Chile: cuenta regresiva para el modelo de Chicago

Como una paradoja del destino, el modelo económico neoliberal que fue implantado luego del violento golpe de Estado que encabezó Augusto Pinochet, se enfrenta ahora a la cuenta regresiva para su reemplazo, como consecuencia de un masivo levantamiento social que partió el 18 de octubre de 2019. Este proceso fue antecedido por hechos violentos y confirma la sentencia de Marx, de que la violencia es la partera de la historia. En su obra cumbre, El Capital, Marx dice: “la violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva” (1).


 

Por Niccolo Moro

Con el macizo triunfo de la opción Apruebo y de la Convención Constitucional, el proceso constituyente chileno entró en tierra derecha el 25 de octubre de 2020 (2). El órgano que redactará la nueva carta magna será integrado por ciudadanos elegidos de manera paritaria en abril de 2021: 50% mujeres y 50% hombres. Se trata de un proceso inédito en la historia de Chile que tiene su origen en un gigantesco movimiento social (genuinamente social, antes que político-partidista), que a su vez fue impulsado por un inusitado estallido de violencia.

Las protestas iniciadas por estudiantes secundarios en octubre de 2019, contra el alza del pasaje en el tren metropolitano de Santiago, fueron seguidas por incendios simultáneos en decenas de estaciones de este ferrocarril urbano. En los días siguientes se sumaron otros masivos ataques a los bienes públicos, así como la quema de buses e incendios y saqueos a decenas de supermercados y pequeños negocios, estaciones de policía, hoteles, iglesias y edificios públicos y privados. Estos mismos hechos se repitieron en las principales ciudades del país, junto con marchas espontáneas de cientos de miles de chilenos que salieron a las calles a protestar.

Los hechos violentos son indesmentibles, como también lo fue la marcha de ciudadanos más masiva en la historia del país, ocurrida una semana después del estallido del 18 octubre de 2019, la que se estima congregó a 1.300.000 personas. La multitud copó la estratégica plaza Baquedano de la capital chilena (rebautizada por los manifestantes como plaza Dignidad) y sus avenidas y calles aledañas. Paralelamente, continuaron los hechos de violencia a lo largo del país, desde Arica a Punta Arenas, como también las marchas pacíficas de ciudadanos que pedían cambios urgentes, dirigidos al corazón del modelo económico.

En 2019 ningún partido, de izquierda, derecha y centro, ni menos el gobierno que encabeza Sebastián Piñera, tenían en sus planes cambiar la constitución. Ello, no obstante que dormía en el Congreso un proyecto de nueva constitución que fue elaborado por más de 200.000 personas que participaron en los cabildos ciudadanos convocados por la ex Presidenta Michelle Bachelet.

El proceso formal que partió con el plebiscito del 25 de octubre de 2020, es el primero en su tipo en la historia de Chile, puesto que todas las constituciones anteriores fueron escritas por grupos pequeños y aprobadas mediante procesos no democráticos.

El movimiento social surgido en octubre de 2019, aparentemente, no obedece a ningún partido, ni ha permitido que líderes políticos clásicos, de cualquier signo, sean sus conductores. La columna vertebral de este movimiento ha sido la comunicación digital que fluye a través de redes sociales. Mientras tanto, los únicos emblemas que han proliferado en las marchas callejeras son las banderas chilena y mapuche. Incluso esta última ha sido la más visible, a modo de expresión de rebeldía contra el orden imperante.

Aun con las críticas que pueda desatar esta situación, desde el punto de vista moral y de la racionalidad política, así como desde la óptica de la siempre necesaria defensa de la vida, de la civilidad, como también de la preservación de los bienes, tanto públicos como privados y del medio ambiente, el uso de la fuerza ha sido un hecho indesmentible. El grado superlativo de violencia ejercida por grupos espontáneos de manifestantes (incluyendo barras bravas de equipos de fútbol, anarquistas y grupos anti sistema) que se tomaron las calles, generó un clima de anarquía e inseguridad que obligó al gobierno y a los partidos políticos a buscar una salida pacífica a la crisis.

Un laboratorio vivo

El modelo económico neoliberal también nació en un contexto de violencia, en este caso de una violencia de Estado. Fue impuesto en dictadura por los discípulos locales de Milton Friedman, como también por los que siguen los postulados de quien fuera profesor de la Universidad de Chicago y Premio Nobel de Economía, en 1976.

Tal como lo adelantaron los autores del libro “La herencia de los Chicago boys”, los cambios estructurales realizados en dictadura fueron tan profundos que implicaron una renovación completa del capitalismo en Chile y que de no mediar “transformaciones políticas tan radicales como las que hicieron factible el golpe de Estado de 1973, el marco económico que hereda la democracia será muy difícil de revertir, a menos que comience a sufrir paulatinas reformas para perseguir su deformación por la vía no violenta” (3).

Este modelo transformó a Chile en un laboratorio vivo para experimentar las teorías liberales más extremas de que se tenga memoria a nivel internacional. Sus impulsores se dieron el lujo de imponer medidas de alto impacto social y humano, muchas de ellas crueles e impopulares, en medio de un estado de terror, sin oposición política, sin libertad de prensa y sin contrapeso legislativo. Privatizó todo lo que estaba a su alcance: la educación, la salud, la previsión y los recursos naturales. En tanto, lo que no pudo privatizar lo tercerizó mediante el sistema de concesiones de cárceles, hospitales, autopistas, y numerosos servicios auxiliares de las políticas sociales. Entre estos últimos, los hogares de acogida del Servicio Nacional de Menores (Sename).

El modelo de Chicago se basa en el liberalismo extremo del mercado, por sobre el Estado. A partir de 1990 fue legitimado e incluso profundizado por los gobiernos democráticos. Todo esto hasta el 18 de octubre de 2019, cuando se desató la crisis social y la gente común, alejada de los partidos y de las élites con poder, apuntó a este modelo como responsable de las desigualdades, de la alta concentración de la riqueza y de la segregación de las clases populares, esas que no tienen capacidad financiera para acceder a los bienes y servicios que se ofrecen en el libre mercado.

Los partidos de izquierda, como también los de centro, tenían este mismo diagnóstico y cuando fueron gobierno realizaron esfuerzos reformistas para proveer mayor equidad y humanizar el modelo, pero dentro del marco institucional que lo protege.

La gente sencilla, mediante el método no convencional de las protestas masivas, cambió drásticamente el curso de la historia del país.

El 18 de octubre de 2019 la gente sencilla, mediante el método no convencional de las protestas masivas, cambió drásticamente el curso de la historia del país, fijando un ritmo más acelerado a los cambios. En hora buena, esta revolución social fue absorbida inteligentemente por la mayoría de los partidos, los cuales acordaron dar un cauce institucional-democrático a las demandas.

Sin un horizonte político claro y sin una conducción centralizada, los movimientos sociales tienden a perder fuerza con el paso del tiempo y finalmente terminan por extinguirse. El mejor ejemplo de este fenómeno lo dio el movimiento estudiantil de mayo de 1968, en Francia.

El actual proceso constituyente chileno es un punto de inflexión en la estrategia de gradualidad aplicada hasta antes del estallido social de octubre de 2019. Muy distintos fueron los quiebres ocurridos a comienzo de la década de 1970. En ese breve lapso, Chile pasó abruptamente de una experiencia socialista, en el gobierno de Salvador Allende, a otra del capitalismo salvaje, en la dictadura de Pinochet. Lo que vino después, entre 1990 y 2020, fue una experiencia reformista y continuadora del modelo implantado en dictadura.

Modelo socialdemócrata

El primer paso para darle proyección a la revolución de octubre en Chile fue el acuerdo político del 15 de noviembre de 2019. Este permitió trazar el itinerario del cambio constitucional profundo. De mantenerse la intensidad del movimiento social, acompañado por una férrea voluntad política, el modelo económico de Chicago será reemplazado por uno de tipo socialdemócrata, con un renovado welfare state y con un sector privado mucho más sensible a las demandas sociales.

La nueva Constitución chilena debiera eliminar las disposiciones que le dan preminencia al mercado por sobre el Estado, como -por ejemplo- la restricción que este tiene para crear empresas y gestionar directamente programas de fomento, sobre todo en el ámbito de los recursos naturales; intervenir con mayor protagonismo y con más recursos financieros en el plano de los derechos sociales básicos (salud, educación, vivienda y previsión) y reforzar su rol de árbitro para garantizar la competencia, controlar los abusos de posición dominante, combatir la concentración de la propiedad y poner atajo a los fraudes y a la colusión en los mercados.

Lo paradójico del modelo de Chicago es que -en teoría- sostiene que en Chile se aplica el concepto de subsidiariedad del Estado, pero no incluyó ninguna frase en la Constitución de 1980 referida a ésta, ni tampoco dotó de instrumentos al Estado para ejercerla en propiedad. Por lo tanto, la subsidiariedad ha operado como una declaración de intenciones antes que como una herramienta para diseñar políticas públicas. Esto es, permitir que el Estado intervenga directamente cuando el sector privado no se interesa operar en los ámbitos (negocios) que no le garantizan réditos suficientes.

Con una efectiva subsidiariedad, el Estado chileno podría haber desarrollado políticas sociales con sentido universal, complementando la focalización del gasto en los sectores más vulnerables con programas dirigidos a la clase media.

En aquellas economías que aplican este concepto con sentido integrador, el contrato social obliga a pagar altos impuestos (en algunos casos hasta del 50% del ingreso de los trabajadores), a cambio de recibir gratuidad en educación (en todos sus niveles) y salud, así como un auténtico seguro de protección social y no como la previsión subsidiada (pilar solidario) que se aplica en Chile, como complemento del sistema privado de las AFP.
La verdadera prueba de fuego de este tipo de contrato social es proveer los derechos sociales básicos con eficiencia, a tiempo y con un alto estándar de calidad. Solo en esos casos la ciudadanía tolera y/o legitima la aplicación de altos impuestos.

La gran pregunta que se deben hacer los chilenos que proponen la universalidad del acceso a los derechos sociales básicos en la nueva Constitución, es si estarán dispuestos a aceptar una mayor carga impositiva, para aproximarse a los beneficios que reciben los ciudadanos en los países con welfare state.

Si bien el modelo de Chicago resultó ser eficaz para impulsar el crecimiento económico, a un ritmo nunca visto en la historia económica del país, fue un fracaso desde el punto de vista social. O sea, desde el punto de vista del desarrollo humano integral e integrador. Al fin y al cabo, el nivel de desarrollo social constituye la vara para medir la eficacia de cualquier sistema económico.

Postergación de la clase media

Después del plebiscito del 25 de octubre los defensores del modelo han seguido sosteniendo que se trata de una experiencia exitosa, porque también permitió sacar de la pobreza a millones de chilenos, reduciendo la tasa de pobres del 40% a menos del 10%. Con este fin las políticas sociales se basaron en la focalización de la ayuda, mediante subsidios, a los más pobres, pero descuidando el apoyo a las clases medias. Mientras millones chilenos salían de la pobreza, las expectativas seguían en alza, para seguir avanzando en calidad de vida y en los niveles de consumo. La bola de nieve rodó cuesta abajo y se estrelló con una realidad que desintegró el sueño de la frágil clase media, provocando un quiebre de la confianza con el orden imperante.

De pronto, millones de ciudadanos se vieron conminados a pagar por todos servicios básicos, de educación, salud, agua potable, electricidad, transporte y vivienda. En su mayor parte, a precios de mercado. Tal desaliento aumentó cuando les llegó el momento de jubilar y se encontraron con un sistema que entrega pensiones miserables.

Lo que pueda resultar del actual proceso constituyente corresponderá a lo que por primera vez una mayoría empoderada, alejada de las élites políticas, empresariales, religiosas e intelectuales, decida qué hacer con la carta fundamental que ordena la institucionalidad.

Durante la mayor parte de la historia de Chile, las élites -unas más que otras- trataron de representar los intereses y aspiraciones de la gente común. Esta, a su vez, confiaba en que aquéllas serían capaces de atender sus demandas. De pronto, sin que nadie lo predijera, las élites fueron sobrepasadas por la gente sencilla y el inveterado mecanismo top-down (de arriba hacia abajo), dio paso al bottom-up (de abajo hacia arriba), obligando a la clase política a impulsar cambios institucionales.

El acuerdo para cambiar la constitución fue la única alternativa para busca una salida política a la crisis. Pero no desactivó los numerosos grupos radicalizados y descolgados de las cúpulas políticas, los cuales seguirán levantando obstáculos para avanzar hacia un sistema político y económico basado en una democracia profunda.

Esto porque la violencia es inercial y genera costumbre. Además, a los grupos radicalizados no les conviene que el Estado ejerza plenamente el monopolio de la fuerza.

Referencias:
(1) Marx, C., “El Capital”, Fondo de Cultura Económica, 1946. Pág. 639.
(2) Según el informe del Servicio Electoral (Servel), la opción Apruebo obtuvo 5.886.421 votos, con el 78,27 %; y la opción Rechazo 1.634.107 sufragios, con el 21,73%. Ver: https://oficial.servel.cl/wp-content/uploads/2020/10/7_Boletin_Parcial_Total_ultimo-1.pdf
(3) Délano, Manuel y Traslaviña Hugo, “La herencia de los Chicago boys”. Las Ediciones del Ornitorrinco, Santiago de Chile 1989. Pág. 8. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-79203.html
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Editor Política & Economía