fiscal. Son cifras moderadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el stock de activos financieros del Tesoro Público todavía es significativo, de tal suerte que es posible pensar que existe aún espacio para una política presupuestaria contracíclica, sobre todo cuando la política monetaria ha sido insuficiente para impulsar el crecimiento.


Por Alexis Guardia Basso

Después de la discusión presupuestaria del año pasado, donde se abandonó cualquier intento de recurrir a una política fiscal moderada para impulsar la actividad económica, se depositó toda la esperanza que ello se lograría con una política monetaria más expansiva. El correr del tiempo ha ido demostrando la ineficacia de esta política, por la lentitud con que se abordó por parte del Banco Central. Por cierto, esta no es una explicación acabada pues habría que investigar cuán independiente es el Banco Central de los mercados financieros, tema que sobrepasa los límites de la presente reflexión.
La discusión sobre el presupuesto fiscal 2018 ocurre en Chile cuando la economía está atravesando su cuarto año consecutivo de lento crecimiento. La tasa de expansión promedio del PIB del período 2014-2017 ha sido de 1,8%, con una muy leve dispersión, situándose por debajo de su crecimiento potencial, el cual a su vez se ha ido encogiendo, debido al lento crecimiento de la inversión.
Paradójicamente es muy probable que la economía chilena vuelva a crecer más, gracias a la recuperación del precio del cobre y a las expectativas de un mayor crecimiento del comercio mundial, lo cual no se deberá a la política monetaria existente en Chile. Con ello no queremos decir que toda política monetaria está condenada al fracaso. Recientemente el Banco Central Europeo ha emprendido una política monetaria muy exitosa, lo que ha cambiado de manera importante las perspectivas de crecimiento en dicha región.

Fundamentos ideológicos del ajuste fiscal

Existe un dogma conservador en la política económica que postula que existe un límite ineludible sobre la habilidad de los gobiernos para administrar los déficits fiscales y la acumulación de la deuda pública. Este dogma forma parte de la llamada “nueva macroeconomía clásica” (expuesta por el economista Roberto Barro) y que tiene por objeto negar la eficiencia de las políticas presupuestarias contracíclicas.
Dicho de una manera sencilla, esta teoría afirma que si los hogares constatan que debido al aumento del déficit público la solvencia presupuestaria para pagar su deuda no es respetada, y ellos que están poseídos por las “anticipaciones racionales” (que pocos economistas creen que existan), van anticipar que el Estado va buscar esta solvencia, subiendo impuestos o disminuyendo las transferencias. En ambos casos los hogares van anticipar una baja en sus ingresos futuros (actualizados).
Esta baja arrastrará una reducción de su consumo presente y un alza de su tasa de ahorro. Es decir, de nada servirá incurrir en un déficit público para reactivar la economía. Por ello –con esta óptica- se recurre a la llamada “consolidación fiscal”, también llamada política de austeridad presupuestaria, orientada a reducir el déficit fiscal y el nivel de deuda.
Otra forma de sostener el mismo dogma pero sin recurrir a la desacreditada hipótesis de las anticipaciones racionales, es el principio de la “neutralidad ricardiana”, que postula que el aumento del déficit fiscal debe normalmente arrastrar un alza de la oferta de títulos públicos, lo cual a su vez provocará un aumento en la tasa de interés real con lo cual baja la demanda privada, generando un aumento del ahorro privado. Por tanto, de nada serviría aumentar el déficit público y la intervención del Estado. Esto, sin considerar que la política monetaria puede acomodar la situación, a fin de no alterar la tasa de interés real. Es lo que ha hecho el Banco Central (Reserva Federal) en Estados Unidos y Europa.

Políticas de consolidación fiscal

Cuando se considera un número amplio de países, la evaluación de las numerosas políticas de consolidación fiscal muestra en el corto plazo efectos negativos en el crecimiento y de la distribución del ingreso (1). A propósito de ello el ex economista jefe del FMI Olivier Blanchard, decía en 2010: “Lo que es necesario en muchos países de economía avanzada es una consolidación creíble de mediano plazo y no una soga fiscal hoy”. A su vez, en 2015 el FMI aconsejaba a los países de la zona euro con espacio fiscal, que este debería ser usado para apoyar la inversión” (2).
Por otra parte, la consolidación fiscal obsesionada por la baja del déficit fiscal sobre PIB no asegura que la relación deuda pública sobre PIB disminuya o quede constante. Para que ello ocurra es necesario que la relación déficit público a PIB sea inferior o igual a la tasa de crecimiento del PIB nominal, multiplicado por deuda pública respecto al PIB (de fines del año pasado).

La baja del déficit fiscal no asegura que la relación deuda pública sobre PIB disminuya o quede constante.

Así, por ejemplo, en el caso chileno actual si se quisiera bajar el déficit fiscal respecto al PIB de 3% a 2% y con una tasa de crecimiento del producto nominal de 6% (mitad aumento real y mitad aumento de precios), la deuda pública respecto al PIB aumentaría a un 33%. Si se quiere pensar en mantener el peso del endeudamiento público al nivel que tenía a fines del año pasado 21,7%, entonces el déficit fiscal debería situarse en torno 1,3% del PIB.
Una segunda observación sobre la consolidación fiscal es que -en general- cuando se trata de cortar gasto público, no hace distinción entre gastos corrientes y gastos de inversión en la determinación del saldo presupuestario. Las consecuencias no son menores en el tiempo, según se trate de uno u otro de estos gastos. Se puede pensar, en efecto, que los gastos de inversión darán lugar a ingresos futuros que ayudarían a reducir el déficit presupuestario, al mismo tiempo que ellos permitirán un aumento de los activos públicos que vendría a ayudar a reducir el endeudamiento público neto.
¿Cuál es el tamaño óptimo de deuda pública sobre PIB?
La verdad es que la teoría económica no tiene una respuesta única frente a este dilema, haciendo honor a la economía como una ciencia social y no una ciencia exacta como la física. Sin embargo, es evidente que una deuda pública muy elevada pone en riesgo la capacidad futura de pago del Estado y le será cada vez más caro y difícil pedir prestado.
Los países de la zona euro tienen la norma de un límite para la deuda de 60% del PIB del país y un déficit público de 3% del PIB. La crisis griega reventó cuando su deuda pública llego a un 185% de su PIB, a fines de 2014.
Chile va terminar este año 2017 con una deuda en torno al 25% de su PIB y con poco más del 3% de déficit fiscal. Son cifras moderadas, sobre todo si se tiene en cuenta que el stock de activos financieros del Tesoro Público todavía es significativo, de tal suerte que es posible pensar que existe aún espacio para una política presupuestaria contracíclica, sobre todo cuando la política monetaria ha sido insuficiente para impulsar el crecimiento.

Citas:
(1) Vease: Neoliberalism. Oversold? J.D..Ostry, P. Loungani, y D. Furceri, Finance&Development. June 2016.
(2) Ob.Cit. Página 41.
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Sobre el Autor

Alexis Guardia

Alexis Guardia

Economista de la Universidad de Chile. Doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Paris IX. Dauphine.