Colombia: En una decisión sin precedentes en la historia republicana del país, la Corte Suprema ordenó la detención preventiva de un ex Presidente, en este caso del político conservador Álvaro Uribe. El ex mandatario y actual senador, quien gobernó el país andino entre 2002 y 2010, está acusado del delito de soborno y manipulación de testigos. Su caso se remonta a 2012, cuando presentó una denuncia contra el senador Iván Cepeda, ante la Corte Suprema por un supuesto complot, con falsos testigos en cárceles colombianas, a fin de involucrarlo en actividades de grupos paramilitares. El alto tribunal, sin embargo, se abstuvo de procesar a Cepeda y por el contrario pidió investigar a Uribe, bajo la sospecha de haber manipulado testigos contra el congresista del Polo Democrático.
Líbano: Agobiado por la inestabilidad política, por la crisis sanitaria del Covid-19, por la recesión económica y por una abultada deuda externa, este país del medio Oriente enfrenta desde el 4 de agosto una nueva crisis, derivada de la gigantesca explosión en el puerto de Beirut. La causa directa de ésta fue una carga de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, que permanecía en una bodega del puerto desde 2013, cuando fue retenido un antiguo buque de bandera moldava, que transportaba esta peligrosa carga a Mozambique. Se dijo que para generar ingresos y luego pagar la tarifa para cruzar por el Canal de Suez, el buque intentó agregar más carga en Beirut, sin éxito. Luego las autoridades libanesas, incluyendo los tribunales, ordenaron la retención de la nave, sin tomar los debidos resguardos de seguridad. La explosión dejó más de un centenar de muertos, miles de heridos, el puerto completamente destruido y miles de viviendas inhabitables.
Argentina: Luego de tensas negociaciones, que comenzaron en febrero de 2020, el 3 de agosto el gobierno del Presidente Alberto Fernández logró un acuerdo con los acreedores privados extranjeros (en su mayoría bonistas, liderados por BlackRock), para reestructurar poco más de US$ 65.000 millones de la deuda externa argentina. Este acuerdo significa una “quita” (perdonazo) del 44% del capital. Esto es, que por cada US$ 100, los argentinos sólo pagarán US$ 56. Y permite que Argentina salga de la zona de peligro para caer en el default y comience a normalizar sus operaciones financieras con el extranjero. Eso sí, debe continuar negociando la deuda por US$ 44.000, contraída con el FMI, durante el gobierno de Macri.
