Crisis en Chile: ajuste de cuentas al modelo neoliberal

Las medidas urgentes que comenzó a tomar el Presidente Sebastián Piñera, después del estallido social del 18 de octubre -incluido el cambio de gabinete ocurrido diez días después- pueden ser suficientes para impedir el desplome de su gobierno, pero no para evitar una revisión profunda del modelo económico neoliberal, a tres décadas del retorno a la democracia post dictadura.


Por Niccolo Moro

De pronto y sin que nadie lo imaginara, Chile se trasformó en una caldera y dio un viraje de 180 grados en su historia, poniendo en jaque la institucionalidad política y el modelo económico neoliberal que cumplía 45 años de vigencia, sin contrapeso. El quiebre maestro lo produjo una masiva, transversal y violenta protesta ciudadana que tomó por sorpresa al gobierno de Sebastián Piñera y a todos los partidos políticos, de izquierda a derecha.

Fue también un vuelco en la forma en que se acostumbraba a diseñar y aplicar las políticas públicas, de arriba hacia abajo. A partir de esa fecha la gente en las calles comenzó a dictarle pautas a los de arriba, pasando a la ofensiva y amenazando al poder político, en La Moneda y en el Congreso.
Este movimiento ciudadano no tiene liderazgo conocido y por lo tanto, la autoridad de ambos poderes quedó desconcertada porque no era posible entablar un diálogo, para abordar las demandas más urgentes. De hecho, a días del estallido social, el gobierno de Piñera respondió con un paquete de medidas que no fueron tomadas en cuenta por los ciudadanos, quienes luego salieron a la calle para seguir manifestando su descontento. En este ambiente, el viernes 25 de octubre tuvo lugar la más grande concentración de que se tenga memoria en el país, con más de un millón 300 mil personas marchando por el centro de Santiago y otros cientos de miles en las principales ciudades del país. Mientras tanto, grupos anarquistas seguían provocando incendios, saqueando locales comerciales, atentando contra oficinas públicas y destruyendo el mobiliario público. A 10 diez días de iniciada, la revuelta social había cobrado 19 muertos, cientos de heridos y más de 3.000 detenidos.

Luego que Piñera ordenó el levantamiento del estado de emergencia (27 de octubre), el gobierno y las fuerzas policiales seguían sobrepasadas, mientras las clases para escolares y universitarios estaban suspendidas y los santiaguinos enfrentaban graves problemas para trasladarse a sus trabajos y conseguir víveres, sobre todo en las comunas periféricas donde más arreciaron los saqueos e incendios de supermercados. Por lo tanto, la situación era se suyo anormal, inestable e insegura para el ciudadano medio.

La pregunta recurrente era cómo y por qué Chile llegó a esta crisis. A priori, las respuestas apuntaron al modelo económico, como el principal responsable del estallido social.

Un nuevo contrato social

Ante la ausencia de un liderazgo fuerte, que represente medianamente a la masa ciudadana desencantada, lo que puede observarse hacia adelante es un periodo de inestabilidad social y política, tal vez largo. Esta frágil convivencia solo podría ser superada con un gran acuerdo nacional emanado desde las bases ciudadanas, con el explícito propósito de llegar a un nuevo contrato social, llamado comúnmente constitución política.
Un simple llamado a elecciones generales, para descomprimir la caldera y cambiar las caras en el ejecutivo y el parlamento, no serían suficientes, porque la actual carta fundamental sigue estigmatizada por su origen autoritario.

En los últimos 30 años la constitución aprobada en 1980, en plena dictadura, ha tenido a lo menos 20 enmiendas, pero las más grandes han sido las de 1989 (meses antes de que Pinochet dejara el gobierno) y fue conocida como la reforma de las “leyes de amarre”. La otra fue la reforma de 2005, propiciada por el entonces gobierno de Ricardo Lagos, oportunidad en que se puso fin a los llamados “enclaves autoritarios” (1).

La actual constitución chilena está estrechamente asociada con el modelo económico neoliberal, de modo de garantizar su integridad. A lo largo de tres décadas el modelo ha tenido numerosas reformas en democracia, pero no han alterado sus bases fundamentales. En los últimos 30 años, este modelo incluso ha sido subsidiado por el Estado, acentuando con ello el sesgo concentrador que conlleva la economía de mercado. Particularmente, los tres derechos sociales básicos que hoy exigen los chilenos indignados, en salud, educación y previsión, han tenido el respaldo financiero estatal. En estos tres ámbitos, altamente sensibles para la población, el Estado ha tenido un rol subsidiario, dejando un amplio espacio al sector privado para que actúe como lo hace normalmente: con fines de lucro.

Así, por ejemplo, la salud privada que ofrecen las isapres (instituciones de salud previsional), recibe suculentos aportes contributivos del Estado y de sus afiliados para permitir el funcionamiento del GES (sistema de garantías explícitas de salud). Junto con ello, el Estado contrata “horas-cama” a las clínicas privadas (integradas horizontalmente con las isapres), a precios de mercado, para aquellos pacientes que no pueden ser atendidos en el sistema público, por falta de cupos o de equipos médicos.

El epítome de la transferencia de recursos del Estado al sector privado se observa en el sistema previsional de las AFP.

En el mismo ámbito de la salud, en las últimas tres décadas prosperó el sistema de concesiones hospitalarias, mediante el cual el Estado ha transferido su responsabilidad de construir infraestructura de salud, pagando a empresas privadas para que se hagan cargo y también para que administren estos centros de salud. De este modo el Estado se desentiende de construir los hospitales, pero no de pagar por el inmueble, como tampoco de financiar su funcionamiento.

En el ámbito de la educación, por más de cuatro décadas el Estado chileno estuvo pagando subvenciones a empresas privadas para administrar colegios, generando con ello lucro en este sector. Este sistema recién comenzó a desmontarse en 2018, luego de una reforma aprobada tres años antes en el segundo gobierno de Bachelet.

Lucro de mercado en la educación

El caso más elocuente como patético del enfoque privatizador de la educación se dio durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), cuando se creó el crédito con aval del Estado (CAE), complementario de los llamados créditos Corfo (2). Esta política pública nuevamente apoyó el modelo de mercado, porque transfirió a los bancos la responsabilidad de otorgar créditos para que los jóvenes provenientes de familias de bajos recursos pudieran pagar sus estudios superiores.

La regulación para que operara el CAE fue traspasada a la banca comercial (incluido el Banco Estado), de modo que se hicieran cargo de los préstamos, a tasas de mercado. En este esquema, si el estudiante deja de pagar el préstamo, se sigue un procedimiento de cobro como el de cualquier deudor que pide un crédito de consumo. Pero con una ventaja: el Estado asume la deuda, se la paga al banco y solo recién persigue al deudor moroso. De este modo, hoy la Tesorería General de la República se ha hecho cargo de cobrar el CAE, mediante la retención de las devoluciones de impuestos a los deudores.

Curiosamente, este singular negocio, en que los bancos no perdieron ni un peso, fue regulado a la fuerza en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Debido al gran movimiento de los estudiantes secundarios, conocido como la revolución pingüina. La solución fue reducir drásticamente la tasa de interés del CAE, pero sin condonación para los estudiantes y sus familias que cayeron en mora.

Por otra parte, numerosos establecimientos de educación (básica, media y superior) burlaron la prohibición de lucrar con las subvenciones y otros recursos aportados por el Estado, constituyendo empresas inmobiliarias que arrendaban los inmuebles en las cuales funcionaban, para por esta vía desviar dinero de origen fiscal para los empresarios de la educación.

Pero, sin duda, el epítome de la transferencia de recursos del Estado al sector privado se observa en el sistema previsional de las AFP. Esto, a través de los subsidios a las pensiones bajas que éste paga, como consecuencia del también bajo ahorro previsional (contributivo) de cientos de miles de afiliados a las AFP. Así, el drama social y humano que ha surgido con la eliminación de un sistema estatal de reparto, comenzó a ser asumido por el Estado, a partir de una reforma de 2004 (primer gobierno de Bachelet), cuando se crea el llamado “pilar solidario”. Este no es otra cosa que un subsidio estatal para aliviar en parte las bajas pensiones que pagan las AFP. Todo ello, mientras las empresas privadas que administran las AFP, mantienen sus ganancias y sus controladores usan el gigantesco ahorro forzado de los trabajadores para financiar negocios privados, sobre todo de grandes empresas, en Chile y el extranjero. Las AFP tienen también el estatus de inversionistas institucionales. Esto significa que los dineros ajenos que manejan los invierten en el mercado de valores, para ganar rentabilidad. Efectivamente, si lo hacen bien incrementan el capital de los trabajadores, pero de paso, ayudan a financiar negocios del sector privado.

El sistema de AFP ha sido cuestionado desde mucho antes del estallido social del 18 de octubre pasado, debido a las bajas pensiones que entrega a los trabajadores que se pensionan, muy lejos del 70% de tasa de reemplazo que muestran las pensiones en la mayoría de los países de la OCDE.

Estos son solo algunos ejemplos de carácter estructural en que el modelo de mercado ha sido intervenido en democracia, no para limitarlo y quitarle atributos, sino para mantener su esencia, como medio maximalista de ganancias. A lo más, las reformas han apuntado a introducir algunas regulaciones, pero siempre con el foco de profundizar la competencia, entendida por los economistas neoliberales como el principal vector para beneficiar a consumidores y usuarios. También se han hecho ajustes cuando algunos actores han mostrado sus garras concentradoras de manera burda, como han sido los bullados casos de acuerdos oligopólicos (colusión), en las farmacias, los pollos y el papel higiénico.

Preguntas después del gran estallido social

Otras preguntas que surgen después del gran estallido social del 18 de octubre son: ¿de qué sirve ahora el afán de estabilización del modelo económico (por ejemplo, abatir el déficit fiscal), sin no hay estabilidad política?; ¿cómo se puede lograr el crecimiento económico si no hay paz social?; y ¿aprenderán en algún momento los tecnócratas que la política antecede a la economía y que sin estabilidad política no hay estabilidad económica, ni tampoco desarrollo?

¿Cómo se puede lograr el crecimiento económico si no hay paz social?

El estallido social del 18 de octubre pasado da cuenta que por primera vez en las últimas cuatro décadas y media, las prioridades políticas se ponen por delante de las económicas. Hoy queda nuevamente claro que la economía es lo que permite la política y no al revés. Por lo tanto, en este enroque son los economistas, particularmente los neoliberales, los que ahora se las deben ingeniar para responder a las demandas sociales y no al revés.
Las demandas ciudadanas expresadas en la calle apuntan al orden político, que cobija al modelo económico chileno instaurado por los Chicago boys en la dictadura militar y que sucesivamente han tratado de legitimar los sucesivos gobiernos, después de 1990. Este modelo antepone la eficiencia productiva y la obtención de renta por sobre las prioridades sociales, incluso como eje central de las políticas públicas.

Ahora, a raíz del estallido social del 18 de octubre pasado, surge la pregunta sobre cuán moral es seguir manteniendo este enfoque. Esto porque la crisis revela que al nivel de las personas ya no es soportable seguir sosteniendo, por ejemplo, que la eficiencia del sistema de AFP está por encima del bienestar de las personas que aportan a éste.

Por lo tanto, el dudoso enfoque epistemológico que han sostenido hasta ahora los partidarios de aplicar la óptica de la eficiencia rentista en las políticas sociales, confunde el medio con el fin; la herramienta con el uso que se le dé a esta. Mientras una herramienta carece de moral, el uso que alguien le pueda dar a ésta va revestido de algún grado de moralidad, sobre todo en los regímenes democráticos.

Sin embargo, durante 45 años los tecnócratas económicos que coparon las políticas públicas, desde al inicio de la dictadura de Pinochet, se apropiaron y hegemonizaron los diseños, las aplicaciones y las evaluaciones posteriores de políticas públicas que hoy hacen crisis: la educación, la salud, la previsión y también el combate a la pobreza.

Junto con la aprobación de una nueva constitución política, la alternativa más probable de recambio del modelo económico neoliberal es un sistema mixto, con mayor protagonismo del Estado, para garantizar el acceso igualitario a los derechos sociales básicos, como ocurre en los países donde aún funciona el welfare state.

Notas:
(1) Entre los cambios más relevantes de la reforma constitucional de 2005 se cuentan: el fin de los senadores vitalicios y designados; la facultad presidencial para remover a los comandantes en jefes de las fuerzas armadas; la limitación de las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional; y la reducción del periodo presidencial de seis a cuatro años, sin reelección inmediata. Otra reforma importante fue la eliminación del sistema electoral binominal, que se concretó en 2015, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
(2) Corfo es la agencia estatal creada en 1939, por el entonces Presidente Pedro Aguirre Cerda, para el fomento productivo.
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Editor Política & Economía