“Después de los casos Penta, Caval, Corpesca y SQM la Ley del Lobby debería actualizarse”

Los chilenos comunes y corrientes tienen un derecho -otorgado por ley- para solicitar una audiencia con alguna autoridad y pedir información o intentar influir en las decisiones públicas que pueden afectar su vida. Nadie le asegura que los van a recibir, pero el derecho a pedirlo existe. Sin embargo, la industria del lobby, también regulada por ley, tiene el mismo derecho pero con la diferencia que dado el poder que representan, tienen más ventajas de que la autoridad les abra puerta. Por eso la Ley del Lobby, desde que comenzó a regir, en marzo de 2014, ha tratado de emparejar la cancha en esta materia.


 

Por María Isabel Guzmán

Los llamados lobistas son en la práctica gestores de intereses particulares, quienes trabajan para influir en las decisiones de la autoridad, a cambio de un pago por sus servicios. Son estas relaciones las que pretende regular la Ley del Lobby, N° 20.730 (1), según señala Manuel Arís, sociólogo y subdirector de Incidencia del think tank Espacio Público. Una evaluación de esta ley está contenida en el trabajo “Avanzar en integridad y participación ciudadana. Balance y modificaciones de la Ley de Lobby”, que fue dado a conocer en el foro: “Dinero y política: Ley de Lobby, derechos humanos y ejercicio de influencias ante autoridades”, realizado en diciembre pasado por la Fundación Friedrich Ebert (FES), junto con Espacio Público.

Si bien Arís considera que en los últimos cuatro años el país ha avanzado mucho la agenda de transparencia, falta mejorar la normativa existente. “Tenemos una nueva ley de financiamiento de la política, tenemos ley de probidad nueva y la Ley del Lobby está hecha antes de este nuevo estándar. Por lo tanto es pos escándalos Penta, Caval, Corpesca y SQM, los que remecieron la conciencia que había respecto de este tipo de problemas y, por lo tanto la Ley del Lobby debería actualizarse”, explica Arís, quien también es Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado.

“La reforma a esta ley debe considerar que ésta es parte de una política más amplia de combate a la corrupción, y que su naturaleza exige también incentivar y facilitar la participación ciudadana en Chile”, sostuvo en Arís en el citado foro.

¿Cuál es su evaluación sobre la forma cómo se ha implementado la Ley del Lobby en Chile?

El planteamiento que nosotros hacemos es que eso no es suficiente, sobre todo para evitar los riesgos de que una industria de lobby poco regulada pueda tener en relación a la integridad, o a la corrupción y a la generación de confianza ciudadana. Además, la información que hoy día se está publicando no es satisfactoria, porque hay un conjunto de errores, de imprecisiones y de vaguedades y de falta de fiscalización para determinar si esa información es completa.

Entonces, primero, tienen un error en el foco, porque no es suficiente. Y segundo, en el foco en que se centra la regulación, no es del todo satisfactorio.

¿Qué falta ahí, o cómo debería ser la norma?

La industria del lobby es una industria especial y tenemos que concebirla de esa forma. No se puede asimilar a una industria de salchichas o de calcetines, porque el negocio de la industria es movilizar o ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones. Es decir, lo que la industria le vende a sus clientes es afectar las decisiones de las autoridades públicas. Eso es tremendamente sensible. Consideramos que es una actividad legítima, pero que debe estar bien regulada, por la sensibilidad que implica eso. Hoy es un actividad desregulada, desbocada y se puede caer en actitudes que colindan con la corrupción, o que son derechamente corrupción, a través del tráfico de influencias, del soborno y de una serie de actos ilícitos y tal vez no ilícitos, pero sí reñidos con la ética. La ley debería avanzar hacia fijar estándares de comportamiento de las industrias que se desenvuelven en el lobby.

¿Y cómo debería ser ese comportamiento?

Deberían tener estándares internos de compromisos con ciertos valores que conforman un principio de integridad en el sector privado. En segundo lugar, un deber de transparencia mayor. Transparentar, por ejemplo, los eventuales conflictos de intereses que los ejecutivos o de los trabajadores de esas empresas en relaciones actuales o pasadas, con determinadas autoridades públicas.

En tercer lugar, hablamos de regular la puerta giratoria, respecto de funcionarios públicos salientes de sus cargos, que es una regulación que se está usando en varios países. Esto es, regular el paso del sector privado hacia el sector público y viceversa. Lo que hacen las empresas del lobby, y esto está descrito en la literatura internacional sobre el tema, es que ocupan la puerta giratoria para aumentar su capacidad de influencia. Contratan a ex autoridades o a ex funcionarios de servicios públicos a los que quieren influir, porque con eso ganan redes de contacto, información privilegiada, etc. Y eso es algo que hay que regular y poner cortapisas para que no afecte la calidad de las decisiones públicas.

Ustedes hablan de zonas grises en el estudio, ¿cuáles son?

A nuestro juicio, la más importante es aquella en que si una autoridad dice haber convocado a un lobbista a una reunión, con eso ya se excluye inmediatamente el deber de informar el contenido de esa audiencia. Y eso obviamente facilita que haya un tipo de colusión entre la autoridad y el lobista. Eso abre el espacio para una zona de sospecha que puede afectar la reputación de las instituciones públicas.

Comúnmente se habla de lobby bueno y de lobby malo, ¿cuál es la diferencia?

Yo no estoy muy de acuerdo con esa postura. Decir que hay lobby bueno y lobby malo, y que el lobby bueno no hay que regularlo, es tratar de buscar una salida para evitar mayores regulaciones. Lo que necesitamos es una industria del lobby que actúe con mejores estándares y eso solo se logra, no a través de la autorregulación, sino a través de una ley y de una institucionalidad que sea capaz de fiscalizar el cumplimiento de ella.

¿Cómo se ha regulado la puerta giratoria en otros países?

Se establecen períodos de enfriamiento, así se denomina, que son períodos de tiempo en el que una ex autoridad o ex funcionario no puede emplearse en empresas relacionadas con el rubro en el que se desempeñó en el sector público, o en empresas de lobby que trabajen en cualquier rubro. Por ejemplo, en Canadá, para ex ministros o subsecretarios el plazo para emplearse en empresas de lobby es de cinco años. Eso parece ser bastante. En la mayoría de los países desarrollados el período de enfriamiento es entre uno y dos años. En cambio Chile tenemos una ley bastante deficiente que establece un período de seis meses, pero nadie lo fiscaliza.

Además, la regulación actual sólo afecta a las instituciones fiscalizadoras. Entonces, también es acotado, no es cualquier servicio público o cualquier poder del Estado en el que esté regulado el paso del sector público al privado. La norma sólo es para entidades fiscalizadoras, de acuerdo a un decreto que las lista.

Frente a ello, ¿ha sido parte de la discusión el tema de la ley en contra del derecho a trabajar?

Claro. Parte de la regulación debe contemplar un salario de pos empleo público. O sea, si es que el período de enfriamiento dura dos años, a esa ex autoridad se le entrega parte del salario que percibía en el servicio público durante un periodo de tiempo que le permita emprender una nueva actividad. Y eso se contempla y, de hecho, está siendo revisado en el Senado por una ley que busca mejorar los estándares en Chile sobre esta norma (2).

Retomemos el tema de la calidad de la información. ¿Cuál es el problema, la calidad de la información que se entrega es mala?

Hay responsabilidades diseminadas entre los distintos actores que intervienen en el proceso, y escasa fiscalización sobre el cumplimiento de esas responsabilidades. La primera responsabilidad es del sujeto activo, es decir, del lobbista o del gestor de intereses, de completar el formulario con información veraz, oportuna, etc.

El segundo deber es de la autoridad pública o del funcionario público que acepta esta solicitud de audiencia, y él tiene el deber de registrar la audiencia y publicarla, sobre la base de la información que le entregó el sujeto activo. Y ahí uno esperaría ciertas correcciones a la información que pudo haber entregado erróneamente el sujeto activo, cosa que generalmente no sucede. Esto devela cierta falta de capacitación o quizás de interés en publicar información que sea certera.

Y en tercer lugar, esta información debe publicarla el Consejo para la Transparencia, y éste ha entendido que no tiene atribuciones para hacer observaciones a la información que se le entrega y actúa meramente como un repositorio de la información. Tal vez ahí hay algo que sea necesario precisar en la ley, para que el Consejo tenga un rol mucho más activo en fiscalizar la calidad de la información que se está publicando.

¿Quién debiera fiscalizar?

La Contraloría tiene el deber de fiscalizar el cumplimiento de la ley, en general. Entonces, por eso es un diseño institucional en el que las responsabilidades están demasiado diseminadas entre distintos actores y además algunas son difusas, como la del Consejo para la Transparencia.

¿Cuál es una información evidentemente errónea?

Nombres mal escritos. Poner que se es gestor de intereses, cuando se es lobbista; o una descripción de la materia tratada demasiado amplia, imprecisa, que no permitiera el ejercicio del derecho de igualdad de trato.

¿Cuál es el sector que tiene más problemas con la transparencia?

Los municipios, siempre están rezagados. La Fundación Multitudes, que evalúa el cumplimiento de la ley en los municipios, ha hecho un diagnóstico muy preocupante de cómo los municipios están ocupando la Ley del Lobby. Lo consideran como una carga de trabajo que no viene aparejado con la asignación de recursos para poder implementarlo. Y además, la Ley del Lobby afecta una cuestión que es muy cotidiana en la vida de las autoridades locales, que es la relación con la gente.

En muchos casos se ha exagerado la interpretación de la norma y creen que hay que publicar absolutamente todo, y no es así. Y en otros casos, producto de la carga de trabajo que puede implicar registrar ciertas audiencias, algunas autoridades han desechado la obligación que tienen, y como no hay fiscalización, simplemente no cumplen con la ley.

¿Falta de capacitación, entendimiento de la ley?

Sí. Hace falta una capacitación que permita a las autoridades y a sus asistentes comprender técnicamente la ley. Y pasa también por un proceso que se va a dar probablemente a largo plazo, que es de incorporar en la cultura de hacer política la necesidad que tienen estas normas. Las leyes de transparencia, de probidad, en este caso la Ley del Lobby, son leyes que fijan estándares de comportamiento. Persiste una cierta in-cultura política que desestima este tipo de normas, porque consideran que no se adecuan a como se hace política en la realidad. ELlos están acostumbrados a hacer política de otra forma, y eso es un cambio que se tiene que dar en el largo plazo, aunque es una demanda que está haciendo hoy día la ciudadanía.

¿De qué sirve esta información, qué hacen con ella quienes acceden a esta información?

Entendemos el acceso a la información como una forma de participación ciudadana. Este es otro aspecto relevante que la Ley del Lobby debe garantizar: la participación ciudadana, no una competencia desleal que genere ventaja a favor de los lobbistas. Este es el bien que queremos procurar. La Ley del Lobby debiera generar más transparencia y un clima de integridad y equidad, para que la ciudadanía esté en igualdad de condiciones (respecto de los lobistas) de influir en las decisiones de las autoridades públicas.

¿Cómo se logra eso? Porque un ciudadano común y corriente puede saber, enterarse, ¿pero cómo influye en las autoridades?

La participación ciudadana es el vehículo para poder hacerlo y de ahí, lo que suceda después, depende de cómo la autoridad reciba la solicitud que se está haciendo, de la capacidad que tenga de movilizar argumentos, o del capital político para poder influir en esa decisión. Depende de factores que están más allá de la Ley del Lobby, pero esta puede actuar como un vehículo para que la participación ciudadana se exprese.

¿Es lo que llaman ‘democratización del acceso a la autoridad’?

Exacto. Eso es algo bien importante que la ley si lo ha conseguido de cierta forma, porque al establecer un canal único, formal, de acceso a las autoridades, que es el formulario de solicitud de audiencias, ya no es necesario ser pariente o haber conocido a la autoridad, si era compañero del colegio o de la universidad, si no que cualquier persona tiene al menos la posibilidad de pedir la audiencia a una autoridad pública. Y eso es algo que se transforma en un primer paso relevante para la participación ciudadana.

Desde el punto de vista de la participación ciudadana, ¿qué carencias han detectado?

Primero, hay una carencia de información por parte de la ciudadanía. Yo creo que si hacemos un estudio y preguntamos cuánta gente conoce la Ley del Lobby, o si sabe que puede pedir audiencia a cualquier autoridad pública por medio de un formulario, el nivel de conocimiento va a ser tremendamente bajo. Por lo tanto, nos gustaría que hubiera una actitud más proactiva de parte de las instituciones públicas, por hacer educación ciudadana y promocionar los canales de acceso que existen en la actual legislación.

Es una tarea del Estado, pero no hay que desconocer que ciertos espacios de participación que ya están, no son aprovechados por la gente. Por lo tanto, siempre cuando abordamos la problemática de la participación ciudadana, nos vamos a encontrar con espacios que no son aprovechados; con espacios que no son lo suficientemente divulgados para incentivar a la participación ciudadana.

¿Cuáles son los puntos que debieran ser considerados para mejorar la legislación del lobby en Chile?

Primero, regular la puerta giratoria (inhabilidades) de que hablábamos a comienzo. Luego, un conjunto de otras normas que acompañan a la Ley de Lobby, que tienen que ver con la agenda anticorrupción y que son fundamentales para que exista sinergia entre estas distintas normas. Cómo aumentar las penas a los delitos de corrupción, elevar los estándares de transparencia y de probidad en el Congreso, que es algo que está pendiente desde hace varios años, y que tiene mucho que ver con el lobby.

También hay una serie de propuestas que no han sido recogidas todavía y que están en el informe de la Comisión Engel, respecto a aumentar la probidad en los municipios. Además, hay otras reformas que se podrían dar en el corto plazo, como por ejemplo, incorporar todo tipo de comunicaciones que tenga un lobbista con una autoridad, porque la ley solo contempla las reuniones presenciales, o a través de videoconferencias. Ahí queda un espacio desregulado en el que se puede tener conversaciones telefónicas o por correo electrónico, y que nos hemos dado cuenta que a través de ese tipo de comunicaciones es que surgen problemas de corrupción.
Y también es necesario regular la vigencia de los lobbistas en el registro de lobistas respectivo.

¿Hay una industria grande de lobby hoy en Chile?

Yo creo que si, pero todavía es subterránea. Hay muchos estudios jurídicos que hacen lobby, que no se reconocen como tales. Empresas de comunicación. Y hay una resistencia porque el lobby todavía tiene una connotación negativa. Nadie se quiere reconocer como lobbista. O muy pocos.

 

Citas:
(1) https://www.leylobby.gob.cl/
(2) Boletín 10.140-07. Proyecto de ley que previene y sanciona los conflictos de intereses, y modifica normas sobre inhabilidades e incompatibilidades en el ejercicio de la función pública).
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Editor Política & Economía