Cómo y por qué el Estado debe financiar a los partidos políticos

Los partidos políticos organizan la lucha por el poder; son un medio de participación ciudadana y sirven para canalizar diferentes intereses ideológicos en una sola identidad. Así es como los partidos se definen como entidades de interés público. Dado que sin su existencia no habría democracia, deber ser responsabilidad del Estado asegurarles los recursos suficientes y garantizar que cualquier partido que respete la constitución y las leyes tenga la oportunidad de llegar al poder, sea cual fuere su origen político, social, religioso y económico. Así y todo, en América Latina no todos los países proveen el financiamiento estatal de los partidos.


Por Ana Lucía Neira Apaza

En América Latina son numerosos los países que enfrentan una crisis de confianza hacia los partidos, debido al hallazgo de sucesivos escándalos de corrupción política, producto de fallas institucionales, vacíos legales y pobreza ética de ciertas clases dirigentes. Estas fallas han permitido que individuos inescrupulosos hayan escalado a importantes cargos públicos, ayudados por empresas que se valen de éstos para lograr prebendas y favoritismo en sus negocios, acompañados por una débil fiscalización y falta de transparencia con que operan los organismos gubernamentales.
Son numerosos también los casos de dirigentes y autoridades políticas que han sido denunciadas por tener antecedentes penales, o vinculación con la comisión de delitos de gravedad.
Toda organización genera un costo para su sostenibilidad. Los partidos políticos no son la excepción. Sus afiliados y dirigentes incurren en gastos de tiempo, dinero y logística para constituirlos, para mantenerlos y, sobre todo, para las campañas eleccionarias.
Son los cambios institucionales los que hacen la diferencia en el nivel de desarrollo político de los países. Estos, a su vez, permiten el cambio cultural que requieren las sociedades, en su permanente afán por avanzar hacia el desarrollo. Uno de ellos es el financiamiento estatal de los partidos políticos. Este tema es relevante, no sólo por las sumas de dinero que ello implica y porque, a simple vista, puede generar resistencia, dada las enormes carencias que se observan, por ejemplo, en el plano social y también dado el desprestigio de los partidos y de los dirigentes políticos.

Evitar el despilfarro

Con el apoyo financiero del Estado se evita que los partidos caigan en manos de agentes del mercado, de grupos de interés y de mafias organizadas, como es el caso de los narcotraficantes. Así y todo, esto no elimina la posibilidad del soborno, aunque abre el camino para que los partidos puedan vivir sin el apoyo de las corruptelas.

Los jóvenes son los más reacios a la participación en política y por lo mismo, los que menos concuerdan con el financiamiento estatal de los partidos.

Los jóvenes son los más reacios a la participación en política y por lo mismo, los que menos concuerdan con el financiamiento estatal de los partidos, porque consideran que solo sirven para el derroche de dinero público. Así, por ejemplo, se financia a los partidos en función del número de votos, pero también con dinero para el envío de propaganda electoral por correo. De este modo, el ciudadano elector recibe en su hogar numerosos sobres de partidos que buscan convencerlo. Por eso los más críticos creen que esta es una muestra de despilfarro de sus propios recursos que entregan al Estado, vía impuestos.

No obstante aquellas situaciones, cuando el Estado financia a los partidos políticos automáticamente disminuyen los incentivos para el financiamiento ilegal o irregular de éstos. Y lo que es aún más relevante: se evita el clientelismo y el cohecho en la aprobación de las leyes. Por lo tanto, el financiamiento estatal de los partidos ayuda a la democratización y evita que los partidos sean capturados por quienes tienen más dinero (sea cual sea su origen), interviniendo desde las campañas hasta la fase legislativa. De este modo el poder económico cierra el círculo, cooptando el poder político en beneficio de unos pocos y en desmedro de los grupos sociales más modestos, que no disponen de recursos para “comprar” este tipo de servicios.

Por lo tanto, una vía -aunque no la única- para evitar que prolifere la corrupción de la clase política, es la financiación completa de las campañas electorales y de las actividades básicas (sobre todo administrativas) de los partidos. De paso, esta opción permite que aquellos grupos socioeconómicos de bajos ingresos, tengan las mismas opciones de formar partidos y aspirar al poder, como históricamente lo han hecho los grupos más acomodados.

Nota del Editor:
La autora de este artículo es estudiante de la carrera de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Católica de Santa María y de la carrera de Economía, en la Universidad Nacional de San Agustín, ambas en Arequipa, Perú.
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Sobre el Autor

Editor Política & Economía