Del mito de la subsidiariedad del Estado a la realidad de los subsidios

De la carta del grupo de 26 disidentes de la Democracia Cristiana, publicada el 3 de enero pasado, poco y nada se ha dicho de la reivindicación que estos hicieron de un concepto que irrumpió con fuerza durante la dictadura que encabezó el general Augusto Pinochet, para enfocar ideológicamente las profundas reformas que permitieron la refundación del sistema capitalista en Chile: la subsidiariedad del Estado. Del mismo modo, nada se ha dicho sobre la opción política de los distintos gobiernos de renunciar a este concepto para reemplazarlo por el de subsidio, que es el que mejor se acomoda al modelo de mercado.


 

Por Hugo Traslaviña

En la carta, aquellos militantes DC criticaron lo que a su juicio ha sido una tendencia lamentable que se habría profundizado en los últimos meses: “una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática, sin reconocer el rol subsidiario del Estado, un principio constitutivo de nuestra visión de la sociedad, que ha sido factor fundamental en el desarrollo de nuestro país”.
Pero tal visión parece ser una ilusión, o un temor, más que una realidad.
A buen entendedor, pocas palabras. Estos disidentes DC se oponen al estatismo que según su visión, prevalece en la actualidad, en supuesto desmedro de la empresa privada. Sin embargo, los hechos demuestran lo contrario, porque desde la recuperación de la democracia, en 1990, el enfoque económico de todos los gobiernos (cuatro de la Concertación, uno de la derecha y hoy el de Nueva Mayoría, que incluye al Partido Comunista), ha sido el de un escrupuloso respeto de la iniciativa privada por sobre la estatal.
Durante todos estos gobiernos el Estado se ha mantenido en un segundo plano, dejando el mayor espacio al sector privado para que impulse la creación de riqueza. Es más, desde entonces hasta ahora el Estado no ha creado ninguna empresa productiva, pudiéndolo haber hecho para resolver problemas complejos que afectan a la población, sobre todo en zonas aisladas.

Sin embargo, una excepción ocurrió hace poco, con la aprobación del proyecto de ley que amplía el giro de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), autorizándola a crear y/o participar en proyectos eléctricos, de generación y transporte de electricidad, como socio no controlador (menos del 50% de la propiedad).

El mencionado proyecto de ley había ingresado en 2014 al parlamento y el 12 de enero de 2016 fue aprobado por una contundente mayoría en las dos cámaras: 102 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones en la de diputados y 22 votos a favor y 4 abstenciones en el Senado. Este resultado muestra que cuando existen iniciativas empresariales bien fundadas a desarrollar por el Estado, el principio de subsidiariedad logra concitar el apoyo de la mayoría de los sectores políticos, izquierda, centro y derecha. Lo que falta, por lo tanto, son iniciativas.

Un ejemplo de la renuncia del Estado a su rol subsidiario es el caso del trasporte púbico de superficie en el Gran Santiago, donde se ha preferido entregar gigantescos subsidios a un grupo de empresas privadas para mantener un servicio calificado como ineficiente. Esto, en vez de crear una empresa estatal de transporte de pasajeros. Es solo un ejemplo donde algún gobierno legítimamente pudo haber aplicado el concepto de subsidiariedad y no lo hizo, optando por una solución híbrida y a estas alturas altamente onerosa para las arcas fiscales, porque entretanto las empresas que reciben los subsidios no han dejado de tener fines de lucro.
Para qué hablar de actividades productivas innovadoras, donde otrora Corfo llevaba la delantera. En cambio ésta hoy opera como una simple agencia de promoción de nuevos negocios orientados al sector privado y como “banca de segundo piso”, traspasando fondos a la banca comercial para intermediar garantías de créditos para capital de trabajo, comercio exterior y desarrollo de proyectos.
Mientras tanto, desde 2014, duerme una propuesta de consenso a que llegó la Comisión Nacional del Litio, para crear una empresa o entidad estatal y comenzar a explotar este recurso a otra escala. En este mismo ámbito, fue Corfo la entidad que en la década del 60 del siglo pasado hizo los primeros estudios sobre el litio y después le abrió paso a los privados. Además, desde 1993, Corfo mantiene “en arriendo” el Salar de Atacama para que este recurso lo explote Soquimich, con todas las externalidades, incluso de vicios políticos, que este camino ha significado.

Demandas sociales

Quizás el ejemplo prototípico que muestra una actitud de complacencia con del modelo de mercado fue la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), durante el gobierno de Ricardo Lagos. Este instrumento fue diseñado con una lógica de mercado para supuestamente ayudar a los jóvenes y sus familias a financiar la educación superior. Pero en la práctica resultó ser un remedio peor que la enfermedad. En los hechos, fue un excelente negocio para los bancos y una pésima opción para el Estado y, desde luego, para los propios estudiantes.
Los 26 DC que firmaron la carta que titularon “Progresismo sin progreso”, deberán recordar que luego de las gigantescas protestas callejeras de los estudiantes, junto con sus padres, el gobierno del Presidente Piñera -obligado por las circunstancias– tuvo que intervenir para corregir el CAE, bajando la tasa de interés de los créditos del 8% en que estaba en promedio (precisamente para que fuera negocio para los bancos), a un máximo de 2% nominal. Por cierto, para que ello ocurriera el Estado tuvo que aumentar el gasto en ese ítem, de modo de cubrir parte de la brecha entre la tasa de mercado y la tasa subsidiada.
A partir de este año, aun con todas sus imperfecciones, la larga demanda de los estudiantes por acceder de manera gratuita a la educación superior, comienza a hacerse realidad, de modo que si a este cambio los 26 disidentes de la DC lo catalogan de “progresismo sin progreso”, es porque quizás hubiesen querido mantener el sistema como estaba hasta el año pasado
De manera análoga, en el sector salud el Estado también ha tenido que desembolsar recursos extras para mejorar la cobertura en este ámbito, “comprándole” servicios a los prestadores privados (operaciones, días camas y atenciones ambulatorias). A su vez, en el ámbito previsional, el Estado tuvo que crear el “pilar solidario” para entregar beneficios (subsidios) a aquellos afiliados a las AFP (entidades privadas) que no alcanzan a financiar pensiones mínimas.

Otra excepción a la regla será la creación de una AFP estatal, cuando el proyecto de ley respectivo concluya su tramitación, tal vez este año.

Espacio para los privados

Los gobiernos han estado interviniendo de manera obligada, presionados por las circunstancias, para tratar de corregir las desviaciones de un modelo en que se han dado amplias oportunidades al sector privado.

En los tres sectores mencionados, críticos desde el punto de vista social (educación, salud y previsión), los gobiernos han estado interviniendo de manera obligada, presionados por la ciudadanía, para tratar de corregir las desviaciones de un modelo en que se han dado amplias oportunidades al sector privado para que participe, estimulado por el principal motor que lleva a los privados a invertir: la obtención de una renta, o lucro. Lo curioso es que entretanto, en estos tres ámbitos el Estado ha tenido que intervenir con subsidios, no con subsidiariedad.
Mientras el subsidio es un regalo, en que no hay pago o devolución por parte del beneficiario, la subsidiariedad, explicada por los propios exegetas del libre mercado en tiempos de Pinochet, es aquella facultad del Estado para intervenir directamente en aquellas áreas donde el sector privado no se interesa en hacerlo, porque no le es rentable. De este modo y con esta lógica, no sabemos hasta ahora que La Clínica Las Condes tenga una sucursal en la comuna de La Pintana, pero sí que el Estado y el municipio mantienen allí centros de salud familiar y comunal.
En los 25 años que suman desde que Chile recuperó la democracia, en 1990, el Estado no ha dado muestras de querer aplicar el rol subsidiario, pero en cambio ha sido generoso en aumentar los subsidios, para tratar de suplir las imperfecciones originadas por un sistema centrado en el mercado, ayudando de paso a sostener negocios del sector privado. Por lo tanto, la subsidiariedad ha sido un mito sustentado por el apego ideológico al modelo. De haberse tomado con un enfoque pragmático y real, incluso durante el régimen militar, habría llevado al Estado a aumentar su tamaño y su presencia en la economía chilena.
En buena hora resurge el concepto de subsidiariedad, cuando el país se está preparando para un nuevo debate constitucional. Este concepto no figura en la actual carta fundamental y quizás sería oportuno rescatarlo para que en el futuro el Estado cumpla efectivamente con este rol, si entretanto existe consenso para mantener el sistema económico de mercado.

Enfoque ciudadano

En lo que tal vez tienen razón los 26 disidentes de la DC, donde destacan entre otros los ex ministros Eduardo Aninat (Hacienda), Pedro García (Salud) y Hugo Lavados (Economía); y los economistas Ernesto Tironi, Guillermo Le Fort y Álvaro Clarke, es que el afán implícito de las reformas que se encuentra impulsando el gobierno de Michelle Bachelet, es el de recuperación del enfoque ciudadano y de lo que ellos mismos llaman “grupos intermedios” (concepto que también se puso de moda durante la dictadura de Pinochet), como son –por ejemplo- los estudiantes, los trabajadores y los consumidores (reformas a la educación, laboral y del Sernac, respectivamente).
Aun con todas las críticas, resistencias, errores y autocríticas que está teniendo el gobierno de Bachelet, para llevar a cabo las reformas, lo que justifica el actuar de su gobierno es que estos cambios son esperados y sentidos por la ciudadanía. Son correcciones a un sistema que está capturado por el modelo de mercado, donde quienes llevan las de ganar son justamente los que tienen el poder económico.
Este sistema ha mostrado, con resultados objetivos, sobre todo en materia social (salud, previsión y educación) y de ingresos (medidos por coeficiente de Gini), que sin correcciones basadas en políticas públicas inclusivas, difícilmente podría generar de manera natural (al estilo de la teoría del chorreo de los Chicago boys), soluciones para la mayoría ciudadana.
No está de más recordar el diagnóstico que antecedió a la redacción del programa para el segundo gobierno de Bachelet: que el modelo de mercado se encuentra agotado y que de persistir en mantenerlo inalterado, no sería posible resolver las profundas brechas de desigualdad que prevalecen en Chile.

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Sobre el Autor

Hugo Traslaviña

Hugo Traslaviña

Periodista especializado en economía y finanzas. Se tituló en la U. Católica del Norte y cuenta con el grado de MBA de la U. Técnica Federico Santa María. Es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la U. Central.