Catherine Larrère: “Los efectos del deterioro ambiental agravan las desigualdades”

Catherine Larrère (1944) es una destacada pensadora francesa especializada en filosofía ambiental. Estudió en la Escuela Normal Superior de Niñas y luego se doctoró en Humanidades, en La Sorbona (París I – Panthéon-Sorbonne). Actualmente es profesora emérita de filosofía en esta misma universidad. Antes de especializarse en filosofía ambiental estudió a fondo el pensamiento de Montesquieu y se especializó en filosofía del derecho.


En esta entrevista Catherine Larrère habla sobre un aspecto poco discutido hoy día en el plano medioambiental: los efectos diferenciados que provoca la degradación generada por el desarrollo industrial y el consumo descontrolado. Para ella está claro que este problema afecta más a pobres que a ricos. Incluso, dice que las políticas públicas que tienden a controlar el problema -como por ejemplo los impuestos medioambientales-, perjudican más a los primeros que a los segundos, porque según Larrère “a menudo son regresivos”.
Para la profesora Larrère, “es en la multiplicación de proyectos democráticos locales en que pueden definirse los verdaderos terrenos de entendimiento entre los ciudadanos más modestos y los más ricos”.

¿La consideración de la variable medioambiental permite entender también las desigualdades sociales?

Los problemas medioambientales afectan al conjunto de las poblaciones y ciertos grupos están más expuestos que otros a la contaminación del aire, al ruido etc., ya sea en el trabajo o en sus viviendas. Estas desigualdades de exposición existen al nivel internacional como al interior de los países, así como las desigualdades de contribución a las degradaciones ecológicas. Esta dimensión es cada vez más importante, pero también más difícil de comprender que las desigualdades de ingresos o de patrimonio y su persistencia repercute finalmente sobre la salud. Por ello los indicadores de esperanza de vida y los de tipo epidemiológico son parte de las herramientas más fiables para comprender su impacto.
Históricamente, estas desigualdades se han agravado por abajo, en las clases populares. Se observan prioritariamente en los sectores donde los precios de los terrenos son bajos y donde el medio ambiente está más degradado. Así, no se instala una fábrica contaminante en un barrio acomodado y elegante. Sin embargo, las desigualdades se han agravado también por arriba porque los más ricos buscan un aire puro y una vista agradable, instalándose en “ecobarrios”, sacando de este modo ventaja de mercado al problema ambiental.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta los efectos sociales de las políticas ecológicas. Los impuestos medioambientales son a menudo regresivos. Si no se toma ninguna medida correctiva estos tributos pesan más en los pobres, a tal punto que esto puede llegar a ser un obstáculo para lograr su puesta en práctica.

¿Cómo se pueden medir estas desigualdades medioambientales?

Los primeros trabajos para medir las desigualdades medioambientales fueron realizados en Estados Unidos, en la década de 1980, en el contexto del movimiento de justicia medioambiental surgido en la lucha por los derechos cívicos. Un cierto número de grupos descubrió, en esa época, que los terrenos donde vivían estaban muy contaminados, o que su barrio era amenazado por un nuevo incinerador, o por de una descarga de basura. Como las poblaciones pobres en Estados Unidos a menudo son negras o latinas, ha sido posible abrir acciones judiciales apoyándose en la reglamentación antidiscriminatoria. A partir de 1994, las agencias estadounidenses han recibido por misión actuar a favor de la justicia medioambiental.
Estas desigualdades han sido tardíamente estudiadas en Europa, a excepción del Reino Unido. Investigadores, tales como el economista Eloi Laurent, han contribuido a llenar este vacío en nuestro continente. Pero desde el punto de vista estadístico la tarea es ardua, tanto más que ciertos fenómenos que conciernen a la calidad de vida efectiva, difícilmente traducible en cifras. En Francia, algunos elementos están no obstante disponibles. Así, un estudio de 2012 muestra que las ciudades cuyos habitantes tienen un ingreso promedio bajo y que cuentan con más inmigrantes, reciben más incineradores de basura que otras.

¿Cómo corregir las desigualdades que generan los problemas medioambientales?

Dos acciones previas deberían ser llevadas a cabo. Primero, elevar el nivel de reglamentación medioambiental, con un enfoque que sea favorable para todos. Es importante también que las autoridades hagan respetar las normas existentes, lo que está lejos de ocurrir.

Más allá de un cierto nivel de ingresos, los consumos sirven fundamentalmente para marcar los estatus sociales y por lo tanto dan paso a uno de los principales motores del consumismo, lo que a su vez genera más contaminación.

También es necesario reforzar las políticas focalizadas en la lucha contra las desigualdades, movilizando los mecanismos de transferencias sociales. Ciertos especialistas, como Hervé Kempf y Gaël Giraud, proponen limitar la brecha entre los ingresos mínimo y máximo, de 1 a 12. La proposición puede parecer utópica pero tiende a reducir uno de los motores esenciales de la carrera del consumismo, que es una de las causas fundamentales de la degradación del medio ambiente. Como lo ha formulado Thorstein Veblen desde 1899, más allá de un cierto nivel de ingresos, los consumos sirven fundamentalmente para marcar los estatus sociales; una razón más que hace que las desigualdades sociales sean un obstáculo para las políticas medioambientales. Es así que la igualdad y por consiguiente la democracia, permitirá en el largo plazo mejorar la calidad de vida.

¿Una democracia que funcione de manera ejemplar sería, por tanto, el mejor garante de la justicia medio ambiental?

Sí, porque una buena aproximación consiste a corregir las injusticias medioambientales y no a aspirar a una homogeneidad fuera de alcance, en razón de la diversidad de lugares y modos de vida. El criterio de esta justicia es ante todo participativo y no redistributivo. Así, la noción de justicia climática no aspira a una irrealizable igualdad de derechos para la emisión de gases contaminantes, sino a garantizar que las responsabilidades históricas sean reconocidas y que las políticas climáticas no agraven las desigualdades sociales, lo que sería ya un buen comienzo.
La democracia es también una palanca poderosa al nivel local. En todas partes, los ciudadanos se apoderan de su medio de vida local a través de las reapropiaciones colectivas de espacios y jardines compartidos y de las asociaciones para el mantenimiento de una agricultura campesina. Estas múltiples acciones, al comienzo poco visibles, permiten a los ciudadanos tomar parte de la ordenación de su territorio. En una segunda etapa, las colectividades territoriales vuelven a tomar mayor dinamismo, pues observan que el interés general está en juego. Algunas de ellas sostienen ahora la agricultura biológica de proximidad, principalmente porque la captación y la calidad de uso de agua está en riesgo y se proponen defender este recurso. Por ende, las ventajas de la agricultura biológica y una buena gestión ecológica del territorio beneficiarán a todos.
En los años ´80, la filósofa americana Iris Marion Young demostró que la desigualdad fundamental concierne a la participación en las decisiones sobre el medio ambiente común. Pues nadie escapa del territorio donde vive y la democracia local puede aportar soluciones para mejorar en todas partes el medio ambiente, de manera mucho más eficaz que las políticas públicas de tipo top-down. De todas maneras, es el único medio concreto de llegar allí, pues las desigualdades medio ambientales derivan de lógicas multifactoriales. Salvo para los lugares más peligrosos o más tóxicos, ninguna política nacional puede resolver el laberinto de causalidades en obra. Es en la multiplicación de proyectos democráticos locales que pueden definirse los verdaderos terrenos de entendimiento entre los más modestos y los más ricos.

Nota del Editor:
Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista “Alternative Economique”, N° 370 (julio-agosto 2017).

 

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Sobre el Autor

Editor Política & Economía