Corte Suprema reconoce el derecho a huelga más allá del marco de la negociación colectiva

En los mismos días en que ardía el debate en el Congreso para tramitar el paquete de reformas a la ley laboral, el 7 de marzo pasado,la Corte Suprema sentaba jurisprudencia con un fallo que perfora el espíritu y la letra del actual Código del Trabajo, heredero legítimo del Plan Laboral del ex ministro José Piñera, dictado en 1979, en plena dictadura militar. Este fallo reivindicó la huelga como una herramienta legítima de los trabajadores y el derecho de éstos a ejercerla más allá del marco del proceso de negociación colectiva, facultad que por lo demás está sometida a una serie de regulaciones.


Por Hugo Traslaviña

La historia de este fallo emitido por la Corte Suprema parte el 22 de mayo de 2014, cuando el sindicato de la empresa Actionline Chile S.A. convocó a sus afiliados a un paro de “brazos caídos”, en protesta por el no pago de remuneraciones y bonos a un grupo importante de empleados. El movimiento fue acatado por la mayoría de éstos y ese día discontinuaron los servicios sólo por tres horas.

Como represalia la empresa despojó del fuero sindical a los dirigentes y los despidió, esgrimiendo –según sus abogados- la vulneración del artículo 160 numeral 5 del Código del Trabajo (sobre ejecución de actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten la seguridad o el funcionamiento del establecimiento; y/o la seguridad y la salud de los trabajadores).
Los dirigentes despedidos, Claudio Yutronic Rojas y Rodrigo Carmona Millanao, demandaron a la empresa y meses después, el 7 de julio de 2015, la titular del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, Germaine Petit-Laurent Eliceiry, emitió un fallo en contra de éstos y a favor de la empresa.
Pero los dirigentes recurrieron a la Corte de Apelaciones y el 23 de octubre de 2015 la décima sala de ésta anuló el fallo de primera instancia.
Los trabajadores solicitaron a la Corte hacer valer el contenido del artículo 477 del Código del Trabajo y acusaron a la empresa de infringir los numerales 16 y 19 del artículo 19 de la Constitución, además de los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación.
En tal sentido, los dirigentes solicitaron al tribunal de alzada una sentencia de reemplazo y que éste declarara que ellos“no han incurrido en las causales invocadas para su desafuero, ya que su acción se ha enmarcado en el ejercicio de la libertad sindical, rechazando la solicitud de la empresa, con costas”.
Según los ministros de la Corte de Apelaciones, “la libertad sindical debe ser entendida como un derecho de carácter complejo, donde confluyen dos dimensiones: autonomía organizativa y derecho a la actividad sindical.” Agregaron que el tribunal de primera instancia aplicó restrictivamente el derecho a huelga “ejercido por miembros del sindicato con ocasión de adeudársele remuneraciones a un número importante de trabajadores, limitando la acción sindical solo al proceso de negociación colectiva reglada”.

La realidad

Según la Corte, “dicho raciocinio no solo es restrictivo en términos formales, sino que ajeno a la realidad, en el contexto general del país, donde los conflictos no reglados, superan en más de un mil por ciento a los trabajadores que participaron en conflictos reglados.”
A la luz de las estadísticas sobre paros que se realizan en el país, al margen de los procesos de negociación colectiva, el derecho de huelga considerado en los términos señalados por el mencionado dictamen de primera instancia, sería un acto ilegal. Pero con la sentencia emitida primero por la Corte de Apelaciones y luego confirmada por la Corte Suprema, ello no es así. De este modo, por primera vez, al menos en las últimas cuatro décadas, el derecho a huelga desborda legalmente el marco del actual Código del Trabajo, que limita estas acciones al proceso de negociación colectiva.
Para ambos tribunales superiores, en el recurso judicial presentado por los dirigentes sindicales se estaba frente a una de las prerrogativas fundamentales de la acción sindical, específicamente el derecho a emprender acciones en defensa de sus representados, ejerciendo el derecho a huelga y/o autonomía conflictual, lo que a juicio de éstos “no es un acto desproporcionado”, puesto que fue efectivo que a los trabajadores se les adeudaban remuneraciones y bonos, siendo éste el motivo principal de la paralización de actividades.

Fue efectivo que a los trabajadores de Actionline se les adeudaban remuneraciones y bonos, siendo éste el motivo principal de la paralización de actividades.

Ante el fallo en contra que le propinó la Corte de Apelaciones, la empresa se jugó su último recurso en la Corte Suprema, para que fuera ésta la que dirimiera si los huelguistas habían o no vulnerado el artículo 160 numeral 5 del Código del Trabajo. La empresa pedía “determinar si los trabajadores demandados se encontraban amparados legalmente para paralizar sus funciones fuera del marco de la negociación colectiva reglada” y, por consiguiente, si incurrieron o no en las causales que facultaban al empleador para terminar con el fuero sindical y proceder al despido de los dirigentes.
Pero, según la Corte de Apelaciones y también la Suprema, la empresa no tenía la razón.
El rechazo final al recurso presentado por Actionline Chile S.A., fue suscrito por los miembros de la cuarta sala de la Corte Suprema, esto es, por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz, Carlos Cerda y por la abogada integrante Leonor Etcheberry.

Después de este fallo cabe preguntarse si el gobierno y los parlamentarios tomarán nota respecto de los alcances y limitaciones que ofrece la legislación que se pretende cambiar, no solo en el ámbito del derecho a negociación colectiva y titularidad sindical, sino también respecto del pleno ejercicio de la “autonomía conflictual”, cada vez que a los trabajadores les sean vulnerados sus derechos, más allá del periodo en que se desarrollan las negociaciones colectivas. Y, lo que es aun más crucial, si es posible reconocer el derecho a huelga en los casos en que los trabajadores no pueden negociar con sus empleadores, sencillamente porque éstos les impiden organizar sindicatos, situación en que se encuentra la mayoría absoluta de los asalariados de este país.

 

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Sobre el Autor

Hugo Traslaviña

Hugo Traslaviña

Periodista especializado en economía y finanzas. Se tituló en la U. Católica del Norte y cuenta con el grado de MBA de la U. Técnica Federico Santa María. Es profesor de la Facultad de Comunicaciones de la U. Central.